La organización, celebración e implementación de los resultados de un Congreso Nacional Politécnico fue uno de los acuerdos convenidos entre la Asamblea General Politécnica (AGP), representativa del movimiento, y las autoridades federales e institucionales, para resolver las demandas expresadas durante la movilización y huelga estudiantil del Politécnico en noviembre de 2014.
Desde la formulación del primer pliego petitorio elaborado al seno de la AGP (28 de septiembre) la demanda de democratización de la toma de decisiones en el Politécnico tomó cuerpo. En el documento entregado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en el mitin celebrado afuera de las instalaciones de la dependencia gubernamental (30 de septiembre) se indicaba: “Democratización del IPN, iniciando un proceso hacia la representación equitativa de estudiantes, docentes, trabajadores de apoyo y autoridades en cada uno de los Consejos de cada una de las escuelas, centros y unidades; y en el Consejo General Consecutivo para la toma de decisiones que determinen el futuro del IPN.” En la misma tesitura, se demandaba: “Es necesario que las sesiones de los consejos, retomen la experiencia de las asambleas públicas que se han llevado a cabo en estos momentos. Consideramos que por esta vía se ha democratizado el Instituto, pues toda la comunidad participa, tiene voz y voto; donde se emiten las diferentes opiniones existentes. Ésta es la forma que debe regir de ahora en adelante en el Instituto Politécnico Nacional.”
La exigencia de abrir cauces a la democratización del Politécnico, entendida como la participación efectiva de las comunidades estudiantil y académica en los procesos decisorios de la vida institucional, habría de derivar en una demanda más concreta: un “Congreso Nacional Politécnico que no sea permanente y tenga un carácter resolutivo y refundacional, atendiendo a los objetivos plasmados en el artículo primero de la Ley Orgánica”. Esta formulación corresponde a la respuesta formulada por la AGP a los planteamientos de la Secretaría de Gobernación y entregada a dicha instancia, así como a la SEP y la Presidencia, el 10 de octubre de 2014.
La posibilidad del CNP fue bien recibida por las autoridades, aunque con algunos matices de procedimiento. La SEP, que a partir de la segunda quincena de octubre tomó la voz cantante en la interlocución con los estudiantes, respondió a la demanda del Congreso: “La Secretaría comparte la necesidad de que en un marco de discusión de la comunidad politécnica se analicen los problemas por los que pasa la institución en este momento. En este sentido ofrece su colaboración para llevar a cabo el Congreso Nacional Politécnico”. El pronunciamiento oficial agrega: “Con objeto de organizar y llevar a cabo este congreso, se propone la integración de una mesa de diálogo público, que a partir de consensos genere propuestas que conduzcan a la solución de los diversos temas que interesan a la comunidad politécnica.” (Comunicado SEP a la AGP, 14 de octubre de 2014).
A finales de octubre, la SEP reiteró su apoyo al CNP enfatizando “nuestra absoluta conformidad con la realización de un Congreso Nacional Politécnico que, en nuestra opinión, es necesario para la modernización del IPN. Los trabajos del Congreso generarán propuestas para mejorar la vida del Instituto, que serán transformadas en iniciativas y normas de acuerdo al principio de legalidad.” (Comunicado SEP 29 de octubre de 2014).
Por supuesto en las mesas de noviembre se abrió el tema del Congreso. Aunque las autoridades federales, en particular la SEP, habían insistido en desahogar sus bases organizativas en el marco de las mesas, la posición de la AGP fue asegurar su celebración, mediante un acuerdo explícito y firmado por la dirección del IPN, así como en dejar firme el compromiso gubernamental de “promover íntegramente las resoluciones del CNP, mismas que serán implementadas e incorporadas al cuerpo normativo de la institución o presentadas por el director general del IPN como proyectos de iniciativas o reformas de ley al Ejecutivo para su acuerdo, y en su caso, para su formalización ante el Congreso de la Unión.” (Acuerdo Tres adoptado por la Mesa de Diálogo Público por los representantes de la AGP y del Gobierno Federal, 24 de noviembre 2014).
Las autoridades federales y las institucionales no han tenido reparo, hasta la fecha, en la expresión “Congreso refundacional”. Más bien al contrario. Por ejemplo durante la reunión del 18 de abril entre el cuerpo directivo del IPN y los representantes de la AGP para discutir la organización del Congreso, el director Fernández Fassnacht señaló: “hay que sentar las bases para la refundación del IPN, sin dejar de lado toda la filosofía con que fue creada en un primer momento (para) lograr que el Politécnico Nacional sea una institución mucho más fuerte de cara a los retos que tiene en el siglo XXI”.
Hasta ahí las coincidencias. Las discrepancias se han presentado al buscar consensar la composición de la Comisión Organizadora del CNP. Tras varias sesiones de diálogo no se consiguió el acuerdo respectivo, y todo parece indicar que la salida de un referéndum, previsto en el texto de los resolutivos de las mesas de diálogo es la única salida. El pasado 18 de mayo, la sesión para deliberar las reglas del referéndum consiguió un acuerdo: que la comisión organizadora del mismo se integre paritariamente por alumnos y autoridades. También se convino que la votación sea universal (estudiantes, académicos y trabajadores), en urnas separadas, y que los resultados sean definitivos. No hay acuerdo aún en la fecha en que se celebrarán votaciones, aunque los miembros de la AGP han propuesto el 2 de junio próximo. También falta por decidir si participarán o no las autoridades en el ejercicio comicial. Y eso, apenas es el prólogo.
