En el sector educativo el año termina con la conclusión de la primera ronda de evaluación de docentes y directivos de educación básica y media superior en funciones. Según cifras preliminares de la SEP, de los 152,008 profesores y funcionarios programados para ser “sometidos” al ejercicio evaluativo 2015 se presentaron 131,556 individuos, lo que representa por ahora un 86.5 por ciento de efectividad. El secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, afirmó hace unos días “que habrá fechas extraordinarias para quienes quieren y no han podido evaluarse”. Asimismo informó que “al tenerse los resultados, se anunciará el plan de formación profesional del magisterio, y reiteró que profesor evaluado que no alcance resultado suficiente no perderá empleo ni prestaciones.” (SEP, Comunicado 424, 14 de diciembre 2015).
No obstante el logro cuantitativo del proceso, lo cierto es que la aplicación, cuyos resultados serán conocidos hacia el mes de febrero del año próximo, deja temas pendientes de gran importancia. El primero corresponde a la pertinencia de la pruebas para conocer el desempeño profesional de los profesores. Aunado a lo anterior, la limitada, probablemente inadecuada, metodología para la validación de los instrumentos y la también limitada preparación de los evaluadores. De no menor importancia, el uso de fuerza pública en prácticamente todas las sedes estatales, para “garantizar el derechos de los docentes a ser evaluados”, tal como insistió el coordinador del Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez Retama, para justificar esa fórmula acción (véanse, por ejemplo, sus declaraciones en Excélsior el 27 de octubre de 2015).
No pocos entre maestros, directivos, investigadores y especialistas han manifestado severas críticas en torno a la evaluación docente. Entre las críticas destaca la carta que un número destacado de los participantes del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado en la Ciudad de Chihuahua entre el 16 y el 20 de noviembre de 2015, suscribieron. Dicha comunicación, a la que se han sumado más de 7,500 firmas hasta hoy, expresa inconformidad con el diseño de la reforma educativa, con la falta de consulta al magisterio, con el carácter punitivo de la evaluación docente y, en general, con el clima de polarización suscitado por la aplicación de los instrumentos de la reforma.
En la coyuntura, la organización gremial mayoritaria de los profesores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha optado por la política del avestruz. No solo ha guardado silencio sino apoyado, en cada una de sus fases, las políticas, estrategias y procedimientos asociados a la reforma. Es hasta el momento, una agencia de apoyo a la SEP, quizás como nunca antes. En contraste, organizaciones disidentes como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras más de alcance estatal o local, han expresado en forma activa su cuestionamiento a la reforma. Si bien con éxito limitado, dadas las condiciones, la activa resistencia de las mismas se conjuga con la perspectiva crítica sobre la reforma.
¿Tomarán en cuenta las autoridades educativas el punto de vista de los grupos de crítica para revertir, o en su caso rediseñar, la fórmula de evaluación? Al día de hoy esta posibilidad parece poco probable, salvo que los cuestionamientos logren tocar fibras sensibles al aparato gubernamental. Por ejemplo una evaluación desfavorable de parte de los partidos de oposición o de los grupos que hasta ahora han apoyado el desempeño de la SEP y sus funcionarios. No es inimaginable el escenario en que la legitimidad de la reforma encuentre condiciones de desgaste en la proximidad de las elecciones federales de 2018.
Porque la perspectiva crítica ha comenzado a calar fuera de los márgenes de la disidencia radical. Al ejemplo de los investigadores ya comentado se puede sumar el pronunciamiento del recién nombrado rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, el pasado 10 de diciembre. Según informaron varios medios, el rector señaló a propósito de la reforma: “Tengo mi punto de vista sobre el tema. Es un primer paso, pero no es una reforma educativa. Hasta este momento son transformaciones en la forma de contratación de los profesores y evaluación de ellos; esperamos ver la verdadera reforma pronto.” (Milenio, 11 de diciembre 2015). Sin ser una crítica frontal, ciertamente la opinión del rector de la UNAM marca una distancia, la distancia de la autonomía, con la perspectiva que la SEP ha procurado desarrollar a propósito de los instrumentos de la reforma, en especial la evaluación docente.
La apuesta por la normalización de la evaluación docente es incierta. Reiterar el uso de fuerzas armadas para asegurar que los profesores convocados sean evaluados tarde o temprano va a generar conflictos de no fácil resolución. Y todavía falta lo que se suscite con la publicación de resultados ¿Cuántos profesores serán etiquetados como “insatisfactorios”? ¿Cuántas quejas y recursos de inconformidad con la evaluación serán presentadas y cuál será su efecto?
Y sigue pendiente el trazo de la reforma curricular y de la eventual reforma de la educación Normal. ¿Contará la SEP con medios para legitimar un proyecto educativo o bien tendrá condiciones para levantar nuevos focos de conflicto?
La respuesta a estos interrogantes, desde luego entre otros, habrá de marcar pauta en nuestro próximo año educativo. Es la última oportunidad de remontar vuelo en la política educativa nacional, o bien el escenario de su fracaso.
