Desde la campaña presidencial, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, enunció varias propuestas que atañen al sistema de educación superior del país. Una de ellas, la creación de un centenar de nuevas universidades que se localizarían en municipios y localidades que no cuentan con estos servicios y se encuentran en condiciones de alta marginación socioeconómica. Con ello, hacía notar, se brindarán nuevas oportunidades de inclusión y desarrollo a la juventud vulnerable, al mismo tiempo que mejores condiciones para la atención de los problemas más apremiantes de sus entornos territoriales.
También anticipó que en su gobierno dejaría de haber rechazados a las universidades, lo que sería posible con una creciente ampliación de la infraestructura educativa, un mejor manejo de la administración universitaria, así como con la distribución de un número significativo de becas para que los jóvenes que deseen cursar estudios de nivel superior no vean coartada su aspiración por razones de orden económico.
Una vez electo presidente, el licenciado López Obrador se comprometió con los rectores y directivos agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES) a mantener el subsidio federal a las instituciones de educación superior (IES) en al menos el monto asignado el año previo, con la compensación del cociente de inflación oficialmente reportado.
Al darse a conocer el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, saltaron las alarmas en el sector de educación superior, porque dicho proyecto anunciaba un recorte muy cuantioso a las partidas correspondientes, de casi una tercera parte con respecto al gasto ejercido en 2018. Al mismo tiempo la condición de déficit financiero de una decena de universidades autónomas llegaba a una etapa crítica, en la que esas instituciones declaraban la imposibilidad de cerrar el año con los pagos de salarios y prestaciones correspondientes al fin de año.
Uno y otro elemento encontraron vías de solución. El anunciado recorte al subsidio federal de la educación superior se declaró un simple error en la integración presupuestaria a cargo de la Secretaría de Hacienda, y desde la presidencia se afirmó la intención de corregirlo. Así ocurrió, al menos en lo correspondiente al presupuesto del sector de universidades autónomas. Del mismo modo, a finales de diciembre se dio por concluida la negociación entre las universidades en condición de grave déficit financiero, la SEP y Hacienda. Como resultado de esta las instituciones lograron recursos adicionales para el cierre del año con el compromiso de transparentar su distribución.
El 13 de diciembre se publicó la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a los artículos 3ro., 31 y 73 de la Constitución propuesta por el ejecutivo federal. Aún antes de la circular la iniciativa algunos legisladores y rectores hicieron notar que en la misma se omitía la fracción VII del ordenamiento vigente, lo que implicaría la supresión de las garantías constitucionales de la autonomía universitaria. Igual que en el caso del recorte presupuestal anotado, la presidencia aclaró que se trataba de un error enmendable. Se espera que así suceda en la fase de dictamen de la nueva disposición.
Entre las novedades de la iniciativa, el propósito de convertir la educación superior en obligatoria, gratuita y de excelencia. Aunque loables estos propósitos, la factibilidad de su alcance, en las condiciones de restricción financiera y austeridad que prevalecen hacen difícil su alcance en un plazo razonable.
La viabilidad de los objetivos simultáneos de obligatoriedad, gratuidad y excelencia ha sido objeto de debate a partir de la publicación de la iniciativa presidencial ¿es factible imponer a las instituciones la condición de gratuitas cuando la mayoría de las instituciones, en particular las universidades autónomas, muestra síntomas de déficit financiero, dificultades para solventar las prestaciones pactadas con las agrupaciones sindicales, limitaciones para la renovación de sus planteles docentes y administrativos, y en fin problemas para regularización de plantilla, pago de estímulos y aseguramiento de pensiones? Es prácticamente imposible, a menos que los subsidios que otorgan la federación y los estados a las instituciones se redoblaran considerando, por un lado, los imperativos de restructuración requeridos para el saneamiento financiero, y por otro los proyectos y programas para ampliación de matrícula y mejora de calidad.
Según primeras estimaciones, todavía provisionales, al dejar de percibir ingresos por la vía de cuotas, contribuciones y servicios escolares, las universidades autónomas perderían, aproximadamente, nueve mil millones de pesos anuales. Esta cifra integra los pagos de cuotas de inscripción y colegiaturas (aproximadamente 70 por ciento del total), así como diversos servicios relacionados con las actividades académicas. Para el resto de las IES públicas, la cantidad estimada es de cuatro mil millones de pesos anuales, lo que sumado a la primera cifra totaliza en torno a trece mil millones de pesos por año. Eso es lo que perderían las instituciones de educación superior de imponerse el criterio de gratuidad absoluta.
Por otra parte, para alcanzar en los próximos años, digamos a fin del sexenio, una tasa de cobertura de educación superior equivalente al 50 por ciento de la población en el grupo de edad entre 18 y 22 años, sería necesario añadir aproximadamente un total de un millón de nuevos estudiantes, lo que representa una dinámica de crecimiento de 167 mil nuevos estudiantes cada año. De mantenerse constante la proporción entre el segmento público y el privado de educación superior, el incremento en el sector público sería cercano a 115 mil nuevos estudiantes por año. Al considerar el costo por alumno vigente en las instituciones públicas (aproximadamente 70 mil pesos al año por estudiante), la aportación económica requerida para lograr la meta de cobertura planteada, representaría más o menos 8 mil millones de pesos por año. Es decir, que el resarcimiento de la gratuidad sumado a la expectativa de crecimiento del sistema público implicaría una erogación superior a los 20 mil millones de pesos por año, sin contar la inflación.
La combinación de las necesidades de crecimiento de la matrícula, la obligación de la gratuidad, y el propósito de mejora de la calidad de los servicios necesitan una inyección de recursos públicos sin precedente en la historia. Una apuesta real y sostenida en favor de la educación superior del país. ¿Está el gobierno dispuesto a encarar un compromiso de tal naturaleza y magnitud en favor del sistema? Si es así, bienvenida la nueva normativa. En caso contrario sería mejor no moverle demasiado a las fuentes de ingresos extraordinarios de las instituciones, lo que incluye las disposiciones de cuotas escolares.
Por último, de decretarse la gratuidad constitucional, sería necesaria la modificación de prácticamente la totalidad de las leyes orgánicas de las universidades autónomas, porque en ellas se contempla la integración a los patronatos institucionales de los recursos obtenidos por cuotas escolares y servicios adicionales. El promedio estimado de las cuotas escolares sobre el presupuesto ordinario de las instituciones públicas de educación superior es de diez por ciento respecto a la suma de subsidios federales y estatales. Pero hay casos, en particular las universidades de la región norte, en que dicho promedio alcanza a duplicarse. Por ello conviene tomar en cuenta el dilema: ¿es preferible decretar la gratuidad absoluta o seguir permitiendo el cobro de cuotas en las universidades autónomas y en otras instituciones públicas de educación superior garantizando, simultáneamente, el acceso a becas para la población de menores ingresos?
Es algo que vale la pena discutir lápiz en mano antes de tomar una decisión irrevocable.
Cuadro 1.
