Aunque había antecedentes, la intención de colocar los procesos de evaluación al centro de la gestión de la educación superior en México cobró nuevas relevantes a partir del Programa para la Modernización Educativa (1989-1994). En el PME se incluyó, a propuesta de ANUIES, el lineamiento de impulsar la calidad de la educación superior mediante procesos de evaluación interna y externa de las instituciones. Esta idea se concretó inicialmente en la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA, 1989).
La evaluación externa se plasmó en la creación, también a instancias de la ANUIES, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES, 1991), que fueron instituidos por la Coordinación Nacional de Planeación de la Educación Superior (CONPES), órgano de enlace entre la representación de las universidades públicas y el gobierno federal. Según su definición inicial, los CIEES se encargarían de la realización de evaluaciones diagnósticas y de la acreditación de programas académicos, funciones de administración y gestión y funciones de difusión y extensión de la cultura, en las instituciones de educación superior que lo solicitaran.
Desde su creación, los “comités de pares”, son cuerpos colegiados integrados por académicos de diversas instituciones del país, que se encargan de evaluar programas, funciones, servicios y proyectos de instituciones que lo solicitan. En 1991 el titular de la SEP instaló los primeros cuatro comités disciplinarios, y en 1993-1994 la CONPES instaló los restantes Posteriormente se pusieron en operación otros dos comités, el de Administración y Gestión Institucional, y el de Difusión y Extensión de la Cultura, que realizan evaluación de funciones. Más recientemente se concedió a los CIEES la atribución de acreditar los programas de formación docente de la Normales.
En la práctica, el trabajo de los comités consiste en la revisión, evaluación, dictamen, emisión de recomendaciones, y seguimiento. Se compara el programa con el modelo educativo de la institución, y con el marco de referencia del comité evaluador, marco que contempla los indicadores y parámetros definidos por éste. El procedimiento incluye un estudio documental del programa, una visita de campo, y la formulación del informe. Los resultados son confidenciales y se entregan al rector de la institución, aunque la manifestación del resultado final es pública. La evaluación se concretaba, hasta fecha reciente, en una calificación general en tres niveles, expresivos del grado de consolidación del programa, así como recomendaciones para su mejora. El trabajo de validación de evidencias y de entrevistas con los actores relevantes de cada programa corre a cargo de especialistas contratados por los CIEES. Hasta la fecha los CIEES han evaluado más de siete mil programas, cuentan con una capacidad de evaluación que se aproxima a quinientos por año y persiste una demanda anual cercana a un millar de solicitudes. Las evaluaciones cuestan a las instituciones aproximadamente setenta mil pesos por programa y otros cuarenta mil si deciden contratar la capacitación para el autoestudio que ofrecen los CIEES.
Un punto de inflexión muy importante en la trayectoria del programa fue la determinación de las autoridades, al inicio de la gestión del presidente Fox Quezada, de hacer valer la calificación de “Nivel 1” lograda en la evaluación como evidencia de la buena calidad de un programa. Además, proveer estímulos para la preparación de las evaluaciones y formas de recompensa una vez alcanzado dicho nivel. Esta política explica, en buena medida, el éxito que ha tenido el sistema como fórmula de evaluación externa de los programas de en instituciones públicas, aunque tal aceptación no se ha reflejado en el sector privado.
Así las cosas, en diciembre de 2015, en el marco de la IV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados de los CIEES, se tomó el siguiente acuerdo que modifica la escala de evaluación vigente hasta entonces. El resolutivo dice esto: “Los integrantes de la Asamblea aprueban por unanimidad de votos la propuesta de reconsideración de la vigencia de los reconocimientos que otorgan los CIEES en las siguientes modalidades: Nivel 1, con vigencia de cinco años; Nivel 1, con vigencia de dos años y, Nivel 2.” La nota informativa del caso indica que “estas modalidades de nivel y vigencia podrán ser otorgadas, por los Comités Interinstitucionales respectivos, a todos los programas que sean dictaminados a partir de abril de 2016. Es importante mencionar que el Nivel 1 de dos años no podrá ser refrendado al término de su vigencia. Los programas que se encuentren en esa condición podrán optar por solicitar una nueva evaluación, antes de concluir esta vigencia, y estar en posibilidades de acceder al Nivel 1 con vigencia de cinco años o pasar al Nivel 2.” Por último, se reitera que “tanto el Nivel 1 de cinco años como el Nivel 1 de dos años, contarán para las estadísticas de matrícula inscrita en programas de buena calidad de la SEP.”
O sea que ahora hay dos niveles uno (el de cinco años y el de dos años). ¿Para qué se hizo este cambio? Según la versión de CIEES, venía ocurriendo que la una proporción importante de los programas se ubicaba en el nivel dos, ya que con solo algunas observaciones sobre “áreas de oportunidad”, no podían alcanzar el nivel uno en la primera revisión. Que, en consecuencia, algunos programas de buena calidad resultaban temporalmente marginados del reconocimiento de sus avances y méritos. Y que el cambio promovía una evaluación más justa y equilibrada que, además, con el límite temporal de dos años estimulaba la inmediata corrección o mejora de los aspectos observados.
Creo que el argumento es válido seguramente se procedió en esa lógica. Pero no hay que quitar de la mira que el “doble uno” hará que la meta programática de la SEP (proporción de matrícula en programas de buena calidad) se alcance con mayor prontitud. ¿O no?