En el sistema universitario estadounidense se distingue con claridad entre dos tipos de instituciones privadas. El primero corresponde a universidades particulares sin fines de lucro (non-profit), mientras que el segundo agrupa a las instituciones de educación superior que obtienen ganancias mediante la oferta de sus servicios. La legislación de EU exime de obligaciones impositivas a las instituciones educativas del tipo "non profit", mientras que las universidades declaradas con fines de lucro están obligadas al pago de impuestos como cualquier otra empresa.
Las principales universidades privadas en Estados Unidos corresponden al primer tipo, sin embargo el grupo de instituciones de educación superior de carácter empresarial ocupa cierta cuota de mercado en la medida que ofrece opciones y ventajas competitivas a la demanda. De los poco más de 17 millones de estudiantes de educación terciaria en ese país, contando programas de dos y cuatro años, así como la matrícula total de postgrado, aproximadamente 4 millones están inscritos en instituciones privadas, y de ellos poco más de 500 mil alumnos son atendidos por instituciones particulares con fines de lucro.
Los principales consorcios que concentran el segmento universitario empresarial son: el Apollo Group, cuya institución insignia es la Universidad de Phoenix, el corporativo Career Education, especializado en carreras cortas de tipo profesional, el consorcio Corinthian Colleges, que reúne más de 130 IES en EU y Canadá, el corporativo Laureate Education Inc., principalmente orientado a la compra de universidades fuera de Estados Unidos, el grupo Strayer Education Inc., cuya población objetivo son los adultos trabajadores que sólo disponen de tiempo parcial para emprender o culminar estudios superiores, y el consorcio DeVry Inc., uno de los más antiguos en el sector, propietario de 75 instituciones (la mayoría campus de la Universidad DeVry) y con una matrícula de más de 50 mil estudiantes.
Todas las organizaciones citadas cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (en el índice NASDAQ) y obtienen ganancia tanto de la venta de servicios educativos como del conjunto de operaciones bursátiles que realizan.
En su edición de febrero de este año, el suplemento Chronicle of Higher Education destacó, a propósito de uno de los consorcios de educación superior de carácter empresarial, la nota "Campus en venta". Según la publicación, el consorcio DeVry, "que había sido criticado en círculos de Wall Street por un manejo ineficiente de sus organizaciones subsidiarias, anunció la venta al público de un campus de 20 acres (más o menos 8 hectáreas) en la zona de West Hills, California (Valle de San Fernando)"
La operación se encomendó a una prestigiosa agencia inmobiliaria, Cushman and Wakefield, la cual anunciaba "la propiedad ofrece una oportunidad única para múltiples tipos de comparadores, desde desarrolladores comerciales y residenciales, usuarios corporativos, hasta inversionistas en bienes raíces" (página web de la agencia). Según reporte de Los Angeles Times (4/02/2006), los corredores consultados coincidieron en valuar la propiedad en más de 70 millones de dólares, una vez fraccionada para uso residencial.
En el reporte financiero de DeVry del primer trimestre de 2006 no se informa si el campus de West Hills ya fue vendido o no. Probablemente la operación esté todavía en curso, a la espera de ofertas de compra favorables. A todo esto ¿qué tiene de raro que una empresa, así sea universitaria, venda al mejor postor parte de sus activos? En el fondo nada, el negocio es perfectamente legal, pero...
Este ejemplo, como seguramente podrían documentarse otros similares, muestra con nitidez que los propietarios de universidades particulares, principalmente aquellas orientadas a la ganancia, cuentan con la posibilidad de convertir a la escuela en mercancía. Es decir, no sólo la educación (como servicio) puede ser objeto de compra-venta. También pueden serlo los activos que soportan el servicio, es decir, el terreno, las instalaciones y otros bienes.
¿Qué significa eso para nosotros? Como recordará el lector, en este mismo espacio hemos llamado la atención sobre algunas operaciones de compra de universidades privadas mexicanas por corporaciones transnacionales. Es el caso de la adquisición de la Universidad del Valle de México por Laureate Inc., y también el de la Universidad Latinoamericana por el Carlyle Group. Evidentemente, los propietarios extranjeros, al comprar IES nacionales reciben no sólo una licencia de servicio, sino también la infraestructura correspondiente. ¿Qué podría impedir, si así conviniera a sus intereses, especular con esas adquisiciones?
