El decreto del presidente Trump prohibiendo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ha desatado la ira de la comunidad académica en todo el mundo. A la vez, ha echado más leña a las ya explosivas protestas en las universidades del país contra el magnate republicano.

El orden ejecutivo, del 27 de enero, vetaría la entrada por un periodo inicial de 90 días de todos los ciudadanos de Irán, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, y de refugiados de cualquier país. También negaría el acceso a los refugiados de la guerra en Siria por tiempo indefinido. Entre las estimadas 500 mil personas afectadas por el decreto están unas 25 mil personas con visas temporales de estudiantes o trabajadores calificados, una mayoría de ellos de Irán e Iraq, según la agencia ProPublica.

El viernes pasado, un juez federal congeló el orden temporalmente—una muestra de la fuerte oposición a Trump, aún dentro de su propio gobierno. No obstante, el Departamento de Justicia federal dijo que apelaría la “decisión indignante” del juez. Por su parte, Trump amagó desde su cuenta personal en Twitter el sábado: “La opinión de este supuesto juez, que esencialmente le quita control sobre la seguridad nacional a nuestro país, es ridículo y será anulado”.

La medida ya ha afectado a miles de estudiantes y académicos de esos países, quienes se han quedado como virtuales rehenes en Estados Unidos mientras no se determine su estatus legal. Inclusive impacta a las decenas de miles de personas que cuentan con su residencia permanente (green card) en Estados Unidos, quienes podrían ser sometidas a “sesiones de interrogación especiales” si viajan a sus países de origen, según el orden ejecutivo.

Tal fue el caso de la antropóloga sudanesa Nisrin Omer, estudiante de doctorado de la Universidad de Stanford. La también egresada de la Universidad de Harvard y residente permanente en el país, fue esposada y detenida durante cinco horas al llegar al aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, el 28 de enero. Omer fue interrogada sobre sus viajes, su investigación académica y su postura acerca de la política sudanesa, según el diario New York Times.

El orden, emitido apenas una semana después de la toma de posesión del magnate republicano, es algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Nunca se había negado la entrada al país a las personas con base en su origen nacional o su religión (aunque Trump niega que el orden tenga tintes anti-musulmanes).

El decreto desató protestas a nivel mundial, incluyendo un boicot de más de 6 mil académicos extranjeros, quienes se comprometieron a no asistir a congresos internacionales en Estados Unidos durante la vigencia de la medida. “Ponemos en duda la integridad intelectual de esos espacios y los diálogos que promueven, mientras nuestros colegas musulmanes están excluidos de forma explícita”, dice la petición que circula en Internet. Aunque una mayoría de los firmantes pertenece a instituciones en Europa y Canadá, también se sumaron académicos de las principales universidades estadunidenses, incluyendo Harvard, Princeton y Yale.

Trump ha justificado la veda en contra de países “propensos al terrorismo” como una cuestión de seguridad nacional. “Estoy estableciendo nuevas medidas de investigación para mantener fuera de los Estados Unidos de América a los terroristas islámicos, no los queremos aquí”, dijo, al firmar el orden en una ceremonia en el Pentágono. “Queremos asegurar que no estamos dejando entrar a nuestro país a las mismas amenazas que nuestros soldados están combatiendo en el extranjero”.

Muchos líderes académicos condenaron la medida como anti-americana y una violación de los derechos humanos. También cuestionaron la selección de las nacionalidades vetadas, ya que ninguno de los ataques terroristas en suelo estadounidense ha sido cometido por ciudadanos de esos países. En cambio, los países en donde Trump tiene importantes intereses económicos, y que sí han mandado a terroristas a Estados Unidos—como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos—no figuran en la lista.

La nueva medida llega en un momento en que las universidades ya están movilizándose para proteger a estudiantes indocumentados—otro grupo afectado por las posturas xenofóbicas de Trump. El presidente ha amenazado con deportar a más de 2 millones de indocumentados, una mayoría de ellos latinos. También busca terminar con un programa del gobierno Obama que da permiso para estudiar y trabajar a jóvenes indocumentados que llegaron al país como menores y que terminaron sus estudios de media superior en escuelas estadounidenses. Actualmente hay unos 800 mil beneficiarios del programa, conocido como Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción Diferida por Llegadas Infantiles, o DACA), entre ellos 633 mil mexicanos, según cifras del marzo pasado. El programa otorga permisos para tres años, renovables por otros tres. Sin embargo, como las personas tienen que otorgar datos personales, los convierte en blancos fáciles para la agencia migratoria federal, conocido como ICE (Immigration and Customs Enforcement Administration).

Los santuarios

En respuesta, unas 30 universidades del país se han declarado como “santuarios” para migrantes, y el movimiento está creciendo a nivel nacional. Bajo este estatus, las administraciones universitarias se comprometen a tomar acciones como prohibir que la policía universitaria interactúe y ayude a agentes migratorias, y otorgar fondos para apoyar a los estudiantes indocumentados.

A su vez, unas 40 ciudades y 364 condados se han declarado santuarios para indocumentados, según el Immigrant Legal Resource Center, un grupo nacional en defensa de los migrantes. En el proceso, se arriesgan a la ira de la administración Trump. El presidente ha amenazado con retirar miles de millones en fondos federales a las ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias. No obstante, existe un fuerte debate en torno a la capacidad del presidente de castigar a las entidades de esa forma.

Entre proponentes de las medidas de resistencia están Janet Napolitano, la actual canciller del sistema de la Universidad de California y ex Secretaria de Seguridad Nacional bajo Obama, y John Coatsworth, decano de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Según declaró este último en un mensaje a la comunidad de Columbia en noviembre: “La universidad no permitirá la presencia de oficiales de inmigración en el campus ni compartirá información sobre el estatus legal de estudiantes”.

A su vez, la Universidad de Harvard ha contratado a un abogado especialista en migración para ayudar al medio centenar de estudiantes indocumentados inscritos en la institución. El abogado se sumó al trabajo de defensoría que ya está haciendo la Clínica de Inmigrantes y Refugiados, de la Escuela de Leyes de Harvard.

La rectora de Harvard, Drew Faust, condenó el orden ejecutivo de Trump en un mensaje del 29 de enero, titulado “Todos somos Harvard”. En él, declaró: “Especialmente en un momento de fuertes divisiones en el país y a nivel mundial, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para sostener la habilidad de las universidades estadounidenses a atraer a personas de todo el mundo a nuestros campus, y de facilitar que personas de nuestros campus interactúen a nivel global”. Ella enfatizó el hecho de que una mitad de los decanos de las facultades de Harvard son inmigrantes, y que “los conocimientos de las personas de naciones alrededor del mundo no son sólo de interés vital para la universidad; también son de interés vital para nuestra nación”.

De igual forma, la Asociación de Universidades Americanas, una agrupación de las 60 universidades de investigación más importantes del país y dos de Canadá, emitió una declaración del 28 de enero condenando el decreto de Trump. “Reconocemos la importancia de un proceso fuerte de visas para nuestra seguridad nacional—dijo—Sin embargo, el nuevo orden de la administración ya está causando daños y debe cesar lo antes posible”.

La controversia sobre el orden presidencial ha potencializado aún más las protestas en contra del nuevo gobierno. Una de las escenas más violentas ocurrió la semana pasada en la Universidad de California en Berkeley, ante el discurso planeado por Milo Yiannopoulos, un vocero del movimiento de nacionalismo blanco (Alt Right), quien también es editor del portal noticioso Brietbart News. El sitio de ultraderecha fue creado por Steve Bannon, actual jefe de estrategia de Trump.

Unas 150 personas lanzaron bombas de humo y luces de bengala durante una protesta en contra de la presencia de Yiannopoulos en el campus el 1 de febrero, causando $100 mil dólares de daños al edificio estudiantil, según reportes locales. La universidad, que había defendido el derecho a la libertad de expresión, finalmente canceló el discurso y evacuó al ponente. Otro discurso planeado por Yiannopoulos la semana anterior en la Universidad de California en Davis también fue cancelado en medio de fuertes protestas estudiantiles.

En retribución, Trump amenazó a través de Twitter—su medio de comunicación preferido—con retirar todos los fondos federales de la universidad. “Si U.C. Berkeley no permite la libertad de expresión y practica violencia sobre personas inocentes con un punto de vista diferente — ¿NO FONDOS FEDERALES?”, escribió.

No serían consecuencias menores. Berkeley recibió unos $370 millones del gobierno federal en 2015-2016 para apoyo a la investigación, según la página oficial de la universidad. Sin embargo, las amenazas de Trump han logrado lo impensable: unificar a casi toda la comunidad académica del país detrás de una causa común: parar al propio presidente. Inclusive se han sumado los llamados “científicos duros”, un grupo que tradicionalmente ha sido poco politizado, pero que ahora está buscando enviar candidatos al Congreso para frenar las iniciativas de Trump. El presidente ha amenazado con recortar fondos federales para la investigación, y sobre todo en áreas controvertidas, como la investigación sobre el cambio climático y el uso de células madre.

Ante tanta incertidumbre, una cosa parece clara: los enfrentamientos entre el nuevo presidente y la academia irán en aumento. Y los costos serán muy fuertes para la sociedad en su conjunto.