En varios países del área latinoamericana, con mayor intensidad en Argentina, Chile y Colombia, se han desarrollado en los últimos meses movilizaciones que tienen en común demandas de mejora de las condiciones de trabajo docente y los ingresos, aunque también particularidades relativas a las formas de gestión. Tales movilizaciones han cobrado un notable alcance territorial y tenido eco entre los estudiantes y en otros sectores sociales. Veamos algunas de sus características, enfoque y perspectivas.
El 3 y 4 de este mes se llevaron a cabo, por convocatoria del Colegio de Profesores de Chile, dos jornadas de paro laboral acompañadas de marchas y manifestaciones en todo el país. La acción de paro laboral fue seguida en las principales ciudades del país y de manera parcial en otras localidades. La marcha y manifestación de los docentes en Santiago, el 4 de octubre, logró reunir, según informan los diarios de la capital chilena, a más de treinta mil profesores y simpatizantes del movimiento.
El objetivo de la movilización fue, principalmente, patentizar el incumplimiento del gobierno de Sebastián Piñera con respecto a las demandas que el gremio ha presentado y dialogado desde abril de este año. Según Eduardo González, protesorero del Colegio de Profesores, el propósito del paro consistía en “exigirle al gobierno una respuesta clara en relacionan a las demandas que han sido expuestas hace más de 5 meses, pero, por otra parte, es dar cuenta de la capacidad de fuerza y de movilización que el Magisterio tiene” (Convocatoria: Todos a sumarse al paro nacional docente del 3 y 4 de octubre, 28 de septiembre 2018, en página web del Colegio de Profesores).
El pliego petitorio que los profesores chilenos han desarrollado se titula “Mejores condiciones laborales para mejoras pedagógicas” e incluye una decena de puntos, varios de ellos de naturaleza laboral y salarial, otros relacionados con la necesidad de reformas en los modos de gobierno, gestión pedagógica y administración educativa. Los profesores se quejan del incumplimiento de compromisos de incremento salarial, del exceso de cargas administrativas y docentes, de la falta de estabilidad laboral, de desigualdades de trato para distintas figuras y categorías profesionales, de los excesos de la evaluación docente, de la ausencia de una carrera directiva pautada con claridad, de limitaciones en la normativa sobre carrera docente, así como de un verticalismo en la toma de decisiones que atañen a los centros escolares. Dos de los rubros del pliego (superar la educación estandarizada, y nueva educación pública) formulan propuestas para abrir el debate sobre el contenido curricular y las formas de evaluación prevalecientes.
En Argentina el conflicto entre los gremios magisteriales de educación básica, media y superior con el gobierno federal y los gobiernos provinciales ha alcanzado una condición prácticamente crónica. Cada año, en la temporada de las “paritarias”, es decir las mesas de negociación entre autoridades gubernamentales y docentes, las movilizaciones, protestas y acciones de presión y resistencia forman parte del escenario político argentino. Cada año de la gestión presidencial de Mauricio Macri ha abundado en conflictos con el magisterio. El 2018 no ha sido excepción, al contrario. En julio de este año, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) tomó la decisión de impulsar la suspensión de actividades universitarias en caso de no llegarse a un acuerdo gremial. En finales de agosto se verificó en la capital argentina una de las mayores manifestaciones de los últimos años en contra del “vaciamiento educativo” de Macri. Aunque la jornada de protesta fue convocada bajo la denominación de “Gran Marcha Universitaria”, a ella acudieron los sindicatos docentes, estudiantes, rectores, padres de familia, entre otros interesados.
Como la respuesta de incremento salarial no ha sido satisfactoria, Los sindicatos que forman el Frente de Unidad Docente Bonaerense de la provincia argentina de Buenos Aires (cinco agrupaciones gremiales) organizaron el 9 y 10 de octubre jornadas de paro docente como presión al gobierno local por sus demandas. Esta fórmula de protesta se aúna a las “tomas” de instalaciones universitarias en varias instituciones del interior del país y coincide, asimismo, con otras convocatorias de suspensión de labores en actividades de producción y servicios convocadas por la Confederación General de Trabajadores (CGT).
En Colombia se eligió presidente en mayo de este año. El candidato triunfador, Iván Duque Márquez, del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a pesar de su denominación centrista se identifica como una agrupación política de derecha. A pocos de iniciada la nueva administración está enfrentando una sólida movilización de estudiantes, profesores y autoridades universitarias cuyo eje central es la protesta ante una importante reducción del gasto público sectorial programado para el 2019.
El 10 de octubre se celebró las primeras marchas y manifestaciones en la capital y en otras ciudades colombianas para visibilizar la inconformidad ante la medida. Los estudiantes agrupados en el frente “Movimiento Estudiantil Colombiano” convocaron a un paro nacional universitario del 11 al 20 de octubre. Esta propuesta fue respaldada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) que iniciará, a partir del jueves 18 de octubre, un cese de actividades en espera de un nuevo posicionamiento gubernamental respecto al presupuesto educativo.
Aunque las demandas del sector universitario y el gremio magisterial de educación básica son diferentes, coinciden en la necesidad de ampliar o al menos sostener el gasto público educativo. La convergencia de estos movimientos si no logra ser contenida por el gobierno puede derivar en una pronta paralización de las actividades educativas en Colombia.
Lección: Ojo al tema educativo, es un factor de movilización social de primera importancia. No caben errores.
