En 1933, se convocó al Congreso de Universitarios Mexicanos, que reunió delegados estudiantiles, representantes de los profesores, rectores y autoridades del gobierno y se efectuó en las instalaciones de la Universidad Nacional del 7 al 14 de septiembre del año. El primer punto a ventilar, de acuerdo con la convocatoria, se refería a los medios “para dar una orientación a la enseñanza universitaria que esté más acorde con el momento actual”. El trasfondo de la cuestión era doble: por un lado, la huella cultural del vasconcelismo hacía todavía sensible a la corporación universitaria de la necesidad de aproximar la acción educativa de las instituciones de enseñanza superior a las causas populares. Por otro, la posición gubernamental, por influencia de Narciso Bassols, secretario de Educación de Abelardo Rodríguez, aproximaba planteamientos afines a la educación socialista.
El objetivo del Congreso era llegar a acuerdos en forma democrática, que más adelante habrían de ser implementados en las instituciones previa deliberación en los órganos de autoridad correspondientes. Lombardo Toledano, director entonces de la Escuela Nacional Preparatoria, fue electo presidente y ponente de la comisión del Congreso encargada de examinar el tema de la orientación ideológica de la Universidad.
La ponencia, suscrita por Lombardo y otros miembros de la comisión, fue previamente entregada al rector de la Universidad quien la hizo circular entre algunos universitarios distinguidos, entre ellos el entonces consejero universitario Antonio Caso. Caso elaboró una réplica y la comisión convino en que ésta fuera ventilada en el Congreso. La polémica entre Lombardo Toledano, representante de la comisión y Antonio Caso fue extensa y se prolongó más allá del Congreso en la prensa nacional hasta octubre de 1933. El núcleo de la polémica giraba en torno a las tres primeras conclusiones recomendadas por la comisión al pleno del Congreso, que indicaban:
“Primera. Las universidades y los institutos de carácter universitario del país tienen el deber de orientar el pensamiento de la Nación Mexicana.”
“Segunda. Siendo el problema de la producción y de la distribución de la riqueza material, el más importante de los problemas de nuestra época, y dependiendo su resolución eficaz de la transformación del régimen social que le ha dado origen, las universidades y los institutos de tipo universitario de la Nación Mexicana contribuirán, por medio de la orientación de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y establecimientos de investigación, en el terreno estrictamente científico, a la sustitución del régimen capitalista, por un sistema que socialice los instrumentos de la producción económica.”
“Tercera. Las enseñanzas que forman el plan de estudios correspondiente al bachillerato, obedecerán al principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del universo, y rematarán con la enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza. La historia se enseñará como la evaluación de las instituciones sociales, dando preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna y, a la ética, como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta individual, el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin clases, basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos los hombres.”
La réplica de Caso atacaba cada una de esas conclusiones al oponer argumentos centrados en las nociones de autonomía y libertad de cátedra. Entre otros argumentos, Caso defendía que “Cada catedrático expondrá libre e inviolablemente, sin más limitaciones que las que las leyes consignen, su opinión personal filosófica, científica, artística, social o religiosa.” Aclaraba que “como institución de cultura, la Universidad de México, dentro de su personal criterio inalienable, tendrá el deber esencial de realizar su obra humana ayudando a la clase proletaria del país, en su obra de exaltación, dentro de los postulados de la justicia, pero sin preconizar una teoría económica circunscrita, porque las teorías son transitoria por su esencia, y el bien de los hombres es un valor eterno que la comunidad de los individuos ha de tender a conseguir por cuantos medios racionales se hallen a su alcance.”
En el contexto del Congreso, resultó triunfadora la posición de Vicente Lombardo y la comisión. Las conclusiones de ésta fueron incluidas entre los resolutivos del Congreso. Sin embargo, a partir de ese momento, se abrieron una serie de disyuntivas fundamentales: ¿el compromiso social de la universidad debe implicar en papel universitario en la promoción ideológica?, ¿debe la universidad acoger una perspectiva científica, intelectual o ideológica determinada o posibilitar la libre discusión de todas las ideas velando por la libertad de expresión en la cátedra y las actividades de investigación?
La polémica Caso-Lombardo, ventilada en la prensa en septiembre y octubre de 1933 fue seguida con expectación por el público. Al cabo, El Universal hizo una encuesta con la pregunta “¿Es conveniente fijar una orientación marxista a la enseñanza universitaria?” La mayoría de los intelectuales que respondieron a la cuestión se pronunciaron por la negativa repudiando, en general, las tesis de Lombardo.
La reacción dentro de la Universidad fue inmediata. Alumnos de Derecho y la Preparatoria expulsaron a Lombardo de su oficina de director e iniciaron una huelga estudiantil. Además, pedían que cesara la intervención del secretario de Educación (Narciso Bassols) en los asuntos de la Universidad y demandaban una reforma radical de la Ley Orgánica de la Universidad para que se le concediese la autonomía plena.
La reacción del gobierno consistió en conceder autonomía a la Universidad pero separándola de la órbita gubernamental. Más de un lustro duró el conflicto abierto entra las partes pero, a la postre, habrían de imponerse los principios de libertad de cátedra e investigación como fundamentos de la autonomía. Principios que en nuestro tiempo vale la pena seguir defendiendo porque son la esencia misma de la universidad.
