Aunque el aumento puede parecer poco, su impacto simbólico es mayúsculo. Para los críticos, es otra prueba de la estrategia privatizadora de la primera ministra Theresa May, quien ganó el oprobrio de una buena parte de la población al orquestar la salida de Inglaterra de la Unión Europea en 2016 (el famoso brexit).

El alza en las cuotas llega en medio de otra controversia en torno a la nueva Higher Education and Research Bill, que fue aprobada por el Parlamento el pasado 27 de abril. Para sus críticos, la reforma fue una clara victoria para el sector privado. Entre sus aspectos más controvertidos, permite a las universidades aumentar sus cuotas si cumplen con nuevos estándares de calidad de la enseñanza, un indicador que es notoriamente difícil de cuantificar. También facilita la creación de nuevas instituciones de educación superior privadas, incluyendo aquellas con fines de lucro. Además, acorta el periodo de prueba para que nuevas instituciones puedan emitir títulos.

La ley, que reemplaza al Further and Higher Education Act de 1992, refleja los enormes cambios en el sistema universitario durante los últimos 25 años, sobre todo en materia de financiamiento. Hasta hace relativamente poco, las universidades del país no solo eran gratuitas, sino que los estudiantes recibían generosas becas para subsidiar el costo de su manutención. En 1998, sin embargo, se introdujeron las primeras cuotas estudiantiles bajo el gobierno laborista de Tony Blair. Se fijó un máximo de mil libras y las cuotas subieron paulatinamente durante los siguientes años.

El mayor cambio vino en 2010, cuando se triplicó el tope máximo de las colegiaturas, de 3 mil libras a 9 mil libras. El gobierno conservador de David Cameron también eliminó casi todas las becas de manutención, convirtiéndolas en préstamos. En respuesta vinieron las protestas estudiantiles más violentas en décadas y un enorme crecimiento en la deuda estudiantil.

Ahora se espera otra ronda de protestas en el otoño, lideradas por el Sindicato Nacional de Estudiantes. “El sistema actual no está funcionando”, declaró el líder del sindicato, Amatey Doku, después de que se realizó un largo debate en el Parlamento sobre la medida el pasado 19 de julio. “Si en algún momento vamos a encontrar una solución, es urgente que el gobierno revise el sistema de financiamiento estudiantil de forma integral”.

Los partidarios de May y los representantes de las universidades insisten en la necesidad de actualizar los costos reales de la educación superior (el actual tope de cuotas tomó efecto para el año escolar 2012-2013).

“Este ajuste a la inflación es esencial para asegurar que las universidades puedan seguir impartiendo una experiencia de aprendizaje de calidad para los estudiantes”, declaró Nicola Dandridge, directora de Universities UK. En una entrevista con la BBC, explicó que las instituciones estaban percibiendo el equivalente a 8 mil 200 libras por año por estudiante, debido a las pérdidas por inflación.

Para los laboristas y sus aliados, el aumento pegará de forma desproporcional a los estudiantes de escasos recursos, muchos de quienes no llegarán a la universidad o acabarán desertando. “Estos incrementos en las cuotas se convertirán en una barrera, haciendo aún más difícil que los estudiantes de bajos y medianos recursos puedan conseguir la educación que merecen”, dijo Angela Rayner, la encargada de educación superior del Partido Laborista, a la BBC.

Otros críticos alertaron sobre el crecimiento en la deuda estudiantil, que actualmente es la más alta del mundo, según un nuevo estudio del Instituto de Estudios Fiscales (IFS, por sus siglas en inglés). El monto promedio per cápita es de 44,000 libras (57 mil 200 dólares) contra 37 mil 172 dólares en Estados Unidos—otro país en donde la explosión en la deuda estudiantil ha provocado protestas masivas.

En Inglaterra, el monto total de la deuda rebasa los 100 mil millones de libras (131 mil millones de dólares). Y se espera que crezca aún más, después de que la tasa de interés suba de 4.6 por ciento a 6 por ciento a partir de septiembre. Actualmente, 8 de cada 10 estudiantes nunca pagarán la totalidad de su deuda y muchos seguirán pagando durante varias décadas, según el estudio del IFS, cuyos resultados fueron anunciados a principios de julio.

Tal situación también resulta costosa para el gGobierno. A diferencia de Estados Unidos, el gobierno inglés tiene la obligación de cancelar las deudas estudiantiles después de 30 años. Actualmente le cuesta al Gobierno británico 5,900 millones de libras al año por incumplimiento de préstamos. El reporte también advierte sobre el impacto del actual sistema de financiamiento universitario sobre el currículum. Las universidades cobran lo mismo para todas las carreras, lo que incentiva la proliferación de carreras de bajo costo como son las artes y las humanidades, al detrimento de las llamadas áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Tal situación contrasta con la de otros países, como Estados Unidos, en donde se están eliminando carreras no científicas, al considerarlas poco rentables (pero eso es otro debate).

Al centro del conflicto chocan posiciones opuestas sobre quién debe tener acceso a la educación superior y si ésta representa un bien común. Para los conservadores, los estudiantes (quienes son vistos como consumidores) deben cubrir el costo de su propia educación. Mientras tanto, los laboristas insisten en que la educación superior debe ser accesible para todos.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, inclusive prometió volver gratuita a la educación superior si su partido ganaba las elecciones generales del 8 de junio. La propuesta, que costaría al erario unos 11 mil millones de libras (13 mi millones de dólares) al año, según los estimados del propio partido, le ayudó a recuperar 32 asientos en el Parlamento. Sin embargo, no logró la mayoría necesaria para que Corbyn remplazara a May como primer ministro.

En un manifiesto publicado antes de las elecciones, el Partido Laborista advirtió sobre el impacto social de la actual política universitaria. “Hay un miedo real de que los estudiantes están siendo excluidos, por cuestión de costos, de una educación universitaria”. También declaró que el año pasado se registró la mayor caída en el número de solicitudes a las universidades en 30 años—un dato que el gobierno rechaza.

Lo que no se disputa es que el número de estudiantes extranjeros ha caído 7 por ciento después de la aprobación de brexit en junio de 2016, según cifras oficiales. Tal declive puede tener fuertes repercusiones para la economía inglesa. Los estudiantes extranjeros, sobre todo del continente europeo, representan ganancias de 25 mil millones de libras al año. Sin embargo, ante las nuevas restricciones a la migración y la percepción de xenofobia, muchos estudiantes están optando por estudiar en otros países como Canadá.

El tema de la migración fue central en el debate sobre la nueva reforma universitaria. Críticos de la ley en la Cámara Alta (House of Lords) pidieron al gobierno eximir a los estudiantes de los límites en las visas estudiantiles impuestos por May —una demanda que ella rechazó.

Igual de polémicas fueron las nuevas medidas de calidad de la enseñanza propuestas por el Gobierno. Bajo el llamado Teaching Excellence Framework (marco de excelencia en la enseñanza), el gobierno evaluaría a las instituciones y asignaría tres niveles de medallas (oro, plata y bronce). Las que recibieran estas calificaciones podrían subir sus cuotas de forma inmediata, con las mejor calificadas cobrando los montos más altos. Sin embargo, después de recibir fuertes críticas por la metodología, se acordó crear un consejo externo para analizar los mecanismos de evaluación. Bajo la versión final de la ley, el nuevo sistema tomará efecto a partir de 2020.

La ley también crea una poderosa Oficina de Estudiantes (OfS), como un regulador del mercado. Inicialmente se proponía que las instituciones que recibieron acreditación por parte de la nueva oficina podrían emitir títulos de forma inmediata (actualmente deben esperar 4 años). Sin embargo, después se acordó que la OfS consultaría a un consejo externo de expertos antes de otorgar ese poder a las instituciones.

Finalmente, algunos legisladores acusaron al gobierno de dar un cheque en blanco a las instituciones con fines de lucro. Según Allison Wolf, una legisladora independiente de la Cámara alta, la reforma hace “demasiado fácil” que el sector, “cuya existencia es difícil de justificar” y que puede “causar grandes daños”, consiga acceso a dinero público, según reportó la BBC.

En respuesta a tales críticas, el gobierno enmendó la ley para restringir el uso del término “universidad” por parte de las instituciones. No obstante, no se introdujo candados significativos sobre el sector con fines de lucro, que es relativamente nuevo en el país.

Aún es pronto predecir los impactos de las nuevas políticas sobre la educación superior del país. Sin embargo, es probable que el sistema se privatice cada vez más, con un alto costo para la equidad social. Es decir, después de ser referente en materia de educación superior durante más de 10 siglos, Inglaterra se va pareciendo más al resto del mundo.