Apenas un mes después de asumir su segundo mandato como presidente de Chile, Sebastián Piñera se enfrenta a un viejo dolor de cabeza: los estudiantes universitarios. El magnate conservador, que tiene una fortuna estimada de 2.8 mil millones de dólares, regresó al Palacio de la Moneda con la promesa de sanar la economía chilena y continuar con las reformas sociales emprendidas por su antecesora, Michelle Bachelet. No obstante, el también economista de Harvard encontró su primer reto en la forma de protestas estudiantiles masivas.
El pasado 18 de abril, miles de estudiantes chilenos tomaron las calles en Santiago y otras ciudades para manifestarse contra de la educación superior con fines de lucro. El detonador fue la decisión del Tribunal Constitucional, del 27 de marzo, que canceló una parte clave de la reforma educativa de Bachelet. Ésta prohibía que las universidades fueron controladas por entidades lucrativas, en un intento por frenar los abusos en el sector.
Desde el fin de la dictadura militar en 1990, las universidades privadas en Chile tienen la obligación de reinvertir todas sus excedentes dentro de la misma institución. Sin embargo, es un secreto a voces que muchas compañías han burlado la ley, al extraer recursos a través de sus socios empresariales o compañías holding.
Tal es el caso del Grupo Laureate, la mayor red de universidades con fines de lucro en el mundo. La empresa, con sede en Baltimore, Estados Unidos, opera casi 70 universidades en 23 países, incluyendo 3 en Chile: la Andrés Bello, De Las Américas y Viña del Mar. Juntas, cuentan con una matrícula de más de 76 mil alumnos, según el Radio Bio-Bio.
Ahora Laureate se encuentra en el ojo del huracán. Una serie de reportes del Ministerio de Educación chileno, dados a conocer en las últimas semanas, detallan la forma en que la empresa extrajo millones de dólares del país de forma ilegal, aprovechando huecos en la legislación nacional. También resaltan la inacción de sucesivos gobiernos chilenos, un hecho que ha aumentado aún más la ira de los grupos estudiantiles y de los rectores de las universidades tradicionales.
Los manifestantes también exigen la condonación de la gigantesca deuda estudiantil, que ya rebasa los 4.7 mil millones de dólares, según cifras oficiales. La deuda es el resultado de décadas de políticas privatizadoras en la educación superior chilena, que han facilitado una enorme expansión en la matrícula. Pero al costo de hipotecar el futuro de una generación de jóvenes.
La reciente protesta fue organizada por la poderosa Confederación de Estudiantes de Chile (Confech)—vieja enemiga de Piñera. El grupo reportó una participación por encima de 120 mil personas, tan sólo en la capital, mientras que la policía fijó la asistencia en unos 30 mil.
La policía antimotines respondió disparando cañones de agua y gas lacrimógeno contra los estudiantes. El saldo fue de 180 detenidos, entre ellos unos 50 menores de edad, según declaró la intendenta (gobernadora) de Santiago, Karla Rubilar. A la vez, un líder estudiantil de la Universidad Arcis, en Santiago, fue atropellado por un vehículo de carabineros mientras protestaba en frente de su universidad. El estudiante, de 25 años, sufrió fracturas en la pelvis, espalda y extremidades, y fue sometido a varias operaciones en los últimos días, según reportes de prensa.
Fue un déjà vu para Piñera, quien en su primer mandato (2010-2014) fue blanco de las mayores protestas estudiantiles en décadas. Los estudiantes exigieron una reforma radical en el financiamiento de la educación superior chilena, que es de las más caras del mundo. La falta de respuesta de Piñera llevó a su derrota electoral en 2013. Mientras tanto, Bachelet ganó la presidencia con la promesa de introducir la gratuidad en las universidades para una mayoría de los estudiantes.
Sin embargo, debido a la desaceleración de la economía y la falta de mayoría de sus aliados en el Congreso, Bachelet sólo pudo implementar la gratuidad para un 30 por ciento de los estudiantes más pobres. En las elecciones de julio de 2017, la socialista fue derrotada por Piñera, quien prometió seguir expandiendo el número de beneficiados. Pero su gobierno aún no ha respondido a otras demandas del sector universitario—sobre todo, la condenación de la deuda estudiantil y la prohibición efectiva de las universidades con fines de lucro.
Para el movimiento estudiantil, la gota que derramó el vaso fue la decisión del Tribunal Constitucional, que deja sin efecto el artículo 63 de la reforma educativa aprobada por el gobierno de Bachelet (2014-2018). Los ministros argumentaron que el artículo fue anticonstitucional, al limitar las actividades legítimas de las empresas. Sin embargo, insistieron en que no afecta la prohibición a la educación superior con fines de lucro, que quedó asentada en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990.
Para los críticos, la decisión de la corte abre la puerta para que las empresas educativas sigan burlando la ley. “Al dejar sin efecto el artículo 63, la sentencia del Tribunal Constitucional priva de eficacia a la prohibición de lucro, porque una manera de hacer eficaz esta prohibición era precisamente establecer la obligación de que las instituciones de Educación Superior no fueran controladas por entidades de carácter lucrativo, entonces ese objetivo se perdió”, declaró Aldo Valle, presidente del Consejo de rectores, en entrevista con Radio UChile. “Lo más grave es que ahora la gratuidad queda abierta para entidades de carácter lucrativo”.
Los reportes del Ministerio de Educación detallan cómo Laureate ha dado la vuelta a la ley, a través del outsourcing de actividades a sus socios de la misma red. A través de convenios con estas empresas, Laureate logró sacar del país 19 millones de dólares el año pasado, sin pagar impuestos, según el ministerio. Y tales cifras son sólo el punto del iceberg. El contrato que tienen las tres universidades con Laureate exige el pago de 2 por ciento de sus ingresos anuales y otros millones por diversos servicios, que el ministerio calificó como “innecesarios” e “injustificados”.
Entre tales servicios están la asesoría legal externa, la compra de “servicios operacionales” y de contabilidad, y la renta de edificios. En todos los casos, los beneficiarios son empresas en que el Grupo Laureate es el principal o único accionista, según los reportes. El resultado es un negocio redondo para la empresa. Tan solo en 2016, las tres universidades gastaron más de 120 millones de dólares en transacciones con empresas relacionadas.
Tal modelo de negocios no solo es ilegal, sino que tiene un efecto negativo en la calidad de la educación ofrecida, según el análisis del propio ministerio. Éste concluyó que el objetivo de las universidades “se ve desnaturalizado y desplazado por el fin o ánimo de lucro, esto es, por el fin de obtener ganancias o beneficios pecuniarios en detrimento de los aspectos estrictamente académicos de la institución de educación superior”.
La decisión de la corte también abre la posibilidad de que las empresas educativas reciban fondos federales, bajo el nuevo esquema de educación superior gratuita en Chile. En 2015, el gobierno de Bachelet anunció la meta de llegar al 60 por ciento de los estudiantes en los próximos años, y de cubrir la totalidad de matrícula para 2036. Inicialmente, la primera etapa del programa solo incluía a las llamadas “universidades tradicionales”, una mayoría de ellas públicas. Sin embargo, legisladores ligados a Laureate y al sector privado presentaron un recurso de inconformidad ante el Tribunal Constitucional, logrando que se incluyera una mayoría de las IES del país— siempre y cuando éstas estuvieron acreditadas y no operaban con fines de lucro.
La política de gratuidad representó un giro radical en el sistema de educación superior del país. Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el gobierno emprendió la privatización de facto del sistema, introduciendo unas de las colegiaturas más caras del mundo con respecto a los ingresos familiares. Aún las universidades públicas cobran por encima de los 6 mil dólares al año, aunque el gobierno otorga becas y préstamos a más de la mitad de los estudiantes.
A partir de 2006, el gobierno implementó un sistema de préstamos estudiantiles, conocido como el Crédito con Aval del Estado (CAE). Siguieron otros programas de crédito, a los que ahora suman casi un millón de beneficiarios, según cifras del gobierno.
El modelo facilitó una enorme expansión en la matrícula universitaria, la cual rebasó los 1.16 millones de estudiantes en 2017. Hoy Chile tiene una de las mayores coberturas en educación superior de América Latina, con una matrícula bruta de 87 por ciento—muy por arriba del promedio de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, el promedio de la deuda—de unos 10 mil dólares por estudiante—también es de los más altos del mundo.
El sistema de préstamos también representa una bonanza para las universidades con fines de lucro. Por ejemplo, las tres universidades que opera Laureate concentran 15 por ciento de los estudiantes con créditos CAE, unos 10 mil alumnos, según un análisis del Radio Bio-Bio. Como estas universidades cobran colegiaturas por encima del promedio, reciben 20 por ciento de los recursos comprometidos para los créditos a nivel nacional. Es decir, el gobierno federal está financiando el lucro ilegal de estas instituciones.
Esta situación no es nueva. Desde hace varios años, investigaciones realizadas por el Congreso y otras entidades gubernamentales han señalado los abusos del sector con fines de lucro, y por parte de Laureate en particular. Sin embargo, tanto el gobierno de Bachelet como el de Piñera no han tomado cartas en el asunto.
La razón: hay muchos intereses económicos y políticos en juego. Con la nueva oleada de protestas, quizás se inclina la balanza a favor de hacer cumplir la ley.
