Ha sido una semana terrible para Brasil y para su presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro. El país rebasó el millón de contagios por covid-19 —el segundo mayor número de casos en el mundo, detrás de Estados Unidos— y la economía sigue en caída libre. Lo mismo se puede decir de los niveles de aprobación de Bolsonaro, a quien muchos culpan de los efectos devastadores de la pandemia en el país. Y por si no fuera suficiente, el Supremo Tribunal Federal ha señalado al presidente por supuesta obstrucción de justicia en un caso que involucra a sus hijos.
Todo ello explica la decisión de Bolsonaro de despedir a uno de sus aliados más cercanos, el polémico ministro de educación, Abraham Weintraub, el pasado 18 de junio. El ministro era investigado por el máximo tribunal del país en relación con una supuesta red de difamación contra la corte dirigida por los partidarios de Bolsonaro.
Las tensiones entre Bolsonaro y el tribunal han aumentado en los últimos meses, debido a la supuesta interferencia del presidente en una investigación contra dos de sus hijos, quienes están acusados de corrupción. No obstante, el conflicto se agudizó en abril cuando se hizo pública una grabación de Weintraub atacando a los jueces y amenazando con meterles presos. “Si fuera por mí, metería a todos esos vagos en la cárcel”, dijo el ministro durante una reunión del gabinete.
En un esfuerzo por calmar las aguas, el presidente reprendió públicamente a Weintraub por haber participado en una protesta en contra de la corte el pasado 14 de junio, y además, le pide su renuncia, a quien había sido uno de sus lugartenientes más leales.
Por su parte, Weintraub se resistió a criticar al presidente. No obstante, no perdió la oportunidad de lanzar un último ataque contra las políticas progresistas implementadas durante los 13 años de gobiernos de izquierda (2003-2016) en Brasil. En su último día como ministro, Weintraub revocó una ordenanza de 2016 que ampliaba el acceso para afrobrasileños, indígenas y personas con discapacidad a los posgrados de las universidades federales.
Fue un golpe de la ultraderecha, con un alto valor simbólico en las actuales guerras culturales en Brasil. El ministro es un correligionario de Bolsonaro, un ex paracaidista militar quien es conocido por su desprecio hacia las minorías raciales, las mujeres y las instituciones –con la excepción del ejército.
El legado de Weintraub
El ministro ya era una figura altamente polémica en Brasil. Desde que tomó cargo del Ministerio de Educación (MEC) hace 14 meses, Weintraub ha liderado una ofensiva contra las universidades públicas. Entre los ataques más relevantes están: el recorte de 30 por ciento del gasto operativo de las instituciones federales; un intento por eliminar los programas de filosofía y sociología, los cuales tachó de nidos de marxistas; la reducción de la autonomía universitaria; y una cacería de brujos en contra de profesores izquierdistas.
Weintraub también es conocido por sus declaraciones racistas contra negros e indígenas y por su oposición a las políticas de acción afirmativa en las universidades. Dichas medidas, que incluyen la reserva de lugares (cuotas) para grupos desfavorecidos, han facilitado el acceso a la educación superior a decenas de miles de afrobrasileños y estudiantes de bajos recursos. Las primeras políticas de acción afirmativa fueron implementadas en 2003 en el estado de Rio de Janeiro para después extenderse a más de 100 universidades públicas y cientos de privadas, a pesar de la oposición de grupos conservadores.
Entre los críticos más férreos de las políticas estaba el hijo mayor del presidente, Flávio Bolsonaro, durante su tiempo como legislador estatal de Rio de Janeiro de 2003 a 2019. Él y otros opositores alegaron que las políticas eran anticonstitucionales al supuestamente discriminar contra estudiantes blancos. Sin embargo, en 2012 el Supremo Tribunal Federal declaró la constitucionalidad de las cuotas raciales.
Meses después, el Congreso federal aprobó la Ley de Cuotas, que obligó a las 63 universidades federales a reservar 50 por ciento de sus lugares a nivel licenciatura para egresados de escuelas públicas para 2016. Además, dentro de los lugares reservados, la proporción de afrobrasileños debería ser la misma que su presencia en el estado respectivo. Por ejemplo, si 80 por ciento de la población del estado de Bahía es negra, por lo menos 40 por ciento de todos los lugares en las universidades federales de ese estado deben ser para afrobrasileños. Previo a las políticas, las universidades públicas, que son gratuitas y suelen ser las mejores, fueron bastiones de la élite blanca del país.
Las políticas de acción afirmativa son uno de los legados más importantes de los gobiernos de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y de Dilma Rousseff (2011-2016). A su vez, Bolsonaro hizo su oposición a las políticas un pilar central de su campaña electoral en 2018. De allí la importancia de la revocación de la ordenanza de 2016, que estableció estímulos económicos para universidades que crearon políticas de acción afirmativa al nivel posgrado. Weintraub argumentó que la Ley de Cuotas de 2012 no contemplaba la implementación de cuotas raciales para maestrías y doctorados, y que la medida era anticonstitucional.
El futuro de las políticas de acción afirmativa
Aloizio Mercadante, el ex ministro de educación que firmó la ordenanza en 2016, criticó duramente la decisión de revocar la medida. También calificó de “trágico” el desempeño de Weintraub ante la ME C. “El gobierno de Bolsonaro vuelve a demostrar su total falta de compromiso con el combate a las desigualdades y discriminaciones históricas que azotan al pueblo brasileño”, escribió en una columna publicada en varios medios brasileños el 18 de junio.
Mercadante defendió el carácter dual de las medidas en tanto “atacan dos dimensiones fundamentales del problema: la desigualdad social y el racismo”. Afirmó que en conjunto las políticas de los últimos 17 años habían elevado la presencia de estudiantes negros en la educación superior en un 267 por ciento.
A pesar de esos avances, aún falta mucho para lograr la equidad racial en el sistema universitario del país. Actualmente, la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que está inscrito o ya concluyó la educación superior es de 25.2 por ciento según cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Cuando se compara por raza, sin embargo, la tasa para blancos es de 36.1 por ciento mientras que para negros es de 18.3 por ciento —es decir, apenas la mitad.
La proporción de afrobrasileños en los posgrados del país es considerablemente menor, aunque también va en aumento. Aún antes de la ordenanza de 2016, docenas de universidades brasileñas habían implementado cupos reservados en sus programas de posgrado para estudiantes negros y de otros grupos desfavorecidos, según un estudio del Grupo de Estudios Multidisciplinares de Acción Afirmativa (GEMAA) de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro. Entre ellas están la Universidad de São Paulo y la Universidad Estatal de Campinas, las dos instituciones mejor ranqueadas del país.
No obstante, defensores de las políticas y activistas negros dijeron que recurrirían a los tribunales en un intento por restablecer los incentivos para el posgrado. “Solicitamos a Brasil a que no permita que Bolsonaro humille al pueblo negro”, dijo David Santos, el director de la ONG Educafro, que lucha por la inclusión de los afrobrasileños en las universidades públicas, en una entrevista con Folhapress. “El momento es urgente, en particular durante la pandemia, haremos el máximo de articulación política para frenar estaactitud”.
