La reforma a la normativa educativa federal del 2012-2013 estableció el carácter de “organismo público autónomo” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Entre las obligaciones y competencias del INEE autónomo se determinó la de presentar anualmente, en el mes de abril, al Congreso de la Unión, “el informe sobre el estado que guarden componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional derivado de las evaluaciones.” (Artículo 63 de la Ley del INEE).

A partir de entonces, el INEE ha elaborado y publicado tres informes. El correspondiente a 2017 fue presentado el día de ayer a los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Asuntos Educativos de la Cámara de Diputados. Los tres primeros se titulan, respectivamente, El derecho a una educación de calidad (2014), Los docentes en México (2015) y La educación obligatoria en México (2016). El nuevo repite el título del año pasado, aunque presenta variaciones importantes de estructura, datos y contenido.

Al igual que en el informe de 2016, el nuevo documento se inicia con datos y consideraciones sobre el acceso a los niveles de la educación obligatoria —preescolar, primaria, secundaria y media superior—, tomando en cuenta indicadores de cobertura, asistencia escolar, y resultados de aprendizaje según los exámenes nacionales estandarizados. Los datos que se presentan indican que los niveles de cobertura de la educación básica pueden ser considerados adecuados en términos generales: la cobertura en preescolar es prácticamente universal salvo en el primer grado del nivel, el que corresponde al primero de preescolar para niños de tres años. Según el informe 2016 sólo 42 por ciento de los niños de tres años están en la escuela. La situación se corrige en los grados segundo y tercero de preescolar y durante los seis años de primaria en que prácticamente la totalidad, el 97.3 por ciento por ciento de los niños de 4 a 12 años, está inscrito en el sistema. A partir de ese punto, es decir al inicio de la secundaria, las tasas de cobertura decrecen sostenidamente. El informe 2017 agrega que si bien las tasas de eficiencia terminal son altas en primaria (98.2 por ciento), decrecen fuertemente a medida que se avanza en los siguientes niveles obligatorios: en educación secundaria es de 86.8 por ciento, y apenas de 67.3 por ciento en EMS. Según el diagnóstico, en la educación media superior la tasa de abandono, ubicada en 14.4 por ciento, sigue siendo uno de los mayores problemas para garantizar que todos los jóvenes del país cuenten con estudios completos de educación obligatoria.

En cuanto a indicadores de cobertura, asistencia escolar y tasas de terminación de los ciclos escolares los dos reportes enfatizan el agravamiento de condiciones en poblaciones específicas: indígenas, migrantes, jornaleros, población discapacitada y población en pobreza extrema. Para cada uno de estos subconjuntos, representativos de segmentos demográficos en condiciones de desventaja, las posibilidades de acceso, retención y éxito escolar son significativamente inferiores a las medias nacionales en cada rubro analizado.

En materia de infraestructura escolar ambos informes (2016 y 2017) dan evidencia de la precariedad de la mayor parte de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria en el sistema público, más aún en aquellos que corresponden a las escuelas multigrado, las rurales, y las ubicadas en localidades en condición de pobreza. La cantidad de planteles que disponen con biblioteca escolar, bibliotecas de aula, acceso a cómputo, y condiciones físicas satisfactorias continúan siendo una proporción minoritaria en el conjunto. Lo más grave, según se muestra en dichos informes, es que la ausencia de políticas y acciones que tiendan a revertir la brecha de infraestructura que separa a las escuelas con equipamiento adecuado de aquellas en que no se satisfacen los requisitos mínimos en este renglón.

Más preocupantes aún los datos que reportan el aprovechamiento escolar en primaria, secundaria y educación media superior. En primaria pública, en el área de lenguaje y comunicación, más de la mitad de los estudiantes se ubica en el nivel mínimo de aprendizaje. De ello, en escuelas indígenas el 80 por ciento corresponde a este nivel, en escuelas comunitarias el 67.9 por ciento y en primaria general pública el 51.6 por ciento. En contraste, sólo 13.3 por ciento de los estudiantes de primarias primadas está en el nivel mínimo. Peor aún el caso de aprendizaje de matemáticas, en que más del 60 por ciento del total de niños en escuelas públicas se ubica en el nivel mínimo, repitiéndose las brechas entre escuelas indígenas, comunitarias y generales. En cambio, en primarias privadas solo una cuarta parte del total de estudiantes evaluados se colocó en este nivel.

En secundaria los indicadores mejoran el área de lenguaje y comunicación, pero se agravan en matemáticas. Según los resultados reportados, prácticamente el 60 por ciento de los estudiantes de escuelas públicas (contra el 39.9 por ciento en privadas) apenas satisfacen el perfil mínimo de aprendizaje en dicha área de conocimiento y únicamente un 2.5 por ciento de los estudiantes de secundarias públicas consiguen el nivel de aprendizaje superior de la prueba PLANEA.

El informe de 2017 incluye una nueva sección, por primera vez incorporada a los informes del INEE, la correspondiente a la evaluación de políticas públicas. En esta se consideran tres aspectos puntuales, sobre los que el INEE ha emitido directrices de política educativa: tutorías para inserción a la docencia, políticas para población indígena en educación básica, y política de atención para el abandono escolar en educación media superior. En los tres casos se informa de las acciones de política pública instrumentadas hasta el momento, de los programas encaminados al logro de sus objetivos, y de algunos resultados alcanzados. Se hace notar que al ser de nueva generación los resultados son iniciales, y por ello los efectos en materia de calidad y otros indicadores educativos son mínimos. Lo más relevante, se llama la atención sobre la necesidad de revisar las acciones instrumentadas a la luz del análisis de fortalezas y debilidades que se deriva de los primeros indicadores sobre los procesos de instrumentación.