¡No puedo respirar!” Estas fueron las últimas palabras de George Floyd, el hombre negro que murió asfixiado por un policía blanco en Estados Unidos el pasado 25 de mayo. El caso ha desatado las protestas antirracistas más grandes desde el movimiento de los derechos civiles de los años 60, con manifestaciones de apoyo en todo el mundo.
El movimiento Black Lives Matter empezó en 2013, un año después de la muerte de un joven afroamericano en Florida a manos de la policía, pero ha escalado exponencialmente a partir de la muerte de Floyd. En las últimas tres semanas se han organizado protestas en más de 2 mil ciudades y pueblos de Estados Unidos, según un recuento del periódico New York Times. El movimiento ha enfocado su ira en el uso excesivo de la fuerza en contra de la minoría afroamericana, que ha llevado a un muy desproporcionado número de muertes, equivalentes a 2.5 veces la tasa de mortalidad de los blancos, según cifras oficiales.
A la vez, el movimiento ha puesto en la mira las enormes desigualdades que enfrentan los afroamericanos en áreas como la salud, la vivienda y la educación. Eso, a pesar de los avances logrados a partir del movimiento de los derechos civiles. Entre estos destacan las llamadas políticas de acción afirmativa, que dieron preferencia a afroamericanos —y más tarde, a latinos, entre otros grupos desfavorecidos— en el mercado laboral y en la educación superior.
Las primeras políticas de este tipo fueron implementadas en los años 60 en el mercado laboral, para después extenderse a los procesos de selección de las universidades. A la vez, la creación de un programa federal de becas (Basic Grant Program) en 1972 amplió dramáticamente los apoyos financieros disponibles para estudiantes negros y mujeres. Como resultado, entre 1964 y 1968, el número de estudiantes negros en las universidades creció 85 por ciento, de 235 mil a 435 mil, según el Newman Report on Higher Education de 1971, con grandes avances durante la próxima década.
Sin embargo, a partir de los años 80, hubo un gradual desmantelamiento de las políticas de acción afirmativa. Esto se debe a la oposición de grupos conservadores que argumentaron que las medidas eran anticonstitucionales y constituyeron “racismo inverso” en contra de estudiantes blancos. En las últimas décadas, estos grupos han ganado importantes victorias en la Suprema Corte y en los congresos estatales en contra de las políticas compensatorias con base en la raza.
La primera vez que la Suprema Corte dictaminó sobre las políticas fue en el caso de la Universidad de California, en 1978 (Regents of University of California v. Bakke). La corte determinó que la consideración de la raza per se no era anticonstitucional, aunque le prohibió a la universidad reservar lugares (cuotas) para distintos grupos raciales. En juicios subsecuentes, sin embargo, la corte ha puesto cada vez más candados sobre el uso de las políticas de acción afirmativa con base en la raza.
El caso más reciente involucró una demanda en contra de la escuela de leyes de la Universidad de Texas (Fisher v. University of Texas). En su decisión, emitida en 2016, los jueces determinaron que la universidad podría tomar en cuenta la raza de los estudiantes, pero sólo en casos en donde no existían otras alternativas para lograr sus fines de diversidad racial. En términos prácticos, la decisión tuvo un efecto amedrentador sobre las universidades en todo el país al abrirlas a futuras demandas legales por parte de los opositores de las políticas.
Adicionalmente, en las últimas dos décadas, nueve estados han pasado leyes que prohíben el uso de criterios raciales en contrataciones gubernamentales y en los procesos de admisión a las universidades estatales. El primero de ellos fue California, a través de la Proposición 209 de 1996, que impidió cualquier trato preferencial con base en la raza, sexo, color, origen étnico o nacional. A partir de la implementación de la ley en 1998, el porcentaje de estudiantes negros e hispanos que fueron aceptados al sistema de la Universidad de California (UC) bajó a la mitad, según un análisis del New York Times y cifras de la universidad. El impacto fue particularmente marcado en los campus más competitivos, como los de Berkeley y Los Ángeles. Hoy, el porcentaje de alumnos negros en los nueve campus que conforman la UC es de 3 por ciento, aunque los afroamericanos representan 7 por ciento de la población de edad universitaria en el estado.
Otro dato preocupante: en las universidades más competitivas del país, la brecha racial es aún más marcada que hace 35 años. Actualmente, los afroamericanos representan 6 por ciento de los alumnos de las escuelas de élite, aunque son 15 por ciento de jóvenes de edad universitaria. También hay fuertes desigualdades en estados con grandes poblaciones negras. Tal es el caso de Mississippi, Louisiana, Georgia y Carolina del Sur, en donde los estudiantes afroamericanos son menos de 15 por ciento de los inscritos en las principales universidades públicas de cada estado, a pesar de representar la tercera parte de la población estatal, según el New York Times.
Tales retrocesos, en términos de equidad racial, han llevado a algunas instituciones a buscar alternativas que no infringen a la ley. Un ejemplo de ello es la Universidad de Texas, que garantiza lugares al primer 10 por ciento de los egresados de cada bachillerato en el estado. El sistema intenta captar a estudiantes de muy diversos entornos socioeconómicos, y así atraer a más candidatos hispanos y negros, sin violar una ley estatal que data de 1996. Sin embargo, tales políticas —conocidas como cuotas geográficas—no han logrado los mismos resultados en términos de representatividad racial que las políticas de acción afirmativa con base en la raza.
Propuestas de cambio
Tal situación podría cambiar a raíz del movimiento Black Lives Matter. En las últimas semanas han surgido varias propuestas para promover la equidad racial en las escuelas y universidades del país.
Entre las más relevantes está una propuesta de referendo en California, conocido como ACA 5 (Assembly Constitutional Ammendment 5), que revertiría la Proposición 209 y restablecería el uso de las políticas de acción afirmativa después de 24 años. El 10 de junio, la asamblea estatal votó a favor de incluir la propuesta en la boleta de las elecciones nacionales de noviembre.
A su vez, activistas de la Ciudad de Nueva York están buscando capitalizar el impulso de Black Lives Matter para logar un mayor acceso de estudiantes negros e hispanos a las preparatorias públicas más selectivas (conocidas como magnate schools). Actualmente, la mayoría de los estudiantes de esas escuelas, que sirven como trampolines a las universidades más competitivas, son bastiones de estudiantes blancos y de origen asiático. Sin embargo, hay un creciente movimiento a favor de abolir el examen de admisión a las escuelas especiales, propuesta que cuenta con el apoyo del alcalde Bill de Blasio.
Ambas iniciativas enfrentan oposición por parte de grupos de asiáticos-americanos, quienes están sobrerepresentados en las escuelas y universidades de élite. Dichos grupos, que no suelen ser beneficiarios de las políticas de acción afirmativa, han demandado a la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, alegando que sus procesos de admisión discriminan en contra de estudiantes de origen asiático. Harvard logró ganar un primer juicio en 2019, pero los demandantes han amenazado con llevar el caso hasta la Suprema Corte.
Si eso sucede, los jueces tendrán dos opciones: inclinarse por una interpretación estrecha de la Constitución o abrirse a escuchar los reclamos de una buena parte de la población —tanto afroamericana como a miembros de otros grupos raciales— por una mayor equidad y justicia racial en el país.
