Se atribuye a Einstein la idea: “la definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. No se ha podido documentar cómo, cuándo o dónde el físico alemán habría dicho eso, aunque la expresión se cita con abundancia por la verdad que encierra. Y viene a cuento ahora que se ha iniciado la “consulta participativa para una nueva reforma educativa” que, como informó el probable titular de Educación Pública del nuevo gobierno, Esteban Moctezuma Barragán, tendrá tres componentes: los 32 foros estatales que tendrán lugar en universidades públicas, la consulta abierta mediante una plataforma digital, y el mecanismo denominado “un Diálogo Social, a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país”.

La organización de los foros en universidades ha sido apoyada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, y forma parte de proceso de acercamiento de la agrupación al gobierno entrante. Se espera que tales foros se realicen en el periodo que va del 27 de agosto al 29 de octubre. El primero tuvo lugar el pasado lunes, en la Universidad Autónoma de Chiapas, y están programados dos más: el 29 de agosto en la Universidad Juárez Autónoma de Durango (UJED) y el 31 en instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Seguramente se anunciarán en próximos días los calendarios y sedes de los subsecuentes.

Para la consulta digital se abrió el sitio “porunacuerdoeducativo.com”, que incluye un formulario el registro y recepción de propuestas. Hay también la red social @acuerdoedu que transmite tweets sobre la marcha de la consulta. Del tercer mecanismo, la consulta domiciliaria a cargo de “brigadistas voluntarios” (¿coordinados por cuál instancia?), se sabe poco acerca de fechas, cobertura y procedimientos, pero podemos suponer que ello está en fase de programación y luego veremos cómo se instrumenta.

El argumento que justifica estas consultas ha sido enunciado, por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a partir de la necesidad de considerar el punto de vista de los agentes de cambio: los maestros, los padres de familia, y los especialistas en materia educativa. Se cuestiona, en el mismo sentido, al proceso que condujo a la reforma normativa de 2013, basada en un acuerdo entre partidos y con escasa o nula presencia de las organizaciones magisteriales. También se ha cuestionado que la elaboración del nuevo modelo educativo, que apenas acaba de entrar en operación, quedó exclusivamente en manos de los equipos técnicos de la SEP.

No hay que olvidar, sin embargo, que en varios puntos del sexenio por concluir se desarrollaron fórmulas de consulta. Es más, que estas estaban previstas en el paquete normativo aprobado en 2013: en el transitorio décimo segundo de la Ley General de Educación reformada (DOF, 11 de septiembre de 2013) se contempla la obligación para las autoridades educativas de “revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos”; y en el transitorio vigésimo segundo de la Ley del Servicio Profesional Docente (DOF, 11 de septiembre de 2013), la obligación para la SEP de proceder al “diagnóstico, rediseño y fortalecimiento del sistema de Normales Públicas”. Asimismo, en el Programa Sectorial Educativo 2012-2018 se establece que “es necesario revisar el modelo educativo, la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales y métodos educativos. Para este propósito serán necesarias consultas al magisterio, a los padres de familia y a la sociedad.”

En enero de 2014, todavía con Emilio Chuayfett al frente de la SEP, se emitió la convocatoria a los “Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo”. Estos tuvieron lugar de febrero a junio de ese año y consistieron en tres reuniones nacionales (educación básica, educación media superior y educación normal), y 18 foros regionales de consulta pública. Para alimentar el contenido de la consulta la SEP publicó tres “documentos base”, en que se planteaban posibles preguntas para que los participantes abordasen una reflexión. Los foros se realizaron, participaron miles de profesores y otros interesados, y al cabo, a finales de 2014, se publicaron las relatorías.

En julio de 2016 se anunció la propuesta de un “nuevo modelo educativo” que, se decía, tomaba en cuenta las inquietudes y propuestas desahogadas en los foros de 2014. Pero desde su publicación fue un documento criticado, sobre todo, por especialistas y expertos en educación. Entre otras razones porque no parecía haber considerado el punto de vista del magisterio. La SEP decidió entonces “someter los documentos al análisis y discusión de todos los actores involucrados en la educación, a través de foros en todo el país (...) Al término de este ejercicio, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sistematizó en un informe los más de 298,200 comentarios, además de 28 documentos externos” (Aurelio Nuño Mayer, “Modelo educativo para la educación obligatoria”, Distancia por Tiempos, 15 de marzo 2017). En marzo de 2017 se dio a conocer la versión reformada del nuevo modelo en la cual se afirma, pero no se documenta, el impacto específico de la segunda versión de los foros consultivos.

Sobre las escuelas normales, además de los foros 2014, en 2016 y 2017 “se realizaron varias reuniones nacionales con autoridades educativas estatales, directivos, docentes y estudiantes normalistas quienes, de manera conjunta con académicos e investigadores de otras IES e institutos de investigación, plantearon una visión común y construyeron consensos para fortalecer y consolidar a las Escuelas Normales y refrendar su lugar como las principales instituciones formadoras de docentes.” (SEP, “Escuelas Normales. Estrategia de fortalecimiento y transformación”, 2017). En fin, que de consultas tenemos experiencia reciente. El problema está en la conexión entre la consulta y la toma de decisiones ¿Esta vez va la buena?