Quizás no era de sorprenderse. En mayo, el gobierno de López Obrador dio a conocer la lista de licenciaturas que se impartirían en las 100 Universidades del Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Entre ellas, destacó la licenciatura en Educación Física con especialidad en Beisbol—el deporte predilecto del presidente—que se impartiría en nueve planteles, al igual que la licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable y la de Medicina Integral. La oferta en esas carreras solo fue rebasada por la licenciatura en Ingeniería Agroalimentaria, que se ofertaba en 22 planteles. Las otras 30 licenciaturas quedaron muy atrás, con una mayoría ofrecida en uno o dos planteles.
La beisbolmanía del presidente es bien sabida. El 4 de marzo, el tabasqueño anunció una inversión de 350 millones de pesos para fomentar ese deporte, así como la creación de 10 academias públicas de beisbol y el apoyo gubernamental para tres más. Después, el 1 de agosto, anunció una inversión de poco más de mil millones de pesos para comprar dos estadios de beisbol en el estado de Sonora. Estos serán convertidos en academias de beisbol, con posibilidades de desarrollo para el sector privado, según explicó el presidente en su conferencia de prensa matutina.
Las críticas hacia la bonanza para el beisbol en tiempos de “austeridad republicana” no se hicieron esperar. Por ello, en marzo la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, salió en defensa de la política, insistiendo: “El presupuesto no trae una connotación personal [...] El beisbol no tiene velación de favoritismo”. No obstante, para el nuevo semestre, que empieza en esta semana, ya no aparece la licenciatura en beisbol en la página de la UBBJ (https://ubbj.gob.mx), en lo que parece ser una respuesta del gobierno a las críticas hacia el programa de estudios.
¿Estrategia de equidad u ocurrencia?
La toma de decisiones con base en criterios poco claros no es nada nuevo para este gobierno. Los nueve meses de gestión de López Obrador se han caracterizado por un marcado centralismo, en donde parecen pesar más los gustos o las ocurrencias del presidente que la racionalidad en la formulación de política pública.
Tal ha sido el caso de las políticas de equidad para la educación superior. Entre ellas, destaco las siguientes: la creación del subsistema de las 100 Universidades Benito Juárez, el nuevo sistema de becas para estudiantes y recién egresados—o “jóvenes emprendedores” —y la reforma constitucional que garantiza, por lo menos en términos legales, la gratuidad y la universalización de la educación superior.
En conjunto, estas políticas buscan fomentar el acceso a la universidad para los sectores más marginados de la población, con atención especial a las comunidades indígenas. No obstante, existe una brecha enorme entre el discurso de la equidad y la puesta en práctica de estas políticas. Sobre todo, resalta la contradicción entre las metas tan ambiciosas y los fondos tan reducidos, por no decir paupérrimos.
Para lograr la meta de incorporar a otros 2 millones de jóvenes dentro del sistema en un periodo de aquí al 2024, además de volver gratuito todo el sistema público, se requiere una inversión adicional de por lo menos 10 mil millones de pesos al año, según un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Por su parte, Javier Mendoza, investigador de la UNAM y experto en financiamiento universitario, estima el costo adicional en 14 mil millones por año. Dicha estimación toma en cuenta las cuotas que ya no percibirían las instituciones y que actualmente representan entre 5 y 35% de los presupuestos de las universidades públicas estatales.
No obstante, lejos de prometer más dinero para el sector, no hubo incrementos reales en el presupuesto ordinario para las IES públicas en 2019. Inclusive, algunos programas e instituciones—sobre todo los centros de investigación que dependen del gobierno federal—sufrieron fuertes recortes presupuestales.
A su vez, resalta el poco interés que se ha mostrado hacia el subsistema de las Universidades Interculturales (UI). Estas fueron creadas a partir de 2003 para ofrecer una educación superior pertinente y de calidad para los estudiantes indígenas y de otros sectores marginados. No obstante, las 11 UI actualmente reconocidas por la SEP enfrentan serios problemas presupuestales y una crisis de identidad ante el enfoque universalista de López Obrador. Con la creación de un nuevo subsistema para atender a las comunidades rurales e indígenas, las Universidades Interculturales quedaron sin su principal razón de ser.
Hay similitudes importantes entre los dos subsistemas. En ambos, no hay filtro de entrada, sino examen de colocación. Todos los estudiantes están garantizados becas de 2 mil 400 pesos mensuales, a través del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro—otra de las políticas de equidad prioritarias de AMLO. A su vez, ambos subsistemas ofrecen carreras orientadas al desarrollo social y económico de sus respectivas regiones. Y en los dos, hay una falta de recursos (tanto económicos como humanos) para lograr sus metas de cobertura y calidad.
También hay diferencias significativas. Las UI surgieron de una propuesta pedagógica y cultural novedosa—la de la interculturalidad—que fue desarrollada durante varios años. En contraste, las UBBJ siguen el modelo de las universidades tradicionales, aunque a mucho menor escala, y parecen haber sido improvisadas con una rapidez vertiginosa. Mientras las primeras pasaron por un amplio proceso de consulta, en el que participaron líderes comunitarios, especialistas y funcionarios estatales y federales, las segundas fueron ideadas por un pequeño grupo de funcionarios cercanos al presidente.
En las siguientes secciones, revisamos la situación y retos de los dos subsistemas de mayor relevancia para las políticas de equidad: las Universidades del Bienestar Benito Juárez García y las Universidades Interculturales.
Las Universidades del Bienestar
El proyecto de las 100 Universidades Benito Juárez surgió de una promesa de campaña de López Obrador. En su momento, los críticos cuestionaron la decisión de crear nuevas universidades en vez de invertir en las ya existentes. Pero el presidente fue implacable. En su toma de posesión, López Obrador prometió que la totalidad de los planteles estarían operando en 2019 “con carreras acordes a cada región del país, para atender con educación de calidad y sin pago de colegiaturas a 64 mil estudiantes de nivel superior”.
En realidad, entre las “nuevas” universidades están 18 ya existentes que venía operando el partido Morena en distintas entidades del país. Aun así, el proyecto es sumamente ambicioso. Para finales del sexenio, se espera que las instituciones atiendan a 300 mil estudiantes. Es decir, casi el mismo número de espacios que ofrecen la UNAM y el Instituto Politécnico juntos a nivel licenciatura.
Para echar a andar el sistema, López Obrador nombró a una colaboradora muy cercana, Raquel Sosa Elízaga, la nueva directora del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL). Se decidió que la UBBJ quedaría bajo la administración del CREFAL, una organización regional con sede en Pátzcuaro, Michoacán, en vez de depender de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Tal decisión tiene importantes implicaciones legales, debido a que el CREFAL no se rige por la legislación presupuestal ni la rendición de cuentas de la administración pública federal, según reportó Animal Político. No obstante, la mayor parte del presupuesto de ese organismo viene de la SEP, por lo que sí existe cierto control federal.
En febrero de este año, se mandó la convocatoria para la contratación de profesores, y un mes después, arrancó el primer semestre con 35 mil alumnos distribuidos en 34 carreras, según cifras oficiales. La mayoría de las instituciones operan desde instalaciones prestadas mientras se buscan fondos para construir planteles propios. Para este año, hay un presupuesto aprobado de mil millones de pesos para el subsistema—el mismo monto que fue aprobado para la compra de los dos estadios de beisbol en Sonora.
Las nuevas universidades se concentran en los estados con mayor rezago educativo: Oaxaca, con 11 planteles, Veracruz (8), Chiapas (6), Michoacán (5), y Puebla (4). También hay 10 planteles en la Ciudad de México, en las siguientes delegaciones: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, y Xochimilco. En los demás estados, hay por lo menos dos planteles, con la excepción de Baja California y Querétaro, que cuentan con uno cada uno, según la página de la UBBJ.
Como es el caso de las Universidades Interculturales, el diseño de las licenciaturas busca tomar en cuenta las necesidades de cada región. Aparte de las ya mencionadas, entre las más concurridas están: Ingeniería Ambiental y Estudios Sociales, ambas ofrecidas en 6 planteles, y Agroforestería, en 5 planteles. Aunque existen carreras tradicionales, como Contabilidad y Administración Pública, Derecho, y Enfermería, también hay carreras novedosas, como Gestión Integrada del Agua y Patrimonio Histórico Biocultural.
Lo que no queda claro, sin embargo, es el cómo se determinó la ubicación de los planteles ni cómo se acordaron las licenciaturas que se debían ofrecer en cada lugar. El gobierno no ha hecho público el estudio de factibilidad que debe respaldar el diseño curricular. Inclusive, autoridades educativas estatales de Michoacán y otros estados se han quejado de que no fueron consultados sobre la selección de sedes o carrereas, según reportó El Sol de Zamora a principios de julio.
Cada plantel ofrece entre una y dos licenciaturas, lo que limita las posibilidades de los alumnos de escoger su carrera. A su vez, hay fuertes similitudes entre algunas carreras ofrecidas por la UBBJ y las Universidades Interculturales. Mientras en la primera se ofrece la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, en algunas Interculturales se ofrece Salud Intercultural. Otra carrera que se repite es la de Desarrollo Sustentable, que se ofrece en una mayoría de las Interculturales. No obstante, como veremos en la siguiente sección, también hay grandes diferencias entre los dos modelos de educación superior.
Las Universidades Interculturales
El subsistema de las Universidades Interculturales fue creado por el gobierno de Fox como parte de los esfuerzos por dar fin al conflicto zapatista. En 2001 se aprobó la Ley Indígena, que acogió la demanda de las comunidades por un mayor acceso a educación superior, con un enfoque que respondiera a sus necesidades locales. Aunque no existen datos oficiales, se estima que, para principios de este siglo, los estudiantes indígenas representaban menos del 2% de la matrícula universitaria, mientras su proporción dentro de la población es más del 12%.
En 2001, se creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) para ofrecer apoyo académico y logístico al nuevo modelo de educación superior. Y dos años después, se abrió la Universidad Intercultural del Estado de México, la primera institución con aval del gobierno federal, aunque ya existía una universidad para indígenas en Sinaloa desde 2001. Siguieron las UI de las siguientes entidades, según su año de creación: Chiapas (2004), Veracruz (2005), Puebla, Michoacán, Tabasco, Quintana Roo, y Guerrero (2006), San Luís Potosí (2011), e Hidalgo (2012).
Hoy hay 11 UI que cuentan con reconocimiento de la CGEIB, con un total de 14 mil 939 estudiantes en el ciclo escolar 2018-2019, según datos de la SEP. Tal matrícula representa un incremento de casi 300% desde 2009, cuando hubo 5,828 alumnos inscritos. Dos de las instituciones, la de Sinaloa y de Quintana Roo, ofrecen programas de posgrado, con un total de 61 estudiantes inscritos el año pasado. Las interculturales también representan una opción importante para las mujeres indígenas, quienes representan el 57% de la matrícula.
A pesar del fuerte crecimiento en la matrícula, el presupuesto de las UI se ha mantenido prácticamente igual durante la última década, con incrementos a la par de la inflación. Por sus estatutos, las UI son Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS), por lo que reciben la mitad de su presupuesto del gobierno federal y la otra mitad del estado. Aunque pueden concursar por fondos extraordinarios federales para ciertos programas, no se toma en cuenta ni el tamaño de su matrícula ni de su planta docente para calcular el presupuesto ordinario asignado. Como resultado, hay grandes variaciones en el gasto por alumno entre las instituciones. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, la más grande de las UI, el gasto por alumno en 2018 fue de 14 mil 700 pesos, mientras en la Universidad Intercultural de San Luís Potosí, fue de 117 mil pesos. En promedio, el gasto fue de 44 mil pesos, menos de la mitad de lo que se gastó por alumno en la UNAM.
Las instituciones también enfrentan retos en conseguir docentes calificados, debido a los bajos sueldos, la falta de seguridad laboral y la distancia de las universidades de las grandes ciudades. Según datos de la SEP de 2016, 36% de los docentes de las UI contaba con contratos de tiempo completo, y los demás trabajaba bajo el esquema de “horas clase”. Solo 9.7% tenía el grado de doctorado, 26% de maestría y 58% (la mayoría) contaba con la licenciatura con máximo nivel de estudios.
Además, hay varios proyectos de educación superior indígena que no cuentan con apoyo del gobierno, ni estatal ni federal. Bajo las reglas del subsistema, solo puede existir una Universidad Intercultural en cada estado, por lo que las otras instituciones tienen que buscar fondos de otras fuentes. Entre ellas está la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR), en Guerrero, que sobrevive con cuotas voluntarias de la comunidad y opera sin el Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE).
En un foro organizado por la SEP sobre las Universidades Interculturales en junio, estudiantes y docentes expresaron las dificultades que enfrentan. “Ser estudiante es más difícil que sembrar amapola”, dijo Ana Cristina, una alumna de la UNISUR. Acusó al gobierno de no dar prioridad a la educación de los indígenas. “Seguimos siendo ´los otros´, el pequeño pueblo—dijo— El gobierno no reconoce mis derechos”.
Mientras tanto, Alibert Sánchez, rector de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, criticó la falta de autonomía de las instituciones. “Las universidades interculturales deben salir del tutelaje” del estado, para poder promover sus propios proyectos, dijo. Por otro lado, criticó la falta de apoyo económico por parte de los dos niveles de gobierno, ya que mientras la matrícula de su institución creció 20% el año pasado, el presupuesto solo aumentó en 3.5%. El rector también propuso la creación de políticas de acción afirmativa para fomentar el acceso de estudiantes indígenas en las universidades tradicionales, tanto a nivel licenciatura como de posgrado.
Otros asistentes expresaron preocupación por la creación del sistema de las Universidades Benito Juárez, argumentando que podría desviar atención y apoyos de las Interculturales.
El gobierno ha buscado aplacar esos temores. El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien asistió al foro, dijo que el gobierno está comprometido con ampliar el acceso a la educación para los pueblos indígenas. “No hay desarrollo sin inclusión”, insistió.
No obstante, falta esclarecer cuál es la idea que tiene el gobierno sobre inclusión. Y cuánto está dispuesto a invertir para lograrla. Se espera que las políticas de equidad no sean opacadas por el sueño del presidente de un país beisbolero.
