La reciente publicación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (La educación obligatoria en México. Informe 2018) reporta, con amplitud de datos puntuales y series estadísticas, un balance sobre el estado del sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. En el informe se examinan ocho aspectos: contexto, acceso y permanencia, infraestructura y equipamiento, gestión docente, calidad del currículo, convivencia escolar, logro de aprendizajes, y financiamiento federal al sector educativo.
El hilo conductor de la obra consiste en la exploración de las dos dimensiones centrales en la política educativa del sexenio: mejora de la calidad de los servicios, y mejora de la equidad de las oportunidades educativas. La conjunción de estas dimensiones anuda en el objetivo de garantizar el derecho a la educación plasmado en el texto constitucional. Al respecto, el informe insiste en un argumento: los logros de las políticas del periodo gubernamental son significativos, pero insuficientes para asegurar que tanto la calidad como la inclusión son realidades tangibles del sistema.
En los primeros dos capítulos (Contexto socioeconómico en que se desenvuelve el sistema educativo nacional, y El derecho a la educación obligatoria) coinciden en identificar a las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad educativa: niños y jóvenes que viven en localidades rurales y aisladas, poblaciones en condición de pobreza extrema, la población indígena o hablante de lenguas indígenas, los que trabajan o realizan actividades domésticas que consumen tiempo para el estudio, y los grupos con discapacidades. Para estos grupos, señala el informe, se “requieren políticas educativas dirigidas a contrarrestar los efectos adversos de sus contextos particulares a fin de garantizar que finalicen la educación obligatoria y obtengan los conocimientos mínimos necesarios para seguir su formación académica o insertarse en el mercado laboral.”
Al respecto se ofrecen dos datos ilustrativos. Primero, cada año abandonan los niveles obligatorios más de un millón de estudiantes, la gran mayoría en el ciclo de bachillerato. Segundo, la tasa de asistencia de los jóvenes entre 15 y 17 años en condición de pobreza es de 48.4 por ciento, mientras que la correspondiente a los no pobres y no vulnerables alcanza un nivel de 94.5 por ciento.
En materia de calidad y equidad de los insumos materiales, el informe arriba a una conclusión similar a la que concierne a la equidad en la distribución de oportunidades: “aquellos tipos de escuela que dan servicio a alumnos de contextos desfavorecidos son a los que suele dotárseles con menos insumos materiales o de menor calidad”. En el documento del INEE esta aseveración se ilustra con el análisis comparativo de distintas modalidades de la oferta, en donde las más desfavorecidas resultan ser las escuelas comunitarias en indígenas de enseñanza básica, así como los telebachilleratos comunitarios en media superior.
En la revisión de las prácticas de evaluación docente instauradas en el marco de la reforma educativa, el documento reconoce dos logros importantes: el establecimiento de parámetros y perfiles en materia de desempeño docente, y la política de entregar las plazas de nuevo ingreso de profesores y directivos mediante a través de exámenes de admisión. En cambio, reconoce el informe, las evaluaciones de desempeño han resultado más problemáticas. En primer lugar, porque el número de profesores que han pasado por este proceso de evaluación es bastante menor al total de maestros en servicio, y en segundo por la ausencia de criterios adecuados para evaluar el desempeño de maestros en contextos vulnerables.
Por otra parte, subraya el documento, otros procesos asociados a la política docente han tenido un desarrollo insuficiente, como es el caso de las tutorías, acompañamiento, y actualización del magisterio. Tampoco está pendiente concretar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela según lo previsto en la reforma educativa.
En materia de calidad curricular, las evaluaciones practicadas por el INEE, señalan que el vigente a partir de 2012 “tiene una estructura sobrecargada de elementos, los cuales además están insuficientemente conceptualizados, o bien, sus relaciones y conexiones son inexistentes o débiles, lo que dificulta su adecuada comprensión y aprovechamiento para el logro de los propósitos educativos”, también se indica que el nuevo modelo curricular, desarrollado a finales de este sexenio, si bien presenta algunas innovaciones pedagógicas, está sujeto a la generación de condiciones adecuadas para su implementación que, de no ocurrir, “no prosperará más allá de una loable aspiración.”
Quizás el resultado más decepcionante entre los mostrados en el informe del INEE es la inmovilidad de los indicadores que reflejan el aprovechamiento escolar en matemáticas y lenguaje durante la última década. Por un lado, los promedios nacionales en esta materia no muestra una evolución progresiva en el periodo; por otro, las brechas sociales que separan el logro académico, según las pruebas estandarizadas en los distintos niveles del sistema, comprueban que la desigualdad socioeconómica tiene una alta repercusión en los resultados, o dicho de otra manera, que la escuela no alcanza a compensar sino, en todo caso, a reproducir los déficit educativos y culturales de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
En resumidas cuentas, ni mejor calidad ni mayor equidad. Acaso incrementos de coberturas y mayor eficiencia terminal. Habrá que ver qué proponen los candidatos en la contienda presidencial a estos desafíos.
