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Nuevo RVOE Tercera parte: Antecedentes de la simplificación administrativa
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm. 714, pp. 5 [2017-07-20]
 

La norma vigente del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de tipo superior fue publicada en julio de 2000 y registrada como Acuerdo Secretarial SEP-279. Este acuerdo, según se indica en la sección de antecedentes, fue elaborado con la participación y consenso de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES. El marco de referencia del mismo reconoce dos antecedentes: primero, el convenio de colaboración SEP-FIMPES suscrito en septiembre de 1994 con objeto de facilitar, de común acuerdo, la revisión y simplificación de los trámites y procedimientos para la validación de los programas de estudios de nivel superior a cargo de la iniciativa privada. Segundo, el contenido del Acuerdo SEP-243, de 1998, que establece las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial.

El RVOE del año 2000 incluye una fórmula para estimular la mejora continua de la calidad de los servicios docentes: la simplificación administrativa para las IES particulares que satisfacen determinados requisitos. De ellos destacan un par: contar con un mínimo de diez años impartiendo educación superior con reconocimiento de validez oficial, y estar acreditados por una instancia pública o privada, con la cual la SEP haya convenido mecanismos de evaluación de la calidad en el servicio educativo (art. 43).

En caso de una resolución favorable, la institución obtendría dos ventajas: la de poder mencionar, en su documentación y publicidad, que obtuvo el registro correspondiente “con motivo de su excelencia académica” (art. 45), y el beneficio de una tramitación expedita para el reconocimiento de nuevos planes de estudio y los trámites de autenticación de certificados, títulos, diplomas y grados (arts. 47 y 48).

Así las cosas, entre SEP y FIMPES firmaron, en 2002, el Convenio de Concertación y Aceptación de los Mecanismos de Evaluación de la Calidad en el Servicio Educativo, al que hicimos referencia en la pasada entrega. Tal instrumento, además de reconocer formalmente la acreditación institucional establecida por FIMPES a mediados de los años noventa, pactó la obligación de que los particulares desarrollaran procesos de planeación y aseguramiento de calidad compatibles con los que se venían impulsando en el ámbito de las políticas públicas de educación superior de la época, en particular los correspondientes al Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), puesto en marcha en 2001.

De ese modo, las IES particulares que desearan la simplificación administrativa podrían cumplir con el requisito del RVOE 2000 en materia de acreditación previa. En términos prácticos, las instituciones del sector privado afiliadas a FIMPES que consiguieran la “acreditación simple y llana”, que es el máximo nivel de reconocimiento que otorga el organismo, no tendrían mayor problema en solventar los requisitos SEP para obtener los beneficios de la simplificación.

Y así ha ocurrido. Hasta la fecha la SEP ha otorgado un total de 37 certificados para la simplificación administrativa. El primero en 2002, a la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y el más reciente (octubre de 2016) a la Universidad Intercontinental (UIC). El promedio por año es bastante limitado (2.5 en el periodo), salvo el año 2006, el último de la gestión de Felipe Calderón en la presidencia de la República, en que fueron concedidas diez autorizaciones. Sobra decir que todas las IES privadas beneficiarias forman parte de FIMPES y que, en todos los casos, obtuvieron previamente la acreditación “lisa y llana” de esa agrupación.

Como puede adivinarse, del grupo de las 37 forman parte las universidades privadas de mayor tradición, prestigio y tamaño. Ahí están la Anáhuac, la Iberoamericana y el ITESO, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle, la Universidad de las Américas (Puebla) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También forman parte de la lista algunas escuelas profesionales de alto reconocimiento académico, como el ITAM, la Escuela Bancaria y Comercial, el Centro de Estudios Superiores de San Ángel y los Institutos de Estudios Superiores de Chiapas y del Bajío, entre otras instituciones.

Es de interés hacer notar que, al día de hoy, forman parte de FIMPES 109 instituciones. A primera vista el grupo parece un segmento muy reducido del universo de más de dos mil IES particulares. Sin embargo, el conjunto de IES en FIMPES agrupa, en términos de matrícula escolar, a más de 650 mil estudiantes, lo que representa más de la mitad de la oferta privada total en programas de licenciatura y posgrado en las modalidades convencional y no escolarizada.

Según los datos de FIMPES un total de sesenta IES afiliadas han logrado la acreditación “lisa y llana” y 26 más la acreditación “sin observaciones”, que es el paso previo para el primer nivel. Ello significa que, además del grupo de instituciones que ya obtuvieron el beneficio de la simplificación administrativa, al menos otro tanto estaría en condiciones de optar, casi de inmediato, por esa opción. Pero, como se dice, las reglas cambian.

Y están por cambiar, sobre todo, en materia de acreditación de las IES particulares. El nuevo RVOE, el que está por lanzarse en fecha próxima, incluye un nuevo esquema en la materia. Lo revisaremos la próxima semana, aunque cabe adelantar que el mismo procura acercarse a las fórmulas de acreditación académica que se han desarrollado a través del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y de los organismos de acreditación por disciplinas profesional.


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