El sexenio comenzó con una declaración de guerra contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Bajo la consigna de “recuperar la rectoría del Estado en educación”, se planteó una reforma que, en su origen, buscaba evitar el control sindical sobre la distribución de plazas y los sistemas de evaluación docente para ascenso escalafonario y asignación de estímulos en el programa de Carrera Magisterial.
A tal efecto se emprendieron reformas normativas y de organización tendientes a establecer procesos y prácticas de evaluación, con candados suficientes para evitar la presencia sindical en ellos. A esta lógica respondían la creación del Servicio Profesional Docente (SPD) y el relanzamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con carácter de órgano constitucional autónomo. Además, para evitar las prácticas de “doble negociación” desarrolladas a partir de la descentralización derivada del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el ANMEB de 1992, se estableció el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en reemplazo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que operaba desde 1998.
El SPD, contemplado en la ley que lo establece (Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre 2013), se definía como “el conjunto de actividades y mecanismos, para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente.” En noviembre del mismo año se decretó la creación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para “ejercer las atribuciones que corresponden a la SEP en materia del SPD”, en particular el diseño de los perfiles y requisitos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el SPD, así como la definición de parámetros e indicadores para dichos procesos. En los años siguientes se establecieron coordinaciones de nivel estatal para apoyar la implementación y administración de las distintas evaluaciones.
Al INEE autónomo le fue asignada la responsabilidad de definir los métodos e instrumentos de evaluación destinados a medir las capacidades y aptitudes de quienes aspiran a ingresar al magisterio, así como de quienes se proponen obtener el ascenso a cargos de dirección y de supervisión en los ámbitos de educación básica y media superior. Y también para evaluar el desempeño del magisterio en servicio. Por último, en forma no prevista en el paquete legislativo de la Reforma, aunque no necesariamente en contradicción con ella, se contrataron servicios de diseño de instrumentos y materiales evaluativos con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C., el Ceneval. Desde entonces, este conglomerado institucional se ha hecho cargo, no sin tropiezos, de las múltiples evaluaciones docentes contempladas en ley.
El segundo bloque instrumental se deriva del FONE, contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal de diciembre de 2013 y puesto es operación a partir de enero de 2015. La recentralización de la nómina magisterial se pensaba, lograría el saneamiento financiero del sector educativo en los estados, al mismo tiempo que evitaría las constantes prácticas de negociación del SNTE con los gobiernos estatales para la obtención de beneficios adicionales. Dada la magnitud de los pasivos del FAEB hasta la fecha no se ha logrado un equilibrio sólido en la materia ni tampoco la erradicación de las prácticas de negociación bilateral con los gobiernos estatales. Es probable que, a largo plazo, de persistir esta política, se logren mejores resultados, pero también es un hecho que el respaldo político del sindicato a gobernadores y otras autoridades locales es un estímulo que impide lograr a cabalidad el objetivo de la política financiera en educación.
El 26 de febrero de 2013 fue detenida y arrestada Elba Esther Gordillo, entonces líder principal del SNTE. Permanecería en prisión hasta diciembre de 2017. Este hecho, con su carácter simbólico, provocó el retraimiento político de la dirección sindical, su abstención de críticas y acciones contundentes en contra de la política de evaluación docente, y abrió espacio para que el segmento radical del gremio, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, protagonizara la resistencia magisterial contra la SEP.
Pero en manos del sindicato quedó, como corresponde, la gestión de prácticamente la totalidad de trámites laborales y prestaciones. En este renglón el poder de los representantes de escuela y los líderes de los comités delegacionales y de las secciones quedó intacto, como también prevaleció, bajo el liderazgo heredado por el maestro Juan Díaz de la Torre, la estructura sindical en su conjunto. Como respuesta a las políticas de evaluación docente, el sindicato se dio a la tarea de incidir sobre la formación continua del magisterio, y de manera particular en apoyar a los profesores en la preparación para las evaluaciones de la SEP. A tal efecto se constituyó, en 2014, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP) y se establecieron el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino (2016) y el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano (2018).
La realización del VII Congreso Nacional Extraordinario del SNTE (febrero 2018) y la designación de Juan Díaz de la Torre como presidente del sindicato por seis años refleja, desde mi punto de vista, que la corriente que encabeza mantiene un efectivo control sobre una amplia base magisterial, lo que no implica necesariamente que el SNTE 2018 vaya a pronunciarse a favor o en contra de las formaciones políticas en la contienda presidencial. En ese sentido la aproximación de Andrés Manuel López Obrador a lo que queda del “elbismo” y a la oportunista disidencia del PANAL parece una apuesta políticamente incorrecta. Salvo que entre el SNTE de Elba Esther y el de Díaz de la Torre persistan lealtades y eslabones de continuidad que, por ahora, no están a la vista.
