En su carrera hacia la Casa Blanca, Hillary Clinton ha sido implacable en condenar los abusos de las universidades con fines de lucro. Inclusive ha aprovechado las acusaciones en contra de Donald Trump, su presunto contrincante presidencial, de haber estafado a miles de estudiantes con su fallida empresa educativa, la Universidad Trump.
Ahora, Clinton enfrenta su propio escándalo en torno de las “for-profit”, por la relación lucrativa que sostuvo su esposo con la empresa Laureate Education Inc. La controversia gira en torno a los 16.5 millones de dólares que recibió Bill Clinton en su papel de Canciller Honorario de Laureate International Universities, el ala internacional de la empresa, entre 2011 y 2014. El ex mandatario recibió el dinero como compensación por las visitas que realizó a instituciones de Laureate y por servicios de “consultoría” a la empresa, según reportes de prensa.
La empresa, con sede en Baltimore, Maryland, opera universidades en 28 países, incluyendo 3 en México: la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y la Universidad de Desarrollo Profesional (UNIDEP). Juntas, estas tres universidades cuentan con más de 125,000 estudiantes de nivel superior, además de decenas de miles a nivel medio superior. En total, Laureate reporta más de 1 millón de estudiantes y 200 campus a nivel global.
Según reportes de prensa en Estados Unidos—que han sido retomados por los medios y blogs conservadores—la relación de los Clinton con Laureate también tuvo un quid pro quo. Durante el periodo en que Hillary fue Secretaria del Estado (2009-2013), su oficina aumentó de forma dramática los contratos federales que otorgó a una fundación liderada por el presidente y fundador de Laureate, Douglas Becker. El dinero se canalizó a través de la agencia federal USAID al International Youth Foundation (IYF), según la agencia de noticias Bloomberg.
En 2009, un año antes de que Bill Clinton asumiera su puesto con Laureate, los contratos federales con la IYF sumaron 9 millones de dólares. Sin embargo, en los 3 años siguientes, éstos rebasaron un total de 55 millones de dólares, incluyendo un contrato directo del Departamento del Estado, según el reportaje de Bloomberg, que citó las declaraciones fiscales de la fundación.
También se ha cuestionado los donativos que realizó Laureate a la Iniciativa Global Clinton, que forma parte de la Fundación Bill, Hillary y Chelsea Clinton. Estos suman entre un millón y cinco millones de dólares, según el medio conservador Brietbart News (la fundación solo reporta sus donativos dentro de un rango, no en cifras exactas).
Los Clinton han negado que hubo algo indebido en la asignación de los contratos o en su relación con Becker. Pero las recientes revelaciones como mínimo sugieren un conflicto de interés. También, ponen en entredicho las afirmaciones de Hillary Clinton de que adoptaría una política de mano dura en contra de los abusos de las IES con fines de lucro.
Durante la campaña, Clinton ha declarado que “fortalecería” las reglas implementadas por la administración Obama, que buscan controlar el sector. También, ha afirmado que aumentaría el presupuesto de las agencias federales que persiguen “las empresas con fines de lucro que violan la ley”.
Ganancias multimillonarias
A diferencia de las universidades no lucrativas, que tienen la obligación de reinvertir sus ganancias en la propia institución, las instituciones con fines de lucro pueden repartir sus ganancias entre sus inversionistas. Y en la mayoría de los casos, son empresas altamente lucrativas, cotizan en la bolsa, y pagan sueldos multimillonarios a sus ejecutivos. Además, existen muchos arreglos fiscales y la línea entre las for-profit y las not-for-profit es borrosa, sobre todo en la mayoría de los países, como México, en donde no existe legislación en la materia.
Sin embargo, en los últimos años, el sector con fines de lucro ha enfrentado numerosas investigaciones por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Chile y otros países, por prácticas poco éticas o ilegales. Una investigación encubierta comisionada por el Congreso estadounidense en 2010 de 15 instituciones con fines de lucro encontró que la mayoría empleaba prácticas predatorias para atraer a futuros estudiantes. Entre los hallazgos: las instituciones mentían sobre las tasas de egreso y de empleo de sus recién egresados, así como sobre la morosidad de sus estudiantes en el pago de los préstamos gubernamentales. Por lo menos otras 30 instituciones con fines de lucro enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos, según un recuento del College Affordability Guide.
Como resultado, a partir de 2011, el gobierno de Obama ha impuesto una serie de nuevas reglas para el sector, que condicionan el otorgamiento de préstamos federales a mayores tasas de egreso y de empleabilidad por parte de estudiantes de esas instituciones, entre otros requisitos. Y en 2015, el Departamento de Defensa estadounidense anunció que no financiaría a soldados que estudiaban en la Universidad de Phoenix, uno de los pioneros del sector, que en su momento operaba más de 90 campus a nivel mundial. La compañía ahora enfrenta serios problemas económicos, después de que su matrícula cayó 60% entre 2010 y 2016, según reportajes de prensa. Otras empresas educativas están en números rojos, incluyendo Corinthian Colleges, que se declaró en bancarrota en 2015.
A pesar de operar mayormente en el extranjero, Laureate también ha enfrentado problemas legales en Estados Unidos. La compañía es dueña de la Universidad Walden, una institución mayormente en línea con sede en Minnesota y que cuenta con unos 50 mil estudiantes a nivel mundial. Una auditoría por parte del Departamento de Educación en 2009 concluyó que la institución violó la ley al otorgar más de 300 mil dólares en préstamos federales a estudiantes que no eran ciudadanos estadounidenses. Y en enero de 2015, dos ex estudiantes de posgrado presentaron una demanda colectiva en contra de Walden, alegando que la universidad prolongaba innecesariamente el proceso de la tesis para poder cobrar más semestres de colegiatura.
En Chile, una investigación por parte de un comité congresional encontró que ocho instituciones estaban operando con fines de lucro, en violación de la ley que prohíbe lucro a nivel de educación superior. Entre las instituciones señaladas estaban las tres instituciones que opera Laureate: la Universidad de las Américas (UDLA), la Universidad Andres Bello (UNAB) y la Universidad Viña del Mar (UVM). Sin embargo, el pleno de la cámara baja decidió no emitir sanciones en contra de las instituciones.
La presidenta Michelle Bachelet ha prometido acabar con las instituciones con fines de lucro, además de hacer gratuita la educación superior del país. En 2014, el congreso chileno aprobó una reforma aumentando las sanciones para las universidades que retiran utilidades de forma ilegal. Y el año pasado, el ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, informó que estaba revisando la actuación de 12 universidades privadas.
Las empresas, incluyendo Laureate, niegan haber violado la ley. Sin embargo, en un documento de 2006, presentado a la U.S. Securities and Exchange Commission, Laureate explicaba cómo extraía millones de dólares en utilidades de sus instituciones en Chile y México, a través de cobros de instalaciones y servicios, entre otros. En el documento, la compañía reconoce que “en México y Chile, las universidades con fines de lucro no están autorizadas legalmente”, y después detalla sus estrategias para enviar ganancias a su sede en Maryland.
Es justo este tipo de estrategias lo que ha permitido a Laureate convertirse en una de las compañías educativas más grandes del mundo—si no es que la más grande.
En 2009, Hillary Clinton describió a Laureate como “la red de universidades de más rápida expansión en el mundo”, según reportó Inside Higher Ed. La entonces Secretaria del Estado estaba argumentando a favor de la inclusión de la empresa en un evento de puerta cerrada para universidades. En el mismo correo, afirmó que el fundador de Laureate, Becker, “le cae muy bien a Bill”.
Relación problemática
Cabe señalar que el ex presidente estadounidense no es la única figura pública (y de orientación progresista) que se ha sumado a la causa de Laureate. También lo ha hecho George Soros, el magnate liberal y filántropo de origen húngaro, y Juan Ramón de La Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2014, De la Fuente se asumió como presidente del Consejo Asesor Académico de la red Universidades Laureate México, consorcio que definió como “comprometida con la excelencia académica” y que “se rige por un código de ética laico y estricto”.
Bill Clinton también alabó el papel educativo de Laureate durante sus cuatro años como embajador internacional de la empresa. Durante una visita en 2013 a la Universidad Salvador, en Sao Paulo, el ex mandatario declaró estar “gratificado de que las universidades Laureate están ayudando a empoderar a líderes futuros aquí en Brasil y en todo el mundo”.
Clinton terminó su puesto en 2015, dos semanas después de que su esposa se declarara como precandidata a la presidencia de su país. No obstante, la relación de los Clinton con la empresa puede causar más dolores de cabeza para la campaña presidencial demócrata. Sobre todo en un momento en que Hillary Clinton busca posicionarse como el polo opuesto —tanto en términos de carácter como de políticas— de Donald Trump.
Desde luego, las revelaciones sobre la relación de los Clinton con Laureate son de otro orden que las acusaciones en contra de Trump. El magnate republicano actualmente enfrenta varias demandas colectivas por fraude, relacionadas con la institución con fines de lucro que fundó en 2005 (“La educación superior según Donald Trump”, Campus MILENIO, 5 de mayo, 2016).
No obstante, si Clinton quiere ganar credibilidad como la candidata recta, tiene que aclarar su relación con Laureate. Y si es electa presidenta, debe hacer valer sus promesas de combatir los abusos del sector educativo con fines de lucro, cuyo comportamiento a nivel mundial deja mucho que desear.
