En los casi 10 años de “revolución ciudadana” bajo el presidente Rafael Correa, Ecuador se ha embarcado en una transformación radical de su sistema de educación superior. Según el Global University Network for Innovation (GUNI), con sede en España, el país sudamericano cuenta con una de las reformas integrales más ambiciosas en la materia a nivel mundial. Hoy, Ecuador gasta 2 por ciento del PIB en educación superior, en lo que representa la inversión proporcional más grande de América Latina y casi 3 veces lo que gasta México, un 0.7 por ciento del PIB.

Desde 2010, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior, el gobierno de Corre —un socialista autodeclarado y doctor en economía de Estados Unidos— ha vuelto gratuita la educación superior pública del país. También cerró 17 universidades patito, mandó a casi 20 mil estudiantes a universidades del extranjero, e incrementó por un factor de 6 el número de profesores universitarios con doctorado. Además, el 9 de diciembre, se publicó la Ley de Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, lo cual impone sanciones en contra de la biopiratería y las universidades con fines de lucro. Entre los afectados por el llamado “Código de Ingenios” está el gigante trasnacional Laureate, que cuenta con una de las universidades privadas más grandes del país.

Hace un par de semanas, el secretario de Educación Superior de Ecuador, René Ramírez Gallegos, estuvo en México para participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otros eventos. Aproveché para platicar con él sobre las nuevas políticas en materia de educación superior y ciencia y tecnología de su país. Ramírez, quien participó en la redacción de la nueva Constitución de Ecuador, ha sido el principal promotor de las reformas en el sector universitario. Éstas, enfatiza, combinan enfoques democratizantes y de calidad. Lo siguiente es una versión resumida de la entrevista.

¿Cuáles son los puntos más importantes de las reformas en educación superior?

Lo más importante y lo que está al centro de la reforma es la recuperación del sentido de lo público de la educación superior. Durante los 5 años [previos] hubo un proceso ligado al tipo de sociedad que se quería construir, que era muy mercantil, muy privatizador y muy elitista. En la Constitución de 2008 definimos cuáles son los 7 principios de la educación superior y allí se recuperó la gratuidad en la educación superior, que no teníamos. En términos de presupuesto, Ecuador subió del 1 al 2 por ciento del PIB, que es [la inversión] más alta de la región, y más alta que la del promedio de los países de la OCDE, que es de 1.4 por ciento.

En términos de la gratuidad, ¿cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora? ¿Antes cuánto había que pagar?

Dependiendo de la universidad, tenía libertad para cobrar, y era un arancelamiento. Antes, el gasto del bolsillo de una persona que iba a la educación superior representaba alrededor del 45 por ciento en promedio. Ahora, con la gratuidad, representa un 6 por ciento en función de sus ingresos familiares. Ahora es completamente gratuita la primera matrícula. La segunda matrícula tiene un cobro. Hicimos un reglamento para que tampoco puede ser una cuestión de que no exista responsabilidad por parte de los estudiantes.

¿Segunda matrícula quiere decir segundo año?

No, segunda matrícula es las veces que tú perdiste, reprobaste, allí tú pierdes por materia. Y si es que pierdes el 60 por ciento acumulado, pierdes la gratuidad, pero si luego recuperas, puedes recuperar la gratuidad en una carrera. En términos de matrícula, si incluimos el tema del subsidio que damos a 8 universidades cofinanciadas, estamos hablando de aproximadamente 70 por ciento matrícula pública, 30 por ciento de matrícula privada.

El 70 por ciento de los estudiantes que están ingresando a la educación superior son primeras generaciones, 4 veces más de lo que era en 2006. [La reforma] ha permitido que se duplique la matricula. En el periodo del gobierno, se ha duplicado la matrícula del 40 por ciento más pobre, y en el periodo anterior, ésta decreció en un 15 por ciento. Entonces allí se ve claramente cómo lo uno es mucho más democratizante y lo otro, mucho más elitista. Y también se multiplicó la matrícula de afroecuatorianos, que nos interesa a nosotros, y la matrícula de indígenas. Tenemos una política que se llama “política de cuotas”, que es para las universidades, para todas, pero también para las particulares. Tienen que dar al menos un 10 por ciento de su matrícula en política de acción afirmativa para indígenas y afros, y en las públicas también existe un 10 por ciento, más allá de otro 10 por ciento que existe de becas para estudiantes de escasos recursos.

¿Esto desde cuándo?

Desde el año pasado. Ahora, desde el próximo año, voy a meter otra política de acción afirmativa, que es de “cuotas de mérito territorial”. Todos los mejores estudiantes de todos los colegios, (todavía no sabemos si es que van a ser los tres mejores estudiantes o uno, eso vamos a ver), tienen acceso inmediato, y eso ayuda a la democratización, porque el estudiante del colegio que está en la Amazonia va a tener muy pocas probabilidades de entrar a la universidad. Entonces esto es una política que vamos a implementar desde marzo del próximo año.

¿Tomaron como ejemplo el caso de la Universidad de Texas u otro caso?

Sí, exactamente, el caso de Texas y el caso de Chile. En Chile hicieron una reforma en donde se ve el impacto de la política de cuotas territoriales, los llamamos “mérito territorial”. Siempre estamos buscando nosotros cómo hacer más democrático el acceso a la universidad. Y estamos construyendo 34 institutos técnicos y tecnológicos públicos, que también son gratuitos. Creemos que la necesidad de educación superior en el Ecuador, en este momento, en términos de masa crítica, lo más importante de este nivel, de tercer nivel, es técnico y tecnológico. Entonces esto va a permitir también ampliar mucho la oferta en áreas ligadas al aparato productivo.

Si uno ve la curva de Lorenz, que es para medir la desigualdad, uno se da cuenta que antes de este gobierno, había una regresividad en términos de la inversión en educación superior. Ahora ya es progresiva, porque el índice GINI [de desigualdad] de la matrícula pública cayó del 0.53 al 0.35. En el ámbito privado hubo una caída, pero fue apenas del 11 por ciento del GINI, muy baja todavía.

Un reto que tenemos es el tema del tránsito y la titulación. No es suficiente con que abras las puertas y democratices, sino que los que entran se titulen. Entonces estamos poniendo en la fórmula de distribución de recursos un incentivo, que tiene que ver con que damos más a las universidades si hacen seguimiento a estas personas pobres y, obviamente, éstas logren terminar. En estas curvas de Lorenz, también se ve que ha mejorado la titulación de los más pobres, pero todavía sigue siendo muy concentrada hacia los más ricos. Todavía no tenemos un corte de la reforma, porque la empezamos en 2013, y esperamos tener en el 2018 el primer corte para ver qué pasó. Pero en términos de eficiencia, en donde se daba la mayor deserción en América Latina y en Ecuador era en el primer año, una deserción de 55 por ciento. Ahora del primer año es del 10 por ciento, y el segundo año es del 20 por ciento.

También hicimos... un “plan de contingencia” para todos aquellos que no se habían titulado. Tenías un capital social de los que habían terminado ya todos sus años de escolaridad y les faltaba la tesis. Entonces se hizo una reglamentación para que se titulen. Y se han titulado en esa modalidad como 120 mil personas, que ahora pueden continuar sus estudios de cuarto nivel. Y entramos en ese debate. ¿Por qué? Porque necesitas una especialización.

La política de especialización ha sido a través de becas en el exterior. Somos el país, junto con Brasil, con mayor cantidad de becas. Nosotros estamos dando para estudiar en las mejores universidades del mundo, porque no teníamos el talento para hacer una oferta de posgrado en Ecuador. Ahora ya lo tenemos.

¿Cuántas becas han dado?

Son 19,500. El boom empieza en el 2011, pero el 80 por ciento de estas se dan desde el 2011, y las otras eran muy marginales. Como punto de referencia, en un periodo similar anterior al gobierno, se dieron 265 becas.

¿Qué porcentaje de las becas son de licenciatura y qué porcentaje son para posgrado?

El 80 por ciento son de posgrado. Y el 80 por ciento de éstas están en áreas de ingenierías, ciencias, es decir, las áreas STEM. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales, nosotros lo que hicimos fue dar mucho subsidio. Somos el gobierno que más subsidio ha dado a las universidades de posgrado del Ecuador. Entonces decidimos auspiciar ciencias sociales en el país, en donde existía la capacidad instalada. Y para afuera, dado que no tenías gente con doctorados y maestrías en las áreas del STEM, decidimos dar muy fuerte en estas áreas para que retornen y empiecen a plantear carreras de maestría de investigación y del doctorado.

En este último año se crearon 20 programas del doctorado ya no ligados a ciencias sociales, sino que ligados a áreas que también necesita el país. Realmente la oferta de los STEM es muy baja en Ecuador y necesitamos obviamente también de eso. De hecho, en la última Encuesta de Ciencia y Tecnología, la investigación en ciencias sociales es la que más ha crecido en el país gracias a este empuje.

Algo que es importante señalar también en esta encuesta es que Ecuador es el país que más crece en talento humano de acuerdo a la población económicamente activa de científicos. Si ahora estamos en el 5º puesto, antes estamos en el 13º, y por primera vez superamos al promedio de América Latina en científicos por población económicamente activa. Y ya han retornado 4,500 becarios.

¿Ellos tienen la obligación de regresar a Ecuador?

Ellos tienen la obligación de estar en Ecuador el doble del tiempo de la beca. Primero el dato general: el 98 por ciento tiene empleo y con un 30 por ciento mejor salario que una persona que quedó en Ecuador con iguales niveles de formación. El 35 por ciento está dentro de las universidades, haciendo justamente lo que busca la estrategia.

Algo que hicimos que para mí es importante es el cambio generacional. A las personas que tienen más de 60 años, o de 65, dimos un incentivo para comprar la renuncia, ya que eran profesores con un bajo nivel educativo. La mayoría, el 80 por ciento, eran licenciados. Entonces ha habido una salida de este grupo y ahora está entrando un grupo de profesores jóvenes en el caso universitario.

¿Qué ha pasado con el requisito de que cierto porcentaje de los profesores tenía que tener doctorado?

Eso no se entendió bien, pero te doy el dato general. Cuando entramos, el 26 por ciento de los profesores tenía cuarto nivel. Ahora está en el 80 por ciento, y al 2017 debe ser 100 por ciento. No estoy tan optimista, pero debe superar el 90 por ciento. Entonces eso es un dato de calidad importante.

¿Se refiere a maestría o doctorado?

Ambos, y en el caso de [áreas de] salud, especialización también. Para el 2017, los profesores que son titulares tienen que tener el PhD o estar haciendo el PhD, y se ha multiplicado por 6 la cantidad de profesores con ese nivel. Lo que dice la ley es que, si la universidad quiere o autonomía o definirse como research university, tiene que tener un 70 por ciento de sus profesores con PhD para 2017.

Pero no es obligación, es una decisión que tiene que tomar la universidad. Una universidad puede decir “yo soy de docencia y no necesito ese 70 por ciento”. Pero un profesor que sea titular principal, que es la máxima categoría, tiene que tener doctorado o tiene que estar cursando su doctorado. Si no cumple para 2017, no es que se baja el salario, sino que pasa a ser profesor titular no escalafonado. Sigue teniendo el mismo salario, sigue siendo profesor titular, pero no de este nuevo escalafón que hemos sacado en este periodo de gobierno. Entonces veamos qué pasa en 2018… Para los propios rectores, pusimos el requisito de que tienen que tener doctorado. Muchos rectores ya están estudiando su doctorado, y todos lo van a tener.

Vi una cifra sobre la obligación de invertir el 6 por ciento en investigación. ¿A qué se refiere?

La Ley Orgánica de Educación Superior señala que las universidades tienen que invertir al menos un 6 por ciento [de su presupuesto] en investigación. Ahora subimos una ley, ésta de Ingenios, que para las de research, tiene que ser al menos de 10 por ciento. Pero la última ACTI (Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación) ya señala que en promedio las universidades tienen 9.75 por ciento en investigación. Hay unas que tienen mucho más.

En otro tema, ¿qué pasa con la legislación para las universidades con fines de lucro?

Ya se aprobó la semana pasada en el Código Ingenios, que es el otro tema. No es suficiente con la recuperación de la educación pública, sino que hay que recuperar que la gestión del conocimiento sea pública, y eso implica entrar en el debate sobre la propiedad intelectual.

Nosotros encontramos que cinco universidades tenían relación con los paraísos fiscales, y obviamente allí se descubrió que tenían fines de lucro. Reformamos la Ley Orgánica de Educación Superior para prohibir, regular y sancionar [en caso de que] una universidad particular tuviera fines de lucro. También cuando esté articulada con empresas vinculadas con parientes, familiares de las autoridades, o tiene articulación con empresas fantasmas que están en los paraísos fiscales. Dimos un año para que las universidades se desvinculen completamente de estos paraísos fiscales. Podemos inclusive bajar los aranceles de éstas. Entonces hay 9 artículos que enviamos y que fueron aprobados la semana pasada.

¿Una de estas instituciones fue de Laureate?

Obviamente. La UDLA [Universidad de las Américas]. Es patética la forma de negocio de la universidad. Ya con esto, nosotros podemos entrar a investigar más profundamente y tomar decisiones con respecto a esto.

¿Era ilegal ser con fines de lucro?

Es ilegal. Pero nosotros no teníamos los mecanismos y no se pensó en términos normativos sobre qué se hace cuando se encuentra aquello.

¿Como el caso de Chile, que no sabe qué hacer con las instituciones con fines de lucro?

No sabían. Entonces ya tienes una regulación en donde hay sanciones, se puede quitar todo el tema de los beneficios que reciben de impuestos, las autoridades pueden ser sancionadas, se pueden bajar los aranceles, etc. Entonces eso ya está en el proyecto de ley y ya fue aprobada.

Por último, tengo una duda sobre las universidades interculturales. Por un lado, se establecieron los conceptos del buen vivir y de la pluriculturalidad como principios rectores de la Constitución, pero después cerraron la Universidad Intercultural Amawtay Wasi en 2013. ¿Qué sucede con estas instituciones?

Hay que tener claridad sobre lo que propuso el neoliberalismo con respecto al tema de la interculturalidad. Lo que propuso, y que compraron muchos movimientos indígenas, es generar circuitos paralelos, sistemas paralelos. En el caso de la Amawtay Wasi, no resistía ningún tipo de análisis, sino era más bien una cuestión netamente política, porque tenía unos niveles paupérrimos desde la propia lógica indígena.

Lo que nosotros dijimos en el régimen académico es que todas las carreras se repiensen. Entonces no es que hagas sistemas paralelos, sino que todo el sistema se repiense desde la interculturalidad. Lo que nosotros pensamos es no generar circuitos diferenciados, sino que exista una convivencia y un diálogo—diría Boaventura de Sousa Santos, un diálogo de saberes realmente.

Entonces dimos dos años para que las universidades repiensen bajo este nuevo régimen académico. Más allá de eso, nosotros estamos auspiciando seis institutos técnicos y tecnológicos que tengan el enfoque justamente intercultural en territorios específicos. Y en el tema de la educación, se están creando las Escuelas del Milenio para cada una de las nacionalidades, para reproducir su lengua, su cultura.

Pero en el caso de la Amawtay Wasi, aún bajo su propia lógica indígena, no tenía ni pies ni cabeza. Lo mismo pasó en la educación intercultural bilingüe, es una cuestión completamente paralela al otro sistema. En el sistema de salud, una cuestión completamente paralela. Entonces nosotros creemos más en lo que dice la nueva Constitución, que de la interculturalidad tiene que darse una convivencia de todos con todos. Para mí, es un tema muy complicado en términos de democracia.