Decenas de encapuchados irrumpieron en el campus de la prestigiada Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi (JNU), el 5 de enero, gritando eslóganes hindú nacionalistas y apaleando a estudiantes y profesores con barras de fierro, piedras y machetes. En estas horas de terror, por lo menos 35 personas fueron lesionadas, algunas de gravedad. Mientras tanto, la administración universitaria y la policía no solo observaron sin intervenir, sino que facilitaron la salida del campus a los agresores. Los testigos describen cómo los guardias de seguridad abrieron las puertas de la universidad y apagaron las luces de la calle, en tanto que los profesores cercanos al gobierno de Narendra Modi coordinaron a los encapuchados.
Fue el ataque más flagrante a las universidades indias desde diciembre, cuando se desató un movimiento nacional liderado por estudiantes en contra del gobierno hindú nacionalista de Modi. En este mes, los estudiantes de JNU empezaron una serie de protestas por el alza en el costo de las colegiaturas, algo que limitará el acceso para los estudiantes pobres. JNU es una de las instituciones de educación superior más importantes del país y también una de las más politizadas. Además, la universidad ha estado en la mira del gobierno de Modi y sus seguidores por su participación en el movimiento nacional.
Los manifestantes acusan al gobierno de incitar a la violencia en contra de las minorías étnicas y religiosas, sobre todo hacia los 200 millones de musulmanes indios. Han organizado marchas pacíficas y una huelga nacional en que participaron unos 250 millones de personas, según el diario Washington Post. En reacción, el gobierno y sus aliados han lanzado una campaña de represión y hostigamiento en contra de las universidades y cualquier grupo que desafía su autoridad.
El 15 de diciembre la policía reprimió violentamente las protestas pacíficas en dos universidades con mayoría musulmana: Jamia Millia Islamia —en Nueva Delhi— y Alighar Muslim University (AMU) —en Allahabad—, a 120 kilómetros al sur de la capital. Las protestas empezaron el 9 de diciembre en AMU y en Jamia Millia el 13 del mismo mes. Ambas universidades están protegidas bajo la Constitución de la India que permite a las minorías “establecer y administrar” sus propias instituciones educativas.
En AMU, la policía golpeó a estudiantes con palos y disparó gas lacrimógeno y balas (de goma y de plomo), lesionando a unos 100 estudiantes, según reportes de prensa. Mientras tanto, la represión en AMU fue aún más violenta; un estudiante de doctorado perdió la mano tras ser alcanzado por una granada de gas lacrimógeno, de acuerdo con los medios nacionales. Citando la falta de imparcialidad de las autoridades, el tribunal de Allahabad instruyó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a llevar su propia investigación de los sucesos.
Los orígenes de la protesta
Las críticas al gobierno de Modi y a su Partido Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés e hindi) no son nuevas. Desde la primera vez que el BJP estuvo en el poder, entre 1998 y 2004, el partido había dejado en claro su agenda ultranacionalista hindú. Orquestó ataques contra musulmanes y cristianos en todo el país y amenazó a Pakistán (un país de mayoría musulmana) con pruebas de bombas nucleares en 1998. También mandó a reescribir los libros de texto para glorificar a figuras hindúes y denostar a los musulmanes.
Las tensiones religiosas aumentaron notablemente en agosto con la decisión del primer ministro de anexar a Kashmir, el único estado indio con mayoría musulmana. Kashmir ha figurado al centro de la disputa entre la India y Pakistán durante más de medio siglo, e inclusive, ha sido la causa de tres guerras entre los países vecinos. Desde 1954, contaba con un estatus semiautónomo. Sin embargo, Modi decidió tomar el control del territorio de forma unilateral e impuso la ley marcial para aplastar las protestas. También ordenó la suspensión de los servicios de teléfono e internet, y prohibió la entrada de los medios a Kashmir, en un esfuerzo por contener la ira de la población musulmana. Pero varios periodistas, incluyendo un corresponsal de la revista New Yorker, lograron burlar el cerco mediático y reportar sobre la brutal represión en contra de los manifestantes.
La gota que derramó el vaso, sin embargo, fue la aprobación de la controvertida Ley de Enmienda de Ciudadanía el 11 de diciembre. La legislación, que tiene el apoyo de Modi, facilita el proceso de naturalización para inmigrantes de Pakistán, Bangladesh y Afganistán que entraron al país antes de 2015 y que han sufrido persecución religiosa, exceptuando a los migrantes musulmanes. Para los críticos, la ley es anticonstitucional, ya que condiciona a la ciudadanía a la religión de las personas y viola dos de los principios más fundamentales de la democracia india: el secularismo y la tolerancia. A su vez, argumentan que la ley contribuiría aún más la marginalización de la población musulmana.
Otra propuesta polémica del gobierno de Modi es la del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC), que obligaría a las personas a comprobar su ciudadanía —una dificultad en una nación en donde millones de pobres no cuentan con documentación oficial—. Para muchos, la nueva legislación pone el peso de la prueba sobre los musulmanes de comprobar que son ciudadanos de la India y no de los países musulmanes de Pakistán o Bangladesh.
Tales temores han desatado las protestas más grandes desde que la India logró su independencia de Inglaterra en 1947. Más de 25 personas han muerto y cientos han sido lesionadas por causa de la represión gubernamental y los choques entre hindúes y musulmanes, según el Financial Times.
La campaña contra las universidades
Los ataques en las tres universidades forman parte de una estrategia más generalizada del gobierno de Modi de intimidar, desacreditar y debilitar a las instituciones de educación superior. El gobierno ve a las universidades como bastiones de oposición y radicalismo; en suma, un enemigo que debe ser amedrentado o, por lo menos, controlado.
Una semana antes del ataque en JNU, el ministro del interior, Amit Shah, hizo un llamado a sus seguidores a “darle una lección” a los manifestantes en contra de la ley de ciudadanía. Tal mensaje, como lo denunció Jayati Ghosh, profesora de economía de JNU, en una columna publicada en ProjectSindicate.org, “efectivamente incitó a la persecución de las minorías y a cualquier persona que las defienda, y confirmó que los ‘cazadores’ hindú-chovinistas cuentan con el apoyo implícito de los más altos niveles del gobierno”.
Este régimen también ha castigado a las universidades a través de los recortes de financiamiento. Entre 2014 —cuando Modi entró como primer ministro— y 2019, el gasto público en educación superior se desplomó de 0.6 por ciento a 0.2 por ciento del PIB, según Ghosh. En el mismo periodo, el gasto por estudiante se redujo a la mitad.
En respuesta, universidades como JNU han tenido que recurrir a aumentos en las cuotas estudiantiles. Aunque la comunidad universitaria no es en su mayoría musulmana, sí tiene una larga historia de crítica a las políticas gubernamentales. Es de las pocas universidades tradicionales que figuran entre los rankings internacionales —en general, las mejores posicionadas son los Institutos Tecnológicos de la India (IIT)—. La universidad cuenta entre sus egresados al actual Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de Finanzas y gran parte del Servicio Administrativo Indio, además del premio Nobel de 2019 en Economía, Abhijit Bannerjee, quien trabaja temas de pobreza global, de acuerdo con el Washington Post.
Tal contexto de recortes, aunado a las políticas ultranacionalistas del gobierno del BJP, explica en gran medida el enojo de la comunidad universitaria. Pero solo es una parte de la historia. También ha habido protestas en contra de la violencia de género en muchas universidades indias en los últimos años. El resultado es un cóctel explosivo que enfrenta a los estudiantes de las mejores universidades del país al gobierno de Modi.
En el caso del ataque en JNU, el gobierno ha negado la responsabilidad. El comisionado de policía de Nueva Delhi, Amulya Paknaik, declaró que el incidente fue un choque entre grupos rivales de estudiantes. Mientras tanto, miembros del gabinete de Modi, incluyendo a su Ministro de Finanzas, han condenado la violencia. Sin embargo, estudiantes y legisladores opositores han acusado al gobierno de actuar a través de grupos juveniles afiliados al Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), el brazo ideológico del BJP.
“Los fascistas que controlan a nuestra nación tienen miedo de escuchar las voces de nuestros estudiantes valientes. La violencia hoy en JNU es solo una reflexión de ese miedo”, tuiteó Rahul Gandhi, un prominente miembro de la oposición. Gandhi es el nieto de Jawaharlal Nehru, el primer líder de la India independiente y cuyo nombre lleva la universidad.
Tanto el BJP como el Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), el ala juvenil del RSS, han negado responsabilidad por la violencia en la universidad. “Esto es un intento desesperado de las fuerzas de la anarquía, quienes están determinadas a usar a los estudiantes como carne de cañón [para] generar desorden y fortalecer su huella política que va en declive”, el partido tuiteó después del ataque. Por su parte, el ABVP insistió que sus miembros fueron atacados por estudiantes con ligas a grupos comunistas, según el canal France 24.
La cara pública del movimiento
Para el movimiento estudiantil queda claro que el gobierno está detrás de la represión en las universidades. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades de negar el acceso de los medios durante el ataque en JNU, imágenes y videos tomados por los propios estudiantes y profesores han dado la vuelta al mundo. Este material muestra a los encapuchados golpeando a sus víctimas —muchas de ellas mujeres jóvenes— ante las miradas impasibles de los guardias de seguridad.
Una de las víctimas fue Aishe Ghosh, la presidenta de la asociación estudiantil de la universidad. Ella se ha convertido en el ícono de las protestas desde que los hindú nacionalistas la golpearon en la cabeza y el cuerpo con un tubo de fierro, según el New York Times. La imagen de la activista, con su cabeza envuelta en una venda blanca y su brazo izquierdo enyesado por completo, ha servido para darle un rostro al movimiento estudiantil. Goshe, que cursa una maestría en cambio climático, acusa a Modi de intentar convertir a la India en “una Alemania en proceso”: en referencia a las políticas ultranacionalistas y, a menudo, fascistas, del líder de la democracia más grande del mundo.
Después del ataque en JNU, 29 de las universidades más importantes del país han organizado protestas para condenar la violencia. Inclusive, se han organizado manifestaciones grandes en Gujarat, el estado natal de Modi, en donde éste sirvió como ministro en jefe (chief minister) durante 13 años. El estado también ha sido un bastión del BJP durante 22 años.
El 8 de enero se convocó una huelga general en contra del gobierno y en apoyo a las universidades que habían sufrido ataques. Un estimado de 250 millones de personas —la quinta parte de la población— participó en la huelga, incluyendo sindicatos de estudiantes, trabajadores y campesinos, señaló el Washington Post.
El repudio internacional
La violencia en contra de los estudiantes también ha generado repudio entre uno de los bastiones tradicionales de apoyo para Modi: la diáspora hindú. Entre los más críticos se encuentran los estudiantes indios de universidades como Harvard y Oxford que han organizado protestas y campañas en las redes sociales para condenar al gobierno indio.
Más de 200 estudiantes de Harvard —una mayoría de ellos indios— firmaron una declaración en la que expresan “una condena profunda hacia la supresión violenta de los manifestantes pacíficos”. Dijeron que las acciones del gobierno fueron “profundamente reprobables”, incluyendo la “entrada con fuerza” a los campus universitarios, en donde la policía generalmente no está permitida. Otra carta empezada por estudiantes de Harvard después de los ataques en las universidades Jamia Millia y Aligarh Muslim ha conseguido cientos de firmas en docenas de universidades estadounidenses; entre ellas, Columbia, Georgetown y la Universidad de California.
No obstante, llama la atención la ausencia de una condena oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. En contraste, el Congreso estadounidense, con el apoyo del presidente Donald Trump, recientemente aprobó una ley que castiga a los oficiales chinos que cometen violencia en contra de los manifestantes en Hong Kong, en donde hay dos muertos confirmados tras seis meses de protestas —comparado con más de 25 muertos en la India—.
Sin embargo, la creciente presión de la comunidad india en Estados Unidos podría alterar la balanza política en ambos países. La ley de ciudadanía ha movilizado a los estudiantes indios, y a la diáspora india en general, de una manera que no sucedió con la intervención en Kashmir. “En repetidas ocasiones, yo le di el beneficio de la duda al BJP, pero este acto ahora arriesga el tejido social del país”, comentó Shrey Kapoor, un estudiante de la Escuela de Negocios de Harvard, al periódico Financial Times. Y agregó: “La violencia en contra de estudiantes indefensos fue el punto de inflexión para mí”.
Además del impacto mediático, el enojo de la diáspora india puede tener implicaciones para el gobierno de Modi. Este grupo tradicionalmente ha sido una fuente de apoyo para Modi: acude en masa a sus mítines políticos, dona millones a sus campañas electorales y hace cabildeo en Washington a favor de su gobierno. No obstante, mientras muchos expatriados indios han alabado a Modi por elevar el perfil del país en el mundo, ahora se sienten avergonzados por los excesos de su agenda hindú nacionalista.
Por su parte, los 200 mil estudiantes indios en Estados Unidos son una fuente de ingresos importantes para las universidades estadounidenses. El grupo representa casi 20 por ciento del total de los estudiantes extranjeros en el país, según el último reporte de Open Doors. También son influyentes en sus comunidades de origen, en donde logran transmitir sus perspectivas internacionales a través de sus familias.
El futuro de las protestas
Ante la brutal represión del gobierno de Modi, el futuro de las protestas estudiantiles es incierto. En JNU, una mayoría de los estudiantes votó por no inscribirse para el nuevo semestre, que debió empezar el 6 de enero. Aunque no se ha detenido a ningún miembro de los grupos hindú nacionalistas, hay reportes de que la policía está arrestando a estudiantes por haber participado en la violencia, lo que los críticos ven como un intento de silenciar a la oposición.
No obstante, Aishe Ghosh, la activista estudiantil, insiste en que el movimiento no se deja intimidar. “Aunque nos golpean, no damos un paso atrás”, proclamó a un mitin en JNU recientemente, de acuerdo con el New York Times. “¡Viva la revolución!”.
