De las 11 reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto, previa concertación en el Pacto por México, la correspondiente al sector energético parecía la de mayor potencial conflictivo. Aceptar y atraer inversión extranjera en materia de exploración, explotación y producción de hidrocarburos era visto como un riesgo grave sobre la soberanía económica del país. Se pensaba que su puesta en práctica estaría acompañada de toda suerte de expresiones de resistencia y confrontación. Lo que, hay que reconocer, no ocurrió con la intensidad supuesta.
En cambio, la reforma educativa, anunciada como un proceso de recuperación de la rectoría del Estado en educación, ha generado un conflicto de proporciones mayúsculas, cuyo desenlace y consecuencias son difíciles de calcular al día de hoy. ¿Qué factores explican esta aparente paradoja?
El primero y más importante es, sin duda, la asimétrica relación establecida entre el gobierno y los operadores sindicales. No se trató de igual manera al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cuyo líder era y sigue siendo el senador Carlos Romero Deschamps, que al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), identificado, al inicio del sexenio, como el problema a resolver por la reforma.
El gobierno trató al STPRM y al senador Romero como aliados estratégicos para legitimar la reforma energética. En cambio, combatió frontalmente a la dirigencia del SNTE, en particular a Elba Esther Gordillo, para justificar la modificación del marco laboral del magisterio. Las mismas acusaciones vertidas contra el gremio de los profesores —venta y herencia de plazas, insuficiente productividad, resistencia al control de calidad, entre otras— pudieron haberse hecho sobre los trabajadores y los líderes sindicales de Pemex, y no se hicieron. ¿En algún momento se señaló a la insuficiente preparación de los petroleros para explicar los rendimientos decrecientes en la relación insumo-producto del sector? Nunca.
Aunque ocurrió en la coyuntura 2012-2013 una intensa campaña mediática sobre la fortuna del líder de los petroleros, enfocada principalmente a la vida lujosa y consumista de su familia directa, la crítica de los medios no alcanzó a erosionar la confianza del gobierno en el dirigente. Compárese con la también intensa campaña de desprestigio en contra del sindicalismo docente y su desenlace culminante: la aprehensión de la lideresa del SNTE, y la resistencia al beneficio de la prisión domiciliaria.
La actitud del STPRM ante la reforma energética ha sido de apoyo político, lo que no s implica que el sindicato haya dejado de operar exitosa y discretamente en torno a los intereses laborales de los trabajadores de Pemex. Se estima que, luego de tres años de negociación, el pasivo laboral de la paraestatal transitó de 1.5 billones de pesos en 2014 a 1.3 billones de pesos al presente (véase Samuel García, “Romero Deschamps le ganó la partida a PEMEX”, El Universal, 19 de agosto de 2016), lo que significa que la negociación en torno a salarios, prestaciones y pensiones ha sido relativamente favorable a la planta laboral, lo que es muy significativo en medio de la crisis del sector petrolero en general y de Pemex en particular.
En el debate sobre la reforma energética el líder de los petroleros, siendo senador en funciones y presidente de la Comisión de Energía, se abstuvo de criticar o siquiera comentar el enfoque de la reforma. Durante la Legislatura la única intervención en tribuna de Romero Deschamps fue para descalificar la intervención del senador del PAN Francisco Domínguez Servién sobre la crónica improductividad de Pemex (Excélsior, 9 de julio 2014). En síntesis, la postura de la dirigencia del Stprm ha sido en el periodo de apoyo a la reforma, pero de resguardo de las conquistas sindicales logradas.
En contraste, el magisterio en sus dos fórmulas de organización, el SNTE y la CNTE ha librado complejas batallas en el frente laboral. Al cabo, el SNTE consiguió formular y negociar concesiones en torno a la aplicación de las evaluaciones, especialmente la correspondiente a la permanencia. El INEE, ha trascendido, está por hacer pública su postura de reconsideración del proceso de evaluación y la SEP, puede darse por hecho, habrá de confirmar los cambios como expresión de una reforma perfectible.
Pero la CNTE es otro cantar. ¿Habrá de ceder en algún punto o seguirá usando toda su energía en la demanda de abrogación? ¿Se mantendrá la estrategia de las medidas contundentes aún a riesgo de la represión? ¿Orientará sus decisiones tácticas hacia la ampliación de su base social y de opinión pública o buscará reforzar sus mecanismos de presión? No es fácil saberlo a estas alturas, como tampoco es fácil adivinar como resolverá la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y la SEP esta difícil ecuación. Aunque la demanda de abrogación cae en la cancha del Congreso, lo que hasta hoy se ha visto son más bien llamados al diálogo que trabajo propiamente legislativo: revisión de lo aprobado e iniciativas orientadas a resolver el conflicto. Lo que ocurra las próximas semanas, es decir la continuidad del conflicto en el escenario del curso escolar, sin duda brindará una mejor aproximación para entender la correlación de fuerzas.
Tal vez demasiado tarde, el gobierno entendió la importancia de actuar junto con el sindicato y no contra el sindicato. ¿Será suficiente el nuevo esquema político para resolver la crisis? Habrá que ver.
