En el documento Visión y acción 2030. Propuesta de la Anuies para renovar la educación superior de México, que hemos comentado las últimas dos semanas, se plantea una perspectiva de largo aliento, hacia el horizonte 2030, que indica lo siguiente: “En la agenda nacional, la educación superior se considera un factor estratégico para el desarrollo económico, social y cultural, y para incrementar la competitividad del país en el escenario mundial. Derivado de un gran acuerdo nacional se ha construido el Sistema Nacional de Educación Superior, lo que ha permitido fortalecer la gobernabilidad, ampliar la cobertura, facilitar la movilidad de docentes y estudiantes, y mejorar la calidad mediante un nuevo modelo de evaluación y acreditación. Estos avances contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera.”
Además se proponen objetivos, estrategias y metas que deberían cumplirse, según la Anuies, durante el sexenio que comenzará el próximo diciembre. Al respecto el documento sigue el mismo orden temático que el diagnóstico preliminar, es decir los aspectos de gobernanza, cobertura, calidad, responsabilidad social y financiamiento.
Sobre el primer punto, definido como “mejor gobernanza para el sistema de educación superior”, se proponen varias políticas. La primera, establecer un nuevo marco normativo que defina responsabilidades, reconozca la diversidad de IES y regule la coordinación de los componentes del sistema. Se trata, según el texto, de crear una Ley General de Educación Superior que regule al sistema en su conjunto y que establezca, con fuerza jurídica, el mecanismo de coordinación entre las unidades del sistema y entre estas y la autoridad federal correspondiente. Cabe comentar al respecto que la Anuies ha avanzado en una propuesta concreta para el instrumento legal correspondiente.
Como parte de las propuestas de gobernanza destaca la de revitalizar las Comisiones Estales de Planeación de Educación Superior (Coepes) para que se integren y funcionen de manera homogénea y sean la base del principio de coordinación propuesto. En el mismo sentido, establecer dos nuevos órganos colegiados: El Consejo Nacional de la Educación Superior y El Consejo Social de Educación Superior. El primero estaría integrado por representantes de las Coepes y autoridades educativas de nivel federal. El segundo por especialistas, académicos y representantes de sectores sociales. La idea es que el Consejo Nacional sea corresponsable de las decisiones de política sectorial, y que el segundo opere como un órgano consultivo para la definición de políticas.
Además de lo anterior, se recomienda desarrollar el Desarrollar el Espacio Común de la Educación Superior (Ecoes) sobre la base de un Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos, a través del cual se facilitaría la movilidad estudiantil entre las instituciones y entre los programas académicos que ofrece el sistema.
En materia de ampliación de la matrícula, se propone la meta de alcanzar el cincuenta por ciento de tasa bruta de cobertura, es decir que la matrícula total de licenciatura del sistema sea equivalente a cuando menos la mitad del volumen de población del grupo entre 18 y 24 años de edad en 2024. El alcance de esta meta no es sencillo porque, en primer lugar, implica un ritmo de crecimiento de más de 160 mil nuevos lugares por años. En segundo lugar, porque el segmento demográfico que aún no ha tenido acceso al nivel superior es, precisamente, el más vulnerable en términos económicos y académicos, lo que se traduce en retos de apoyo económico para el acceso y la permanencia de estos grupos, y también en nuevas políticas para evitar el rechazo y la deserción de quienes no han conseguido una formación educativa sólida. Las ideas que recorren el conjunto de propuestas al respecto son las de inclusión social y cierre de brechas: entre grupos de población, entidades federativas y regiones del país. Además, se incluyen propuestas para ampliar la matrícula en los estudios de posgrado, en particular en las áreas en que México requiere un mayor número de especialistas de nivel avanzado.
En el documento se reconoce la urgente necesidad de combinar la política de ampliación de la cobertura en los niveles de educación superior y posgrado, con acciones decididas en el nivel medio superior: universalizar el acceso de los jóvenes al ciclo de bachillerato, y mejorar sustancialmente la calidad de los aprendizajes. Sin esos dos objetivos, será bastante difícil conseguir la mejora de cobertura que se plantea en el documento de Anuies.
Para mejorar la calidad del sistema, se proponen en el texto cinco vías de acción. Primera, consolidar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, gestando incentivos para que la totalidad de los programas institucionales cuenten con garantía pública de calidad. Segunda, profesionalizar la carrera académica en todas las IES del país mejorando los procesos de incorporación, actualización, desarrollo, retiro digno y relevo generacional. Tercera, fomentar un perfil del egresado con conocimientos, actitudes y valores que le permitan funcionar exitosamente, mediante estructuras y contenidos curriculares innovadores y con estándares internacionales. Cuarta, promover reformas curriculares que se sustenten en modelos educativos innovadores y centrados en el estudiante. Por último, fomentar que las instituciones de educación superior fortalezcan la vinculación con los sectores productivos para aprovechar espacios de aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales.
Nos queda pendiente revisar las propuestas sobre responsabilidad social y financiamiento. Lo dejamos para la próxima semana.
