Después de años de intriga y anticipación, la batalla sobre las políticas de ingreso de la Universidad de Harvard ha llegado a una etapa crítica. En 2014, el grupo “Estudiantes por Admisiones Justas” (Students for Fair Admissions, o SFFA) presentó una demanda por discriminación contra Harvard en un tribunal federal de Estados Unidos. El grupo conservador acusa a la universidad de limitar la cantidad de estudiantes de origen asiático que admite cada año y de practicar “un equilibrio racial” en violación de las leyes vigentes.

Harvard niega las acusaciones. Pero no ha podido evitar que se abra la caja negra sobre uno de los procesos de admisión más peleados del mundo. El pasado 15 de junio, SFFA, que representa a estudiantes asiático-americanos que fueron rechazados por Harvard, entregó al tribunal una gran cantidad de documentos previamente clasificados. Los documentos, que fueron obtenidos de Harvard por orden judicial, incluyen estadísticas, análisis experto y testimonios relacionados con los expedientes de 200 mil aspirantes a la universidad durante un periodo de 6 años.

Harvard también enfrenta una investigación por parte del Departamento de Justicia federal, que es liderada por el ultraconservador Jeff Sessions. En noviembre, la oficina de Sessions amenazó con presentar su propia demanda en caso de que no prospere la promovida por SFFA. La postura del gobierno de Trump refleja un giro de 180 grados, después de que la anterior administración de Obama decidió mantenerse al margen del proceso.

Ahora la universidad busca evitar que los documentos se abran al público. En una petición a la corte presentado el 22 de junio, los abogados de Harvard argumentaron que hacer públicos los detalles del proceso de admisión comprometería la privacidad de los aspirantes y los “intereses comerciales” de la universidad.

Según la petición, los solicitantes proveen “detalles extensos y altamente sensibles sobre sus historiales académicos, sus vidas personales y sus aspiraciones… [y] lo hacen con toda la expectativa de que sean privados”. Además, la universidad argumentó que la divulgación de la información pondría en desventaja a la institución en “el mercado extremadamente competitivo, para reclutar a los estudiantes más sobresalientes de todo el mundo”.

Por su parte, el grupo demandante insiste en que los datos internos comprueban su argumento central: que la universidad practica una forma de ingeniería racial, en contravención de las leyes federales y estatales.

“Desde el principio de esta demanda, Harvard ha buscado litigar en secreto, porque sabe que el pueblo estadounidense quedará impactado al enterarse de cómo [la universidad] trata a los candidatos asiático-americanos”, escribió el director del grupo, Edward Blum, en una declaración en junio. El también activista conservador argumenta que los candidatos de origen asiático son los “nuevos judíos”, una “minoría modelo” cuyo éxito académico y diferencias culturales los vuelven una amenaza para la mayoría blanca. Blum señala las políticas antisemitas de los años 30, cuando Harvard buscó limitar el porcentaje de estudiantes judíos dentro de la universidad.

Él y otros críticos argumentan que existe un fuerte sesgo en contra de los candidatos de origen asiático, que a su vez se basa en estereotipos negativos y reduccionistas. Como grupo, “los asiáticos” son vistos como “poco originales”, excesivamente estudiosos, y “sin corazón”, argumentó Jeannie Suk Gerson, una egresada de Harvard, en un artículo publicado en 2017 en la revista New Yorker. Gerson, quien es de origen coreana, es la primera—y única—profesora asiática-americana de haber sido contratada por la Escuela de Derecho de Harvard.

Enfoque holista

En 2018, Harvard aceptó a apenas 4.6 por ciento de los casi 43 mil candidatos para nuevo ingreso a la licenciatura. Un 22 por ciento de ellos fue asiático-americano, un porcentaje muy por encima de la proporción de este grupo dentro de la población, que fue de 5.6 por ciento En contraste, 15 por ciento de los alumnos aceptados fue negro y 11 por ciento hispano, grupos que representan 12 y 17 por ciento de la población estadounidense, respectivamente. No obstante, un estudio interno realizado por la universidad en 2013 concluyó que, si no se tomara en cuenta la raza de los solicitantes, la proporción de estudiantes asiáticos se duplicaría. Mientras tanto, la proporción de negros e hispanos bajaría sustancialmente.

A pesar de esos hallazgos, Harvard defiende su proceso de admisión “holista”, que toma en cuenta factores como la historia familiar, las actividades extra curriculares, los ensayos personales, y la raza, además del desempeño escolar. Insiste en que tales factores son esenciales para escoger entre decenas de miles de candidatos altamente calificados. En 2017, más de 8 mil candidatos tenían promedios escolares perfectos y 2,700 obtuvieron el 100 por ciento de aciertos en el Examen de Aptitudes Estandarizados (SAT, por sus siglas en inglés), según The Chronicle of Higher Education.

Por su parte, la rectora Drew Gilpin Faust prometió “defender vigorosamente” la política de admisiones de la institución, en una carta dirigida a la comunidad universitaria el 15 de junio. “En las próximas semanas y meses, una demanda legal que busca comprometer la habilidad de Harvard de componer un alumnado diverso avanzará en los tribunales y en los medios”, escribió Faust, quien es la primera rectora en los casi 400 años de historia de la institución. “Estas afirmaciones se sustentarán en datos engañosos sacados de contexto […] Su intención es cuestionar la integridad del proceso de admisiones y avanzar una agenda divisiva”.

No es la primera vez que Harvard ha sido acusada de discriminar contra asiático-americanos. En 1988, la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Educación emprendió una investigación de dos años, para determinar si la universidad utilizaba cuotas ilegales en contra de ese grupo. La investigación concluyó a favor de Harvard.

No sólo está en juego la autonomía de la universidad más antigua y prestigiada del país. El resultado del pleito también tendrá fuertes repercusiones para el debate sobre las políticas de acción afirmativa a favor de minorías raciales (sobre todo negros e hispanos).

Harvard fue pionera en adoptar las políticas compensatorias en los años 70, bajo el liderazgo de Derek Bok. El ex rector después escribiría uno de los textos seminales sobre las políticas, junto con su contraparte de Princeton, William G. Bowen (The Shape of the River, 1998). La universidad también intervino a favor de la Universidad de California en un caso clave ante la Suprema Corte en 1978. En Regentes de la Universidad de California vs. Bakke, la corte afirmó la legalidad de las políticas de acción afirmativa con base en la raza, pero prohibió el uso de cupos reservados (quotas en inglés) para favorecer ciertos grupos raciales. En su decisión, los jueces citaron al programa de Harvard como un modelo a seguir.

Sin embargo, empezando en los años 80, una serie de decisiones judiciales y leyes estatales han limitado la capacidad de las instituciones de considerar la raza de los candidatos en los procesos de admisión. Actualmente, ocho estados prohíben las medidas compensatorias con base en la raza en sus universidades públicas. El primero de ellos fue California, a través de una ley estatal en 1996. Como resultado, la proporción de estudiantes hispanos y negros en las universidades públicas en estos estados ha caído marcadamente, según una mayoría de estudios. En algunos casos, sin embargo, los estados han recurrido a “cuotas geográficas” en un intento por garantizar un mínimo de diversidad racial. Por ejemplo, la Universidad de Texas acepta el primer 10 por ciento de los egresados de todas las escuelas públicas del estado, una política que favorece a estudiantes de condados pobres y de mayoría latina.

La brecha racial crece

En general, sin embargo, varias décadas de políticas de acción afirmativa no han logrado ampliar el acceso para minorías desfavorecidas en la educación superior del país. De hecho, la brecha racial va en aumento, según un nuevo estudio de la organización progresista Education Trust (The State of Higher Education Equity, 2018). En 2016, sólo 22 por ciento de los adultos latinos y 31 por ciento de los negros contaban con algún tipo de título universitario (de nivel técnico o licenciatura), comparado con 47 por ciento de la población blanca. Y las diferencias son aún más marcadas para las generaciones más jóvenes, según el estudio. A su vez, la ventaja que lleva la población blanca es mayor a nivel posgrado: 13.4 por ciento de los blancos contaba con títulos de maestría o doctorado, contra 7.8 por ciento de los negros y 5 por ciento de los hispanos.

A pesar de tal evidencia, existen fuertes debates sobre el papel del gobierno y las instituciones en buscar una mayor equidad racial en el país. Para críticos como Blum, cualquier consideración de la raza en los procesos de admisión es igual a racismo.

El activista conservador ha estado en la vanguardia de la lucha contra las políticas de acción afirmativa. En los últimos años, ha participado en juicios contra las universidades de Princeton y Carolina del Sur, en donde también alegó discriminación en contra de estudiantes de origen asiático. Y en 2013, presentó una demanda en contra de la Universidad de Texas, por supuestamente discriminar contra una solicitante blanca. El caso llegó a la Suprema Corte en 2016, cuando los jueces, con un voto de 4 a 3, defendieron la consideración de la raza como estrategia para asegurar la diversidad. Sin embargo, la corte especificó que tales políticas deberían ser sujetas a “escrutinio estricto” para no caer en discriminación racial.

Para Blum, el programa de Harvard no sobreviviría tal escrutinio. Al contrario, argumenta que la universidad, por su propia admisión, ha limitado artificialmente la proporción de estudiantes asiático-americanos.

El resultado de la demanda contra Harvard tendrá importantes implicaciones, y no solo para las universidades.

Un caso que podría verse impactado es el de los bachilleratos públicos de la Ciudad de Nueva York. En junio, el alcalde Bill de Blasio anunció que implementaría cupos reservados para minorías desfavorecidos en el sistema de bachilleratos “especiales”, que abarca a ocho instituciones en donde el ingreso es a través de un examen sumamente competitivo. Entre las escuelas afectadas están dos de las más competidas de la ciudad, Bronx Science y Stuyvesant, que tienen altos porcentajes de estudiantes de origen asiático.

Y hay otra razón por la cual el caso de Harvard está bajo la lupa: por el prestigio y visibilidad de la institución a nivel mundial. Es decir, porque es Harvard.

“Este caso es la primera prueba real de una política de admisiones que tome en cuenta la raza en una universidad privada como Harvard”, dijo Matthew Cregor, un miembro del equipo legal de la universidad, al periódico estudiantil Harvard Crimson. “Esperamos que este caso mande un mensaje rotundo de que […] nuestras universidades sí pueden usar programas con consideración de raza para apoyar a la diversidad”.