Con el inicio de un nuevo régimen político, que se propone impulsar transformaciones en prácticamente todos los ámbitos de la actividad gubernamental, algunas ya a la vista, el año que comienza promete ser particularmente intenso en el ámbito del sistema de educación superior del país. Para comenzar, el próximo febrero se abrirá el debate legislativo de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo Federal para reformar el artículo Tercero constitucional.
Entre otros aspectos, la propuesta de reforma constitucional contempla tanto la obligatoriedad como la gratuidad de la educación superior pública. No queda claro en la iniciativa enviada al Congreso si el alcance de ambas garantías (obligatoriedad y gratuidad) implica la responsabilidad absoluta del Estado de proveer educación superior para toda la población que la demande, ni tampoco la eliminación inmediata de las cuotas que se pagan en las IES públicas por concepto de inscripción y colegiaturas. Tal y como está redactada la propuesta ambas garantías quedan sujetas a interpretación: “El Estado promoverá la inclusión de los jóvenes a la educación superior y establecerá políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia.” (Iniciativa de reforma al Art. 3ro. Constitucional, fracción IV).
Es probable que en el debate legislativo se aborde el tema y sería de esperar que las nuevas garantías (obligatoriedad y gratuidad de la educación superior) se precisen. Otro aspecto de la reforma, que fue muy criticado al darse a conocer la iniciativa el 12 de diciembre del año pasado, fue la exclusión del texto vigente de la fracción VII de dicho artículo. Este segmento consagra el conjunto de garantías que la Federación reconoce para las universidades que gozan de autonomía. En la versión publicada en la Gaceta Parlamentaria del 13 de diciembre permanece la omisión, no obstante que el Ejecutivo Federal aclaró que se trata de un error o descuido de transcripción. Como sea, se espera que la errata sea enmendada en la versión final.
Un aspecto que sin duda va a generar movimiento en el sector universitario es el que concierne al subsidio público que reciben las IES pública, en particular las universidades autónomas del país. Se recordará que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación entregado por Hacienda a la Cámara de Diputados consideraba reducciones significativas en este renglón, y que el propio Ejecutivo dio marcha atrás a la propuesta para resarcir la base presupuestal otorgada en 2018 más el costo de la inflación, lo que dio por resultado que las universidades autónomas recibirán el mismo subsidio que el otorgado el año pasado.
En medio de la polémica desatada por el pretendido recorte al subsidio universitario, se resaltó que las instituciones comprendidas en el sector deben mejorar en transparencia, rendición de cuentas, y también en los salarios, prestaciones y otros beneficios que reciben sus funcionarios e incluso la planta académica de carrera. No sería de extrañar que en este año las propias instituciones definan, en uso de sus facultades autonómicas, programas de austeridad y mejores mecanismos de rendición pública de cuentas. En qué medida ello puede afectar la operación y el clima institucional de las universidades es todavía impredecible, porque depende de cuáles y con qué alcance sean las medidas de austeridad que se autoimpongan. Pero, para comenzar con las universidades que presentan condición de déficit en la administración de sus recursos, se impondrán procedimientos para transparentar el uso de los subsidios adicionales que fueron otorgados para su rescate.
Otro tema de importancia es el que concierne a la implementación del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, mediante el cual se propone la creación de cien unidades en otros municipios del país en condiciones de pobreza. Aún antes de darse a conocer las especificaciones del proyecto, el mismo ha sido objeto de discusión en el sector académico, con expresiones a favor y en contra. Al respecto la información más clara es la enunciada por la responsable y titular de la iniciativa, Raquel Sosa Elízaga, quien fue entrevistada por el diario La Jornada y comentó los rasgos generales del proyecto.
Según la coordinadora, las unidades se establecerán en localidades entre 15 mil y 45 mil habitantes, los planteles tendrán no más de mil 600 estudiantes cada uno, podrán ingresar a ello jóvenes de la localidad, pero también aspirantes de cualquier otra procedencia. Se establecerán principalmente en municipios con altos índices de pobreza y con población indígena, y se buscará que el currículum sea coherente con las necesidades reales y los problemas de las regiones en que se ubiquen. En la entrevista, Sosa declaró que “se impulsarán seis áreas del conocimiento: salud, ingenierías agroalimentarias, desarrollo sustentable, energía, patrimonio histórico, social y cultural –que contempla también a la educación y las normales como parte de esta riqueza–; así como estudios sociales, que combinará sociología, antropología, sicología, trabajo social y administración pública, formación que se impartirá en lugares con elevados índices de violencia.” (La Jornada, 28 de diciembre, nota de Laura Poy Solana).
Será interesante observar, antes de cuestionar en abstracto, el rumbo de la iniciativa y su ruta de implementación. Se trata de un proyecto experimental que ojalá rinda los frutos que se ha propuesto.
