El mensaje de la autoridad migratoria fue contundente: ningún inmigrante indocumentado está a salvo. En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha detenido a los primeros DACAmentados—portadores de permisos temporales para jóvenes inmigrantes. Y la semana pasada, el ICE mandó una serie de tuits amenazantes, aumentado aún más la paranoia entre los estudiantes indocumentados en el país.

Unos 750 mil jóvenes inmigrantes —una mayoría de ellos mexicanos— son beneficiarios de la Acción Diferida para Llegadas Infantiles (Deferred Action for Childhood Arrivals, o DACA). El programa otorga permisos de dos años (renovables) para estudiar o trabajar en Estados Unidos, para migrantes que llegaron al país antes de los 16 años y que cumplen otros requisitos. Los DACAmentados son también conocidos como dreamers, por una propuesta de ley federal (el Dream Act), que busca legalizar a inmigrantes jóvenes.

Hasta recientemente, ellos eran los privilegiados entre los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país. Ya no.

“DACA no es un estatus legal protegido, aunque los recipientes activos de DACA típicamente representan una prioridad menor”, dijo un mensaje enviado por el ICE el 9 de marzo, a través de su cuenta en twitter. En otro mensaje, la agencia aclaró: “El estatus diferido puede ser revocado en cualquier momento, sobre todo cuando alguien comete un crimen, o representa una amenaza pública o para la seguridad nacional”.

La autoridad migratoria buscaba justificar la detención de los primeros DACAmentados en las últimas semanas—un hecho que ha atraído fuertes críticas por parte de los defensores de los migrantes. El ICE insiste en que todos los detenidos habían cometido algún delito, y, por lo tanto, son sujetos a deportación.

La nueva política migratoria, anunciada por Trump a finales de enero, busca deportar a todos los migrantes que cuentan con un historial criminal—“personas malas”, en la retórica del presidente. El orden ejecutivo da prioridad a los que “han cometido actos que constituyen una ofensa criminal”, independientemente de que han sido juzgados o no. Sin embargo, el orden no deja claro si los “malos” incluyen a todos los que han llegado ilegalmente al país. Tampoco especifica si las reglas aplican a los recipientes de DACA.

El mismo presidente ha contribuido a la confusión. En una conferencia de prensa en febrero, Trump declaró que los DACAmentados son “personas maravillosas” que no deberían tener que preocuparse por su futuro. “DACA es un tema muy difícil para mí”, dijo el magnate republicano. “Es uno de los temas más difíciles que tengo, porque son niños increíbles”.

Sin embargo, no todos en su gabinete o su partido opinan igual. Están corriendo rumores de que Steve Bannon y Stephen Miller—los consejeros que orquestaron el orden ejecutivo prohibiendo la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana—están elaborando una propuesta para acabar con DACA, según reportó el periódico digital Vox.

Mientras tanto, ICE ha aprovechado la ambigüedad legal para detener a cualquier inmigrante que cae bajo sospecha.

El primer DACAmentado en ser arrestado fue el mexicano Daniel Ramírez Medina, de 23 años. El también padre de familia fue detenido durante una redada en Seattle, Washington, el 10 de febrero. Ramírez, quien vive en el país desde los 7 años, fue acusado de ser miembro de una pandilla—acusación que él niega.

Una semana después, las autoridades detuvieron al hondureño Josué Romero, después de incautarle una pequeña cantidad de mariguana. El estudiante de arte, de 19 años, fue procesado para deportación, a pesar de que su ofensa es considerada una falta administrativa en Texas.

La última detención ocurrió el 1 de marzo en Jackson, Mississippi. ICE detuvo a Daniela Vargas, una inmigrante argentina de 22 años, después de que ella hablara en un evento pro migrante en la ciudad. Vargas, quien emigró a Estados Unidos en 2001, estaba en el proceso de renovar su permiso de DACA cuando fue arrestada. Según sus abogados, su principal fallo fue haberse pronunciado públicamente en contra de la política migratoria de Trump.

Unos días antes, las autoridades detuvieron al hermano y al papá de Vargas en frente de su casa. Después, rompieron la puerta de la casa para buscar drogas y armas, y encontraron una pistola (la posesión de armas es un delito para los indocumentados en Estados Unidos). Aterrada, Vargas se escondió durante cinco horas en un closet. Según le contó a la prensa local: “No podía ni respirar. Temía por mi vida… fue la peor cosa que me había pasado, nunca pensé que eso podría suceder”. Los tres detenidos se han convertido en héroes para la causa de los indocumentados en Estados Unidos.

¿Fin del sueño americano?

Para muchos, estos hechos son prueba de que el “sueño americano” es cosa del pasado. Además, el clima antiinmigrante también está teniendo fuertes repercusiones en la percepción hacia Estados Unidos en el extranjero—sobre todo desde México.

Trump ha amenazado con deportar a más de 2 millones de indocumentados—una mayoría de ellos mexicanos. Ante esa posibilidad, el gobierno mexicano y las universidades están intentando facilitar la reincorporación de los migrantes dentro del sistema educativo y el mercado laboral. También, buscan apoyar a los migrantes que quieren permanecer en Estados Unidos.

El 16 de marzo, el Congreso mexicano aprobó reformas a la Ley General de Educación, para simplificar la revalidación de estudios para migrantes que vienen de regreso al país. Entre los cambios, los migrantes ya no tendrán que presentar sus historiales académicos con apostilla—un proceso que puede tardar semanas y costar cientos de dólares. La ley también faculta a las universidades privadas a revalidar los estudios de los solicitantes—un tema que ha sido polémico. La Secretaría de Educación Pública ya había anunciado que los estudiantes de educación básica pueden inscribirse sin certificados de nacimiento o historiales académicos, debido a que muchos migrantes no cuentan con los documentos más básicos.

A su vez, muchas universidades—tanto públicas como privadas—se han comprometido a reservar espacios para los Dreamers. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana anunció en febrero que otorgaría becas para hasta 1,500 migrantes, a través de su red de 8 universidades jesuitas. La universidad también se comprometió a abrir espacios en sus programas de técnico superior universitario para cientos de estudiantes más.

Los cambios buscan facilitar la reincorporación de los migrantes—sobre todo, los más jóvenes. Muchos de ellos no cuentan con ningún sistema de apoyo en el país, ya que crecieron en Estados Unidos. Algunos ni hablan español.

También hay importantes iniciativas para defender a los migrantes en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha abierto clínicas legales gratuitas en sus 50 consulados en ese país. Las oficinas, que empezaron a operar a partir del 4 de marzo, ayudarán a migrantes que enfrentan deportación o que buscan conseguir su estatus legal en el país.

A su vez, el 14 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Carlos Slim anunciaron un programa para dar asistencia legal a los mexicanos que califican para ser ciudadanos estadounidenses. El programa operará a través de las 5 sedes de la UNAM en Estados Unidos. Además, 130 universidades estadounidenses se han sumado a la iniciativa, según un comunicado de prensa de la fundación.

Muchas de esas universidades han sentido en carne propia el llamado “efecto Trump”. Las nuevas políticas migratorias no sólo han sido nocivas para los estudiantes indocumentados, sino también para las finanzas universitarias. El año pasado, un record de 1 millón de estudiantes extranjeros cursaron estudios de licenciatura y posgrado en Estados Unidos, dejando ganancias de más de $35 mil millones, según el reporte Open Doors.

Sin embargo, se espera que esa bonanza sea menor en el próximo año, según los resultados de una encuesta a 250 universidades. Un 40 por ciento de las instituciones consultadas reportaron tener menores números de solicitantes para el próximo año, según el estudio, que fue realizado en febrero por seis consorcios de universidades. Otro 35 por ciento reportó tener un aumento en el número de solicitantes y 26 por ciento reportó que no había ningún cambio.

Los resultados son particularmente llamativos, debido a que el sector internacional ha registrado aumentos continuos durante la última década. Y muchas instituciones han diseñado sus planes financieros con base en un aumento sostenido en las colegiaturas de estudiantes extranjeros. Además, el mayor golpe puede estar por venir—cuando los extranjeros que fueron aceptados deciden asistir o no a las universidades estadounidenses.

Los países en donde se registraron las mayores caídas en el número de solicitantes fueron del Medio Oriente, seguido por China y la India, según el estudio. Las universidades también han recibido llamadas de estudiantes y padres de familia de muchos países preguntando sobre el impacto de la política migratoria.

Muchos han expresado temor de que el orden ejecutivo hacia los países de mayoría musulmana podría ser expandido para incluir otras naciones. También, hay una percepción generalizada de que el clima hacia los migrantes en Estados Unidos es cada vez más hostil.

Tales percepciones sólo pueden ir en aumento con las detenciones de los DACAmentados. Si inclusive los “niños increíbles” son sujetos a deportación, ¿quién puede estar a salvo de la nueva política migratoria de Trump?