¿Cuáles son las propuestas educativas del "Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo"? Para responder conviene distinguir entre enunciados cuyo enfoque refrenda derechos educativos, de recomendaciones que implicarían reformar sustancialmente la actual política educativa.
Al primer grupo corresponden propósitos como "impulsar la formación de valores culturales, de identidad y conciencia nacionales; la formación de las actitudes y hábitos que logren que una persona se desarrolle y el país triunfe; la formación integral de personas capaces de ser libres y responsables, de convivir, producir y crear." También la consideración de que "la educación debe orientar al educando a aprender a lo largo de toda su vida", y los objetivos de "promover como valores educativos claves el respeto estricto de los derechos humanos así como la preservación y mejoramiento del medio ambiente", asímismo "formar a los mexicanos con una visión universal y con un potencial que les permita lograr su desarrollo, al prepararlos para competir en la sociedad del conocimiento".
Fines de la misma naturaleza están presentes en el artículo 3ro. constitucional y en la Ley General de Educación de 1993 (artículos 7 y 8). Pero, además, la LGE agrega un conjunto de enunciados que no tuvo en cuenta el Acuerdo. Por ejemplo "promover el conocimiento de la pluralidad lingüística del país", "infundir el conocimiento y la práctica de la democracia", y "fomentar actitudes que estimulen la investigación científica y la innovación tecnológica", entre otros.
Por su parte, el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006, desarrolla una encomiable perspectiva al establecer como prioridad la de mejorar la equidad social de oportunidades de acceso y formación, entendiendo que la calidad es una dimensión esencial de la equidad, y que ésta no es posible si prevalecen brechas cualitativas en el sistema. El mismo documento enfatiza la importancia de apoyar la formación de la identidad nacional mediante una perspectiva multicultural que refleje la pluralidad identitario de la nación (véase PNE, capítulo 2).
¿Recuerda el lector el Compromiso Social por la Calidad de la Educación? Se firmó el 8 de agosto de 2002 con la participación de gobernadores, autoridades educativas, el SNTE, el sector empresarial, los rectores, las iglesias y otras organizaciones. El repaso de ese documento hace notar la identificación de los firmantes con la propuesta gubernamental de hacer coexistir los fines de equidad y calidad como fundamento de la política educativa. El presidente Fox añadiría: "equidad con calidad, sí, pero certificada", refieriéndose a la creación del INEE en la inauguración de la Tercera Reunión de Ministros de Educación, el 11 de agosto de 2003.
Todo esto para decir que el Acuerdo de Chapultepec no contienen novedad en el plano de los fines educativos: nada que no esté contenido ya sea en la Constitución, la LGE, el PNE, o el citado Compromiso Social de 2002. Quizás lo nuevo se localice en otra dimensión, la que corresponde a las sugerencias prácticas.
En ese plano, el Acuerdo recomienda: "perfeccionar la calidad de los docentes, enriquecer los contenidos educativos, mejorar la infraestructura y el equipamiento, acercar a la comunidad educativa al nuevo ambiente y lenguaje informáticos, optimizar la gestión escolar y revalorar la función social que desempeñan los trabajadores de la educación." Aunque estos enunciados sugieren estrategias prácticas, lo cierto es que su encauzamiento podría resolverse ya sea en una ruta de continuidad de los programas de esta administración o mediante un nuevo repertorio. Por ello, avanzar en el "cómo" de las propuestas sería fundamental para comunicar la novedad del Acuerdo.
Otro tanto puede afirmarse de propuestas como: "promover una amplia libertad educativa al garantizar la educación gratuita y propiciar la inversión privada en la educación", e "invertir en investigación, desarrollo e innovación en ciencia y tecnología, orientadas a las necesidades y conveniencia del país". ¿Hay algo que impida, en el presente, la inversión privada en educación? No, a menos que el Acuerdo quiera abrir camino a un esquema de traslado de fondos públicos para incrementar la participación empresarial. En el mismo sentido, la propuesta de mejorar la inversión en ciencia y tecnología y encauzarla hacia la resolución de problemas del país, sin dejar de ser oportuna, reitera buenas intenciones del pasado si no se dice cómo, cuanto y cómo se decide.
Por ello, el reto del Acuerdo radica en transitar de los objetivos a las metas y de las intenciones a los compromisos.
