La violencia con la que militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, evitaron la realización del Foro de Consulta Estatal Participativa correspondiente al estado de Guerrero (Acapulco, 7 de octubre 2018), muestra un aspecto de la confrontación que sectores de la disidencia magisterial están dispuestos a desplegar ante la formulación y puesta en marcha de una política educativa que no incluya cabalmente las que consideran demandas legítimas de su organización.

En otros foros estatales, representantes de la CNTE han insistido que, para comenzar, debe borrarse toda huella de la reforma educativa, lo que incluye la reforma constitucional, la normativa secundaria, los instrumentos financieros correspondientes, las instituciones creadas en este marco (el INEE y la Coordinación del Servicio Profesional Docente), y el nuevo modelo educativo. Como alternativa se propone el desarrollo de nuevos enfoques de formación y evaluación docente, la adopción de enfoques curriculares y materiales de estudio adaptados a los contextos locales y regionales.

Importa mencionar que, después de los sucesos de Acapulco, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) buscó aclarar los motivos de la acción de fuerza. En palabras de uno de sus dirigentes, Walter Emanuel Añorve, hasta hace poco coordinador de la región Acapulco de la organización, el propósito de la intervención “no era reventar el foro educativo” sino responder a agresiones de miembro del SNTE presentes en el evento. Además, Añorve informó que ellos habían anticipado a los organizadores la posibilidad de una confrontación: “se nos quiso imponer un formato a pesar de que advertimos de que esa situación se podía dar, de una u otra manera se les salió de control, lo cierto es que se los advertimos y hoy se dan cuenta que la realidad de Guerrero es distinta a la realidad de otros estados”. (La Razón, 8 de octubre 2018).

A pesar de su postura radical, la CNTE ha recibido respaldo de algunos legisladores: ¿de qué otro modo puede interpretarse el “no quedará ni una coma” de la reforma educativa expresado por el diputado Mario Delgado? En contraposición, el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha tenido el cuidado de dejar abiertas posibilidades de continuidad del modelo educativo e incluso para alguna fórmula de evaluación docente, y no ha cancelado la opción de que un INEE reformado pudiera seguir funcionando.

El presidente electo, Andrés López Obrador, ha reiterado con claridad su compromiso de campaña en el sentido de cancelar la reforma educativa. Sin embargo, el mismo día del foro de Acapulco, declaró en Zacatecas que “lo único que va a quedar (de la reforma educativa) es el manejo de la nómina que lo va a seguir teniendo el Gobierno federal, para que le llegue el dinero a los maestros y para que les llegue el aumento”.

Este último aspecto, el control centralizado de la nómina, el gasto operativo y los recursos de programas federales, fue uno de los proyectos relevantes para lograr el objetivo de “recuperar la rectoría del Estado en educación” que, se recordará, abanderó la iniciativa de la reforma educativa desde sus primeros planteamientos en 2012. La creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en reemplazo del anterior Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que era transferido a las entidades para que ellas solventaran el pago de la nómina federalizada, posibilitó la recentralización de los fondos federales para financiar los sistemas educativos estatales. El objetivo político del instrumento, logrado en alguna medida, aunque no por completo, era evitar la llamada “doble negociación” entre la representación sindical, la Federación, y las autoridades estatales.

Para la CNTE, según reportan varios medios, la abrogación de la reforma debe regresar el control de la nómina a la jurisdicción estatal. El argumento que los liderazgos de Oaxaca y Guerrero, por lo pronto, radica en que el FONO no reconoce un número significativo de plazas de agremiados de la CNTE: entre cuatro y cinco mil en cado uno de esos estados, y ha operado como un instrumento de presión en contra de los movimientos magisteriales en las regiones en que tiene presencia y actividad la organización disidente. (véase “Quiere CNTE nómina en manos de gobernadores”, nota de Arcelia Maya, Reforma, 9 de octubre 2018).

No será sencillo para el gobierno de Morena reducir las posiciones que enarbola la CNTE en la actualidad, el organismo a no dudarlo continuará con su hasta ahora exitosa estrategia de movilización-negociación. Ello representa un reto importante para legitimar las posibilidades de cambio en el espacio educativo de los próximos años.