Por segunda vez en una década, las calles de Colombia están inundadas de grandes protestas estudiantiles. Como fue el caso en 2011, se han sumado los profesores y administradores universitarios y los principales sindicatos en rechazo a las políticas económicas y de educación superior del gobierno entrante. Los estudiantes le están exigiendo al gobierno de Iván Duque 18.2 billones de pesos colombianos (unos 5.5 mil millones de dólares) para las universidades públicas, que se encuentran en crisis financiera después de décadas de políticas de corte neoliberal. Los manifestantes también rechazan una polémica reforma tributaria que impondría un IVA de 18 por ciento a casi toda la canasta familiar.
El 15 de noviembre, miles de estudiantes, junto con los grandes sindicatos, tomaron las calles de Bogotá y otras ciudades, en la sexta manifestación en poco más de un mes. Además, las 32 universidades públicas del país están en paro desde el 10 de octubre, cuando se desató el movimiento estudiantil a nivel nacional.
Las protestas se han convertido en un enorme dolor de cabeza para el nuevo presidente, quien apenas cumple 100 días de gobierno. Duque, un ex directivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y miembro del partido conservador Centro Democrático, le ganó al ex alcalde de Bogotá y exguerrillero Gustavo Petro por un margen de 12 puntos en las elecciones presidenciales del 17 de junio. Durante su campaña, Duque prometió reactivar la economía y unir al país, después de décadas de conflicto armado y polarización política.
Sus propuestas económicas, sin embargo, le han ganado más enemigos que adeptos. Desde mediados de octubre, la popularidad del presidente se ha desplomado 20 por ciento, de 47 a 27 por ciento, según la última encuesta aplicada por la consultora Invamer.
En respuesta al movimiento estudiantil, Duque ha prometido dotar más recursos a la educación superior pública. El 10 de octubre, su gobierno llegó a un acuerdo con los rectores de las principales universidades públicas para invertir 4 billones de pesos (1.25 mil millones de dólares) en el sector. El monto representa un incremento del más del doble de lo propuesto por el gobierno saliente para 2019, según reportó CNN en Español.
No obstante, la propuesta fue rechazada por los estudiantes, quienes salieron a la calle el mismo día para exigir una inversión pública muchísimo mayor. En específico, piden 3.2 billones de pesos (casi mil millones de dólares) para el pago de salarios y servicios públicos y otros 15 billones (4.5 mil millones de dólares) para mejorar la infraestructura de las universidades, según le dijo a CNN Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior.
Palacio, una de las principales voces del movimiento, denunció el 10 de noviembre haber recibido amenazas de muerte durante las marchas y a través de las redes sociales. “Nos atacan tanto los sectores de derecha como los sectores de izquierda”, afirmó en entrevista a un medio nacional. Y agregó: “Defender la educación como derecho: una causa tan noble que busca ser opacada por algunos violentos”. En los últimos días, miles de personas han mandado mensajes de apoyo al líder estudiantil a través del hashtag #YoTambienSoyAlejoPalacio.
Los estudiantes también han hecho otras demandas al gobierno de Duque. Piden duplicar el presupuesto para ciencia y tecnología, que actualmente es el más bajo, en términos proporcionales, de las economías líderes de América Latina. Entre 2014 y 2016, la inversión colombiana en CyT bajó de 0.31 a 0.27 por ciento del PIB. En comparación, en 2015 Brasil gastó 1.27 por ciento del PIB, Argentina, 0.53 por ciento, México, 0.5 por ciento, y Chile, 0.36 por ciento, según cifras de RICYT.
El movimiento también exige el congelamiento de los aranceles en las universidades. A diferencia de muchos países de la región, las universidades públicas en Colombia cobran colegiaturas con base en un estudio socioeconómico de la familia. Por ejemplo, el costo semestral de la Universidad Nacional de Bogotá varía entre 40 dólares para un estudiante del estrato social más bajo a 2,400 dólares para estudiantes de estratos altos, según la revista electrónica Bakanika. En las privadas más caras, como la Universidad de los Andes, el costo alcanza los 7,300 dólares por semestre.
Otra demanda central del movimiento es el refinanciamiento de los préstamos estudiantiles a una tasa cero. Colombia cuenta con el sistema de préstamos estudiantiles más antiguo de la región. En 1950, se fundó el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), con el propósito inicial de dar créditos a colombianos para estudiar en el extranjero. Sin embargo, en 2005 el gobierno conservador de Álvaro Uribe—viejo aliado de Duque—transformó el ICETEX en una entidad financiera, y comenzó a extender préstamos a estudiantes para cubrir las colegiaturas en las universidades privadas. La institución extiende créditos subsidiados por el Estado, con tasas de interés que varían entre 3.6 por ciento para los estudiantes más pobres a 13.7 por ciento para los de mayores recursos. En comparación, la tasa de los bancos ronda los 16.7 por ciento, según datos de ICETEX.
La política de créditos estudiantiles ha facilitado el enorme crecimiento de la matrícula, que se ha casi duplicado desde 2007: de 1.3 millones a 2.15 millones de estudiantes. Pero a un costo muy alto para los estudiantes y sus familias. El ICETEX actualmente otorga créditos a más de 411 mil estudiantes, de los cuales 100 mil son morosos, según datos del propio gobierno.
Por último, los estudiantes exigen la preservación de fondos para escuelas técnicas y vocacionales, el respeto al derecho de la protesta y la acreditación voluntaria de las universidades. Hasta el momento, el gobierno de Duque sólo ha dado una respuesta parcial al tema del financiamiento en el sector.
El contexto de la protesta
Las manifestaciones son las más grandes desde 2011, cuando grupos estudiantiles paralizaron al país en rechazo a una reforma a la Ley 30, que rige la educación superior colombiana. La ley, aprobada en 1992, limitó los fondos para las instituciones públicas, sembrando las bases para la actual crisis financiera en el sector.
A principios de 2011, el entonces presidente Juan Manuel Santos propuso “actualizar” la ley al abrir la puerta a instituciones con fines de lucro, flexibilizar el régimen de profesores por horas y ampliar los créditos para estudiantes de las universidades privadas, entre otros cambios. La propuesta, que buscó responder a la creciente demanda por estudios universitarios, generó un fuerte rechazo por parte de los estudiantes y profesores de las universidades públicas, que la vieron como un subsidio para el sector privado.
Después de 8 meses de protestas nacionales organizadas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), Santos retiró la iniciativa de ley del Congreso. También llamó a la construcción de una nueva ley de educación superior, en conjunto con el sector universitario. Sin embargo, en 2014 Santos presentó un nuevo documento, el Acuerdo por lo Superior 2034, que no tomó en cuenta las propuestas del movimiento estudiantil.
Mientras tanto, la crisis en las universidades se empeora año con año, resultado de varias décadas de reducción en el gasto público para el sector. Desde los años 90, la matrícula en la educación superior colombiana se ha cuadruplicado. Tan solo entre 2007 y 2015, la tasa bruta de cobertura aumentó de 31.6 por ciento a 49.4 por ciento, según cifras oficiales. A su vez, la proporción de los estudiantes que asisten a universidades privadas ha aumentado paulatinamente hasta llegar a casi la mitad (49.1 por ciento) en 2015.
En el mismo periodo, el gasto gubernamental por estudiante se redujo a la mitad, según un estudio del North American Congress on Latin America (NACLA), un centro de investigación con sede en la Universidad de Nueva York. Actualmente el subsidio gubernamental cubre menos de la mitad del presupuesto institucional. Mientras en 2000, el aporte gubernamental equivalía 0.55 por ciento del PIB, desde 2015 el número ha caído a 0.4 por ciento, según el reporte.
El resultado es un proceso de “privatización informal”, en donde las instituciones públicas buscan recursos a través de la venta de consultorías, cursos de extensión orientadas al mercado y programas de posgrado de alto costo, y, de forma creciente, a través de convenios de investigación con la industria. Pero esas estrategias no han sido suficientes para subsanar las finanzas de las universidades.
Ahora, el movimiento estudiantil exige el reconocimiento de la educación superior como un derecho universal y un bien público. El 6 de noviembre, un grupo de estudiantes y profesores se reunieron con oficiales del Ministerio de educación durante 11 horas y exigieron una reunión con Duque. Pero el presidente se ha negado a recibir a los estudiantes, argumentando que ya llegó a un acuerdo con los rectores.
El aumento de la violencia
El 7 de noviembre, estudiantes irrumpieron en las oficinas de la rectora de la Universidad Nacional en Bogotá, obligando a todos los funcionarios a salirse. El día siguiente, marchas en varias ciudades colombianas terminaron en violencia, cuando un grupo de manifestantes encapuchados lanzaron una “bomba incendiaria” contra un policía antimotines. La policía respondió lanzando gas lacrimógeno contra los manifestantes.
El movimiento estudiantil condenó los actos violentos, alegando que son cometidos por personas ajenas al movimiento (posiblemente actuando bajo órdenes del gobierno). Mientras tanto, La Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá denunció los arrestos ilegales de 8 estudiantes y la represión por parte de la policía.
Con el anuncio de un paro nacional para el 28 de noviembre, se espera que la confrontación crezca aún más. Ante ese contexto, Duque tendrá que decidir si continuar con las actuales políticas privatizadoras o seguir el camino de Chile, y apostar por un giro de rumbo a favor de la educación superior pública. Los próximos meses serán decisivos.
