La llamada estafa maestra que, por cierto, todavía no cierra sus capítulos y sigue presente en el espacio noticioso, puso al descubierto mecanismos de movilización ilegal de recursos económicos entre dependencias gubernamentales, proveedores privados y algunas instituciones universitarias. Aun no han concluido los procesos judiciales que permitirán identificar el destino material de esos recursos, así como su utilización en propósitos de tipo político o personal.
La investigación que develó la dinámica de dicho proceso fue emprendida por el portal editorial Animal Político en alianza con la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Los primeros resultados fueron publicados en dicho portal en septiembre de 2017, con un impresionante efecto de opinión pública. Prácticamente todos los medios de alcance nacional habrían de reproducir, con distinto énfasis, los principales descubrimientos. Con base en los informes de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la revisión de la cuenta pública federal de 2013 y 2014, se pudieron detectar contratos irregulares por 7 mil 670 millones de pesos. De esa suma quedaron sin aclaración 3 mil 433 millones.
El destacado trabajo periodístico de Animal Político utilizó con intensidad prácticamente todas las fuentes de datos disponibles para dar seguimiento al flujo de dinero. Según se reporta, hicieron más de quinientas solicitudes de datos a las instituciones gubernamentales de transparencia, tanto la de ámbito federal como las estatales. Además, examinaron más de un centenar de actas constitutivas de las 186 empresas involucradas (con lo que detectaron que 128 no debían recibir recursos públicos), revisaron 43 declaraciones de funcionarios públicos y una docena de auditorías forenses sobre universidades y dependencias gubernamentales.
En el curso de la investigación se pudo saber que las instituciones universitarias que participaron en la operación fueron: la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Se estima que este conjunto de instituciones habría recibido por comisión en la triangulación de recursos en torno a mil millones de pesos.
El medio informativo abrió espacio para que los titulares de dichas instituciones manifestaran o esclarecieran su participación en los eventos reportados. Solamente en un caso se obtuvo respuesta: la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que, en un breve comunicado dirigido al medio expresó: “Los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas 2013 y 2014, de los convenios suscritos con Petróleos Mexicanos, han sido aclarados y solventados ante la Auditoría Superior de la Federación”, el resto de los directivos habría considerado que el medio que difundió el reportaje no era el canal adecuado para hacer precisiones.
En cambio, la mayoría de las dependencias gubernamentales señaladas en el reportaje dieron alguna forma de respuesta a la solicitud de aclaración del medio, con el común denominador de indicar que las irregularidades detectadas por la ASF estaban siendo atendidas y que se disponían a una revisión mayor para identificar, si las hubiera, las responsabilidades correspondientes.
El análisis jurídico del caso ha detectado una probable debilidad en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta norma, que regula las compras y servicios que contrata el gobierno federal, facilita la adjudicación directa de contratos a instituciones de educación superior, ciencia y tecnología cuando el carácter altamente especializado de la compra lo amerita. El artículo 41 de dicha ley autoriza a las dependencias gubernamentales a contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, cuando: “se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación” (fracción X), y en el caso de que “se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad” (fracción XVIII).
El caso no ha terminado, sobre varios funcionarios públicos del gobierno anterior hay expedientes abiertos que deben agotarse próximamente. Para el sector universitario, la divulgación del reportaje, encabezado por Manuel Ureste, Nayeli Roldán y Miriam Castillo, ha tenido un efecto más bien complejo. Por ejemplo, en septiembre de 2018 la fracción de Morena en el Senado propuso un punto de acuerdo para exhortar a la ASF para que audite a las universidades e instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales del ejercicio fiscal 2018. En el mismo sentido, tampoco es casual que la SEP actual esté promoviendo nuevos instrumentos para supervisar el empleo de los recursos transferidos a las universidades en condición de crisis económica.
