Ante el implacable crecimiento de la pandemia del coronavirus, las universidades públicas del país no sólo están preocupadas por la continuidad del ciclo escolar y el cumplimiento de trámites administrativos. Varias de ellas, con los recursos a su alcance, están coadyuvando con las autoridades sanitarias para la atención de las personas afectadas. Aquellas que tienen hospitales están sumando sus instalaciones y personal a la infraestructura de las entidades federativas correspondientes. En otros casos, los cuerpos académicos de investigación especializados procuran coordinarse para integrar proyectos de estudio y desarrollo de utilidad frente a la contingencia.

También ha sido relevante, para contrapesar la cantidad, variedad y dispersión de la información que circula en torno a la epidemia, incluso en las versiones oficiales, la participación de científicos y académicos universitarios en los principales medios informativos. El papel que han cumplido para informar al público sobre las características, riesgos, formas de propagación y alternativas de cuidado en los casos de contagio, han sido no sólo de interés, sino también una valiosa contribución al entendimiento social de la problemática, sin la cual las medidas de protección determinadas por las autoridades sanitarias ofrecerían mayor resistencia.

En tal contexto, es de interés registrar qué tipo de acciones se están desarrollando en el entorno universitario a través de la presentación de algunos casos. En esta oportunidad, nos ocuparemos de las medidas implementadas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP. Como se recordará, en los primeros meses del año la BUAP, como varias otras universidades públicas, tuvo que enfrentar condiciones complejas para el desarrollo de la actividad académica regular. En los primeros días de enero, la Auditoría Superior del Estado de Puebla acudió a las instalaciones universitarias con la encomienda de auditar los estados financieros de la institución. Las autoridades universitarias, sin impedir el acceso a los auditores, se pronunciaron en contra de la medida al considerarla atentatoria de la autonomía universitaria.

La defensa de la BUAP consistió en advertir que el legislativo local no está facultado para supervisar el gasto de recursos federales sino, en todo caso, el subsidio local. Aunque el gobernador Luis Miguel Barbosa se expresó favorable a la revisión financiera de la BUAP, finalmente se deslindó del mandato del legislativo al respecto y el caso quedó en suspenso.

El 23 de febrero ocurrió el asesinato de tres estudiantes en Huejotzingo, de ellos dos hombres y una mujer inscritos en la Facultad de Medicina, además del conductor del vehículo en que se transportaban. En reclamo de justicia, la última semana de febrero y las dos primeras de marzo ocurrieron plantones, marchas y paros en varias de las escuelas y planteles de la Universidad. Hacia el 10 de marzo se tomaron decisiones, mediante votación en asambleas, de proseguir o no la suspensión de actividades. Medicina se pronunció por la continuidad del paro, mientras que otras escuelas, como Ingeniería, la Preparatoria 2 de octubre, las facultades de Ingeniería, Contaduría, Cultura Física y Veterinaria y Zootecnia, se pronunciaron ya sea por “paro activo” o bien por la reanudación de labores. Sin poder recobrar todavía el ritmo académico, comenzó la difusión de los riesgos de la epidemia. El gobierno de Barbosa, al igual que el Ejecutivo Federal, se demoró en reconocer la necesidad de medidas urgentes y contundentes. En cambio en el entorno de la BUAP se tomaron las cosas con seriedad y sentido práctico.

Como primera medida, se integró la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación de la Pandemia del coronavirus, por ocho especialistas de los centros universitarios de investigación y la Facultad de Medicina en las áreas de epidemiología, microbiología, infectología, biotecnología, neurociencias, medicina interna y salud pública. Fue formalmente instalada el 15 de marzo y casi de inmediato se pronunció por acciones preventivas: instalación de filtros de acceso; impedimento de acceso a cualquier persona son síntomas; cancelación de reuniones de más de 65 personas, entre otras.

Poco después, el 19 de marzo, a instancias de la mencionada comisión, la BUAP tomó la decisión de suspender las actividades académicas y administrativas. La decisión de la Universidad sería replicada inmediatamente por las mayores universidades privadas en la entidad: UPAEP, ITESM, UDLAP, Iberoamericana, Anáhuac y UVM. Lo más importante, sin embargo, sería la decisión de mantener en operación el Hospital Universitario, las Farmacias Fleming y el Bioterio, que tiene a su cargo proporcionar a los animales empleados en investigación y docencia la debida atención para su supervivencia. También se apoyó la continuidad del trabajo de investigación en las áreas relacionadas con la epidemia, aunque preferentemente con trabajo en casa.

Por último, la comisión junto con las autoridades de la Facultad de Medicina y el Hospital, decidieron que esta última instalación se dedicará exclusivamente al cuidado de infectados con coronavirus-19, debiendo remitir a otros enfermos al sistema de salud pública del Estado. El comunicado correspondiente indicó que solo se atenderá a pacientes que presenten síntomas claros de afectación por el virus, aunque podrían exceptuarse de esta pauta los casos de extrema urgencia.