Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, la prensa mexicana ha puesto el acento sobre aquellas propuestas, promesas y amenazas emitidas en la campaña del candidato que tienen implicaciones negativas para nuestro país. Es desde luego el caso del muro fronterizo, la eventual confiscación de las remesas, la asignación de aranceles a las exportaciones mexicanas, y la revisión e incluso cancelación del tratado de libre comercio.

Los especialistas coinciden en que, aun antes de ser realidad, el enfoque de proteccionismo comercial enarbolado por Trump, traerá consecuencias inmediatas que se pueden reflejar en la calificación de la economía mexicana a cargo de las agencias especializadas, las condiciones de nueva contratación y pago de deuda externa, y sobre las expectativas de recuperación del crecimiento del producto y el empleo. Se incluye también, en la canasta de riesgos, la posibilidad de que el gobierno de Trump, a cambio de suavizar algunas de las medidas anticipadas, presione a la diplomacia mexicana para que apoye iniciativas estadounidenses en la escena multilateral.

Otras posibilidades negativas, no menos importantes, provienen de la agenda de seguridad interior dibujada por el presidente electo, principalmente la intención de expulsar a los mexicanos que residen en Estados Unidos y tienen antecedentes de delincuencia, así como redefinir, sobre nuevas bases, la relación bilateral de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico. La política de deportaciones, bajo la presidencia de Trump, podría extenderse a los indocumentados beneficiarios de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) expedida por el presidente Obama, como orden ejecutiva, en 2012. La gran mayoría de los jóvenes amparados por DACA son de origen mexicano.

La preocupación sobre estos temas ha restado visibilidad, en nuestro contexto, a otros ángulos de la plataforma de políticas que Trump propone impulsar en su mandato. Es el caso de las reformas sobre el nuevo esquema de salud pública —el llamado Obamacare— que Trump primero amenazó con derogar, aunque recientemente ha propuesto solo modificar. Es también el caso de la reforma fiscal y de la reforma laboral comprometidas, asimismo de las propuestas de reforma de las políticas educativas en vigencia. Trump ha anunciado, tanto en campaña como en declaraciones en calidad de presidente electo, que emprenderá una amplia reforma educativa, cuyo objetivo final consiste, según ha declarado, en mejorar la distribución de oportunidades de acceso y logro de los niños y jóvenes estadounidenses en todos los niveles del sistema.

¿En qué consiste dicha reforma? Hasta el momento, el eje central de la propuesta consiste en restar autoridad, atribuciones y recursos al gobierno federal y a los gobiernos estatales en materia de organización del currículum y en la regulación de los servicios educativos. En el documento “Donald Trump’s Contract with the American Voter”, que incluye las acciones a desarrollar durante los primeros cien días de su administración, Trump anuncia que someterá al Congreso la iniciativa “School Choice and Education Opportunity Act.” La propuesta normativa, se aclara, consiste en “redireccionar el gasto educativo para dar a los padres el derecho de enviar a sus hijos a instituciones educativas públicas o privadas, a escuelas en las modalidades charter y magnet, a escuelas religiosas e incluso a educación en el hogar, conforme a sus preferencias. Se da por terminado el tronco común (Common Core en educación básica), se amplía la educación vocacional y técnica, y mejoran las condiciones de asequibilidad en las instituciones de educación superior de dos y cuatro años.”

Previamente, el pasado 8 de septiembre pasado, el entonces candidato Trump se comprometió a gestionar una inversión federal de veinte mil millones de dólares para el proyecto de “school choice”, que se obtendrían al cancelar los programas educativos federales promovidos por la administración Obama. Agregó que apoyará decididamente el sistema “merit-pay” para los maestros en lugar del sistema de plazas en propiedad (tenure-system) que rige en la actualidad.

En la misma ocasión señaló que, a su juicio, “no hay una política fallida más necesitada de un cambio urgente que nuestro monopolio de educación administrado por el gobierno.” Y que, en consecuencia, el foco de la política educativa será romper con ese monopolio de manera que todas las familias, independientemente de su nivel socioeconómico, tengan la opción de elegir escuela según sus preferencias y creencias. Y que las escuelas, de distinto tipo, tengan libertad para determinar el currículum correspondiente. Si el dinero que gasta el gobierno en educación, indicó Trump, se transfiere directamente a las familias y a las escuelas, seguramente se tendrán mejores resultados. Esta medida, al decir de Trump, “no solamente empoderará a las familias, sino que creará un enorme mercado educativo, gobernado por incentivos de competitividad”.

La reforma tiene dos ángulos: hacer que cada estado, en concurrencia con las instituciones educativas públicas y privadas, determine la orientación y el contenido del currículum (no más estándares nacionales ni cosa por el estilo), y abrir la oferta de servicios educativos para que en ella participen tanto organizaciones civiles, como religiosas, empresariales y de los gobiernos locales. Como dice Trump, un inmenso mercado educativo. ¿Y la calidad? Bueno, de eso no se ha hablado.