La marca de identidad de la política educativa desarrollada durante el sexenio de Salinas de Gortari es la descentralización. Al comenzar la década noventa, una vez superado el conflicto magisterial de 1989, se restablece el objetivo de federalizar los servicios educativos mediante una propuesta de entregar a los estados la administración y gestión de los sistemas públicos de educación básica y normal. El diseño del mecanismo para la descentralización transcurre simultáneamente con la recomposición organizativa del SNTE. La colaboración del sindicato en la operación de esta política tenía una condición básica: evitar la formación de tantos sindicatos educativos como entidades federativas en la República. Además, acompañar la propuesta federalista con beneficios de orden laboral para el magisterio.
El Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica (ANMEB) fue publicado en mayo de 1992. El apartado de “antecedentes”, que argumenta en torno a la necesidad e importancia de la política de federalización, presenta un diagnóstico negativo: “la calidad de la educación básica es deficiente en que, por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso y al desarrollo del país.”
Al considerar la calidad el imperativo de la modernización, el texto ubica el propósito central del ANMEB en su contribución para elevar la calidad de la educación básica ya que “del Acuerdo se derivarán planes y programas de estudio tendientes a una mayor calidad y, a través de mejores escuelas públicas, se establecerán referentes de una mayor jerarquía y competitividad educativa para la escuela privada.”
Mediante el ANMEB la autoridad federal proponía que, a través de convenios suscritos con cada estado, se transfiriera a los gobiernos locales la dirección de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, así como la formación de maestros. Además, indica el Acuerdo, se impulsará “la reformulación de contenidos y materiales educativos para concentrar el plan de estudios de la educación primaria en conocimientos verdaderamente esenciales”. Por último, el ANMEB anunciaba propósitos de dignificación de la tarea docente, a través de un nuevo mecanismo: el plan de carrera magisterial.
Dado a conocer el mecanismo la lideresa del SNTE declaró: “el Acuerdo o el federalismo no fue algo que el sindicato propusiera; lo negoció. El SNTE no se resistió. Decían que nos oponíamos a los cambios pero nosotros apostamos al cambio, y desde nuestra óptica, nos sentamos a negociar, lo hicimos de buena fe y esperamos lo mismo” (declaración citada por Víctor Alejandro Espinoza Valle, “El SNTE ante la modernización educativa y la alternancia política en Baja California”, Frontera Norte, núm. 17, 1997, pág. 134.
A la publicación y primera implementación del ANMEB seguirían otras medidas de orden normativo: la reforma del artículo tercero constitucional en 1992-1993 y la promulgación de la Ley General de Educación de 1993. En la reforma constitucional sobresale la obligatoriedad de la educación secundaria, así como la obligación del Estado de “promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior” y la de “apoyar la investigación científica y tecnológica”.
La Ley General de Educación (LGE), aprobada en julio de 1993, en reemplazo de la Ley Federal de Educación de 1973, aunque se articula con los propósitos generales del ANMEB limitaba sensiblemente los alcances reales de la federalización porque preservaba para la autoridad federal atribuciones exclusivas en materia de contenidos curriculares, libros de texto, calendario escolar, criterios generales de gestión escolar, y funciones de planeación y evaluación del sistema. Además en la LGE se incluye las nuevas figuras de participación social de nivel escolar, municipal, estatal y nacional.
La reforma de contenidos educativos de la educación básica fue procesada en paralelo a la política de federalización. En 1991 el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) estableció una primera propuesta contenida en el documento denominado “Nuevo Modelo Educativo”. Tras su revisión por las autoridades estatales y el SNTE se dio a conocer, en 1993, el documento “Plan y Programas de Estudio 1993 Educación Básica” en el cual se establecía, como principio pedagógico orientador “estimular las habilidades que son necesarias para el aprendizaje permanente (…) Se ha procurado que en todo momento la adquisición de conocimientos esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión.”
Aunque la reforma educativa de 1993 proponía un giro conceptual pedagógico para la educación básica, lo primero y más destacado del programa era la restitución de asignaturas en lugar del ordenamiento por áreas de conocimiento establecido en 1973. El retorno a la enseñanza por materias era principalmente una demanda del sindicato nacional.
En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) habrían de cristalizar las líneas de la modernización educativa emprendida en la administración previa, principalmente el modelo de descentralización pactado. No obstante, conviene destacar, por un lado, la acción del conjunto de “programas compensatorios” para brindar servicios educativos a población vulnerable, así como la controvertida reforma de la reforma curricular de la educación básica, mediante un balance diferente de las asignaturas de la educación primaria y secundaria.
