La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado cuestionamientos sobre el desempeño de la SEP en materia de gestión de la política educativa. El “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, etapa 2” (octubre 2017) reporta varias auditorías de desempeño del sector, dos de ellas (140-DS y 141-DS) evalúan los diseños de política de educación básica y media superior respectivamente.
El tono de las evaluaciones es crítico, porque así son los ejercicios de revisión de la ASF. No están hechos para celebrar resultados, al contrario: las auditorías señalan deficiencias, insuficiencias, fallas de procedimiento y faltas sujetas a responsabilidad. Con lo anterior en cuenta, no deja de ser interesante revisar los datos y los juicios que el máximo órgano fiscalizador ha emitido. Cabe advertir, además, que dichas auditorías corresponden al ejercicio 2016; no obstante, según señala el documento, “para analizar el cumplimiento del objetivo de la política educativa, se toma como referencia los resultados de los ciclos escolares de 2010-2011 al 2015-2016”.
Las auditorías de desempeño sobre las políticas de educación básica y media superior se proponen un objetivo central: evaluar la contribución de los procesos de planeación, seguimiento, difusión y evaluación, desarrollados por la SEP, sobre el propósito general de mejorar la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad del sistema educativo nacional.
El resultado de la revisión es fuerte: “las deficiencias en el diseño de planeación, seguimiento, difusión y evaluación limitaron el avance en el cumplimiento del fin último de la política de educación básica, de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a los alumnos matriculados en el ciclo escolar 2015-2016”. Idéntica conclusión se formula sobre la política de media superior. Este juicio supone que mejores procesos hubieran tenido un impacto tangible en fenómenos complejos como el aprendizaje, el logro escolar, la inclusión social y la equidad, lo que es discutible. Pero sí llaman la atención las observaciones puntuales de la ASF sobre deficiencias de SEP en procesos básicos del sistema de planeación, gestión y evaluación de sus propias políticas.
Entre estos destacan cuatro: a) la ausencia de lineamientos “en los que se establecieran los procedimientos que debía realizar para coordinar las actividades de planeación de la SEP conforme a los objetivos, estrategias y prioridades determinados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el PSE 2013-2018”; b) no haber implementado “un procedimiento formal para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PSE 2013-2018”; c) no haber dispuesto de “lineamientos en los que se establecieran los procedimientos que debía realizar la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) para cumplir con la atribución de recopilar y sistematizar la información derivada de las evaluaciones realizadas por las unidades administrativas y órganos administrativos descentralizados, a fin de identificar las áreas de oportunidad, para mejorar el diseño de la política de educación básica”; y d) no haber “definido indicadores ni metas para evaluar en qué medida se aseguró la calidad de los aprendizajes en la educación básica”. Las mismas observaciones se repiten en el caso de la educación media superior.
No es cualquier cosa que la ASF identifique la ausencia, cuando menos la insuficiencia, de procesos de autocontrol sistemático sobre el impacto educativo de las políticas de SEP. Se puede considerar, no sin razón, que la autoridad educativa descargó la tarea de evaluación de políticas en el INEE, pero el argumento es insuficiente si se toma en cuenta que todas las dependencias de la administración pública federal comparten obligaciones de planeación, difusión, control y evaluación de sus propias tareas. Es el marco jurídico general y no hay para donde hacerse. Aparte, si la evaluación fue el primer eje de la Reforma Educativa ¿no es paradójico que la SEP, en opinión de la ASF, falle en este punto?
La ASF añade una observación sobre el presupuesto ejercido por la SEP para la evaluación de políticas. Se afirma al respecto que “los recursos ejercidos en 2016, en el programa presupuestario Diseño de la Política Educativa, mediante la Subsecretaría de Educación Básica y la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, fueron de 70,455.3 miles de pesos, monto inferior en 71.8 por ciento (179,193.7 miles de pesos) a los 249,649.0 miles de pesos aprobados originalmente”. Otro tanto, aunque proporcionalmente menos, se repite en el caso de media superior, donde se disminuyó 25.4 por ciento el presupuesto aprobado.” Por cierto, este programa fue seriamente criticado en la evaluación externa coordinada por Blanca Heredia (CIDE) en 2015. En el reporte se afirma que el mismo “no cuenta con reglas o lineamientos de operación ni con un documento normativo que establezca las razones de su creación, el problema público que busca resolver, los propósitos que se han planteado y los mecanismos para su operación.” (Evaluación de Diseño del programa P001 Diseño y aplicación de la política educativa). Así cómo.
Las apreciaciones de la auditoría concluyen que las fallas en los mecanismos de planeación evaluación y difusión de la SEP “han limitado la retroalimentación del diseño de la política, lo que incide en el marginal avance en la mejora de la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad de la educación básica” Conste que lo dice la ASF, no la disidencia ni los críticos.
