Aunque restan siete meses y medio para la conclusión del sexenio, para todos los efectos prácticos la cuenta regresiva ha comenzado. Una vez electo el próximo presidente, la atención habrá de concentrarse en las propuestas de la etapa de transición (segundo semestre de 2018), y posteriormente en la definición del Plan Nacional de Desarrollo y el subsiguiente programa sectorial educativo.
En tal contexto, es relevante la reciente publicación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) titulada La educación obligatoria en México. Informe 2018, dada a conocer la semana pasada. El informe anual sobre el estado del sistema educativo nacional es una de las obligaciones del Instituto, que se ha cumplido puntualmente desde 2014. Los dos primeros volúmenes de la serie se titularon “El derecho a una educación de calidad”, el de 2016 “Los docentes en México”, y los dos últimos “La educación obligatoria en México”.
El contenido de estos informes complementa, desde un enfoque de evaluación de políticas, a los indicadores del anuario Panorama educativo de México, publicado por el INEE desde 2003.
El informe 2018 fue remitido al Senado de la República, junto al Informe anual de gestión del INEE 2017, el 2 de abril. Dos días después se presentó, con presencia de los integrantes de la Junta de Gobierno del INEE, ante la Comisión de Educación senatorial. En la reunión de trabajo de la Comisión con la Junta de Gobierno hiciron comentarios los senadores Víctor Hermosillo (PAN), Hilda Flores (PRI), Martha Palafox (PRD) y Juan Gerardo Flores (PVEM). Fueron observaciones improvisadas, predecibles y superficiales, nada que valga la pena comentar aquí.
Al cierre de la reunión, el presidente de la Comisión, senador Juan Carlos Romero Hicks, comentó: “tenemos tres grandes pendientes: el primero, el desahogo de qué va a ocurrir con el vencimiento del periodo de dos de los cinco consejeros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo nos había anticipado la posibilidad de que llegaran las ternas desde fines del mes pasado, y estamos todavía en espera de que esto ocurra porque las comparecencias son en Comisión y en Pleno, y luego regresa a Comisión y luego va a Pleno y eso implica varias reuniones.” La observación es interesante dentro de la dinámica de renovación de dos de las plazas de la Junta que están por cumplir su periodo: el legislador responsabiliza al Ejecutivo por retrasar el inicio del proceso. Hay que decir que hace cinco años el Ejecutivo entregó el 11 de abril al órgano legislativo las cinco ternas de las que se seleccionarían a los primeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto. Ya veremos que ocurre en esta ocasión, pero no hay que perder de vista el tema.
¿Qué objetivos se proponen el Informe 2018? La publicación lo establece en el capítulo introductorio: “evaluar en qué medida se está garantizando el derecho de todos los niños y jóvenes de México a recibir una educación de calidad”. Con ese referente, se busca explorar el cumplimiento de las obligaciones del Estado para hacer posible que la población escolar en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, es decir en el sistema de enseñanza obligatoria, “ingresen oportunamente a la escuela, permanezcan en ella, transiten de un grado a otro y adquieran los conocimientos y las habilidades que se señalan en los planes y programas de estudio nacionales”.
Tales derechos, que desglosan el propósito general de alcanzar una educación de calidad con equidad social, implican el cumplimiento efectivo de un conjunto de acciones de gobierno, entre otras: “servicios educativos que cumplan con las condiciones materiales suficientes (infraestructura, equipamiento y recursos didácticos), los recursos humanos necesarios (docentes, directivos y asesores idóneos), así como planes y programas de estudio actualizados. Estas condiciones del servicio educativo deben materializarse en todas y cada una de las escuelas y planteles del país, independientemente de su condición socioeconómica, cultural y étnica.”
La evaluación busca entonces medir y analizar, entre otros aspectos, hasta que punto se ha cumplido con los propósitos de mejora de cobertura y retención en los tramos del sistema escolar, con el objetivo de mejorar el logro académico de los estudiantes, de contar con profesores y directivos mejor formados y capacitados en sus actividades, y de satisfacer los requerimientos de infraestructura indispensables para la operación del sistema. Pero no solo eso, de lo que se trata es de reconocer si la acción educativa está incidiendo, y en qué medida, sobre la distribución social de las oportunidades educativas de buena calidad.
El volumen contiene los siguientes temas: 1. Contexto socioeconómico en que se desenvuelve el Sistema Educativo Nacional. 2. El derecho a la educación obligatoria. 3. Calidad y equidad de los insumos materiales: infraestructura, equipamiento y materiales educativos. 4. Docentes y directivos escolares: evaluación para la profesionalización. 5. Calidad del currículo y de la organización escolar. 6. Los ambientes de enseñanza y aprendizaje: la convivencia escolar. 7. El aprendizaje en la educación obligatoria en México durante los últimos diez años, y 8. Financiamiento federal para garantizar el derecho a la educación básica y media superior de calidad. Además, un apartado introductorio, otro de conclusiones, un anexo de datos y un informe ejecutivo.
La próxima semana comentaremos los principales resultados y argumentos. Conviene adelantar, sin embargo, que el enfoque general del documento es crítico y que, entre otros retos destaca el siguiente: “las condiciones sociales y educativas del país se traducen en niveles insatisfactorios de aprendizaje y en una oferta escolar muy inequitativa, lo que impide romper el círculo de la pobreza de la población más desprotegida.”
