En Estados Unidos está ocurriendo un interesante debate que se pregunta en cuál administración presidencial ha ocurrido el mayor número de deportaciones de inmigrantes no autorizados o indocumentados.

La polémica no es nueva, ni mucho menos. El 30 de julio de 2012 la revista Forbes publicó un artículo de Alex Nowrasteh titulado “President Obama: Deporter-In-Chief” en el que argumenta que el gobierno, en contra de las reiteradas declaraciones presidenciales sobre la necesidad de una amplia reforma migratoria, en los hechos había recrudecido las prácticas de deportación hasta alcanzar cifras históricas, superiores a las de cualquier otra administración presidencial. El mismo argumento es reiterado en 2014 por el diario The Economist, cuya edición del 8 de febrero incluyó un editorial con el mismo título de la primera presentación, aunque con cifras actualizadas.

El mote que califica a Obama como “deportador en jefe” reapareció durante la campaña de Trump, y se sigue repitiendo en la actualidad. Incluso la prensa de otros países, México incluido, ha reproducido recientemente tal versión invocando los datos que la sustentan. En un clima de franca incertidumbre sobre las acciones que Trump pueda tomar sobre la población migrante indocumentada, de la que el contingente de nacidos en México es de lejos el de mayor volumen relativo (entre 55 y 60 por ciento del total), entender las tendencias y prácticas de la deportación en Estados Unidos es un tema relevante.

Generalmente se acepta que los datos estadísticos compilados y distribuidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security o DHS) son una fuente oficial confiable. En sus anuarios estadísticos se ofrece información que consigna, por un lado, el número de “remociones” (removals), es decir de acciones de deportación que provienen de la ejecución de órdenes emitidas por la autoridad responsable. Y por otro se informa acerca el número de “retornos” (returns) que no están sustentados en órdenes de deportación. La suma de ambos conceptos puede ser leída como la cantidad de deportaciones efectivas en un periodo determinado.

El registro estadístico indica que, en efecto, durante los ocho años de la administración de Barack Obama el número de deportaciones legales superó todos los antecedentes. Fueron, en total, más de 3 millones de órdenes de deportación ejecutadas o un promedio anual de 386,776 o más de mil diarias. En cambio, la cantidad de retornos de tipo “voluntario” (2.2 millones en ocho años) fue muy inferior al ocurrido en las anteriores administraciones. En ese concepto el récord corresponde a la gestión de Bill Clinton, con casi 11.5 millones en los dos periodos de gobierno.

¿En qué consisten las deportaciones voluntarias? Según la definición del DHS el concepto integra todos los casos en que a los ilegales aprendidos la autoridad les ofrece el recurso de aceptar formalmente ser retirados del país sin un proceso judicial intermediario. La ventaja que tienen los que aceptan el expediente es que, después de la remoción, pueden optar por solicitar ingreso legal, lo que generalmente no ocurre porque el antecedente es registrado.

Es pues, como se dice, “voluntariamente a fuerzas”. Aunque algunos optan por la remoción voluntaria cuando miembros de la familia son deportados por medios legales, y hay desde luego un número que, en efecto, prefieren retornar libremente al país por diversos motivos. Pero la división entre obligatorio y voluntario oculta más de lo que visibiliza. Como se muestra en el cuadro adjunto, el total y el promedio de remociones más retornos en el periodo de Obama es sensiblemente más bajo que el de los gobiernos antecedentes, de Reagan a George W. Bush.

Las cifras globales son apenas una aproximación general, lo que hay que ver es el desarrollo de las políticas migratorias en EU, de lo que nos ocuparemos más adelante.

Cuadro 1.