El 6 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa sectorial correspondiente a la política educativa de este sexenio (PSE). Ya se habían tardado, porque la Ley de Planeación establece que luego de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo, lo que ocurrió hace casi un año (el 12 de julio de 2019), los programas sectoriales “deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan” (artículo 30). Es decir, una injustificada demora de casi seis meses.

Es probable que dicho retardo obedezca a demoras en el dictamen que le corresponde, asimismo por ley, a la Secretaría de Hacienda respecto a la totalidad de los programas sectoriales, también es posible que su emisión se haya retrasado por la espera de turno en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que también cumple un papel de revisión y aprobación de estos documentos. O las dos ambas cosas. Lo que se sabe es que SEP entregó la propuesta a finales del año pasado y que apenas ahora ve la luz pública. ¿Hay que decir que una demora de esa magnitud no había ocurrido desde que existe el Sistema Nacional de Planeación Democrática? Tal vez sobra.

El caso es que ya lo tenemos a la vista y podemos revisar cuáles son los objetivos educativos que se trata de alcanzar en los próximos años, cuáles las estrategias para acceder a su logro, y qué acciones concretas se habrán de impulsar para conseguir los fines y metas programados.

Lo primero que llama la atención en el nuevo PSE es su doble alineamiento conceptual. Tiene como primer marco de referencia los enunciados programáticos del Plan Nacional de Desarrollo y como segundo referente, aunque de gran importancia en la definición de los propósitos y estrategias del PSE, la reforma constitucional a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí como las normas secundarias derivadas de esa reforma.

Destaca también la importancia que otorga el PSE al propósito de mejorar la equidad social en el acceso a los servicios educativos, bajo el entendido que esa es la primera vía, no la única, para que se cumpla el derecho a la educación. Abundan en el programa las estrategias y acciones orientadas a mejorar la distribución de los servicios educativos para que mejoren también las oportunidades de acceso a los mismos. En complemento, son igualmente abundantes las intenciones de mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, la correspondiente a la formación docente y la relativa a la infraestructura y equipamiento de los centros escolares.

Con el mismo nivel de importancia, se reiteran propósitos de relacionar la cantidad y calidad de los servicios educativos con las necesidades de las comunidades. No es irrelevante que el término “comunidad”, para referirse a conglomerados socio-territoriales aparezca en el plan más de 30 veces mientras que los vocablos “ciudad” “municipio” e incluso “estado” solo contadas ocasiones.

El PSE está organizado en torno a seis objetivos que se refieren, respectivamente, a la equidad educativa; la educación de excelencia, pertinente y relevante; la revalorización del magisterio; la infraestructura educativa; el deporte, y la gobernanza del sistema. Para cada objetivo se proponen “estrategias prioritarias” y en cada una de ellas se enuncian las “acciones puntuales” correspondientes. En total, el PSE contiene 30 estrategias y entre ocho y diez acciones por estrategia, lo que representa el enunciado de más de 250 acciones específicas.

¿Cuántas de ellas corresponden a la educación superior? Aproximadamente 70. Como en la redacción del PSE se sigue un formato de tipo trasversal, en cada uno de los seis objetivos se localizan las acciones que intersectan con el tipo educativo superior, es decir que no están reunidas en un solo bloque del programa, sino dispersas en el mismo.

El programa sectorial destina una proporción importante (más de una tercera parte) al objetivo de fortalecer a las normales públicas del país. También propone acciones, en distintos apartados del documento, encaminadas a mejorar el nivel de cobertura de la educación superior. En la sección de metas cuantitativas del PSE se indica el propósito de alcanzar un 50 por ciento en el indicador de tasa bruta de escolarización para el nivel superior, lo que representaría una mejora de diez puntos respecto al actual porcentaje.

¿Será posible que los cuatro años y medio que restan del sexenio la matrícula de educación superior supere la cifra de 5.5 millones de estudiantes requerida para dicha meta? Ya se verá, depende en buena medida de los recursos públicos que se inviertan en ello y desde luego de la prioridad que el gobierno asigne a esta meta, lo que a la vista de los antecedentes de los dos años previos, es decir la suma de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinada a la educación superior del país, no parece particularmente alentador. Ojalá que las cosas cambien.

El PSE propone también revisar los procesos de admisión de estudiantes en las instituciones de educación superior, incrementar los apoyos para la población escolar en condiciones de vulnerabilidad, fortalecer el posgrado e impulsar acciones favorables a la equidad y contra la discriminación y la violencia de género.

Hay desde luego más aspectos y matices del PSE en materia de educación superior que vale la pena comentar. De ello nos ocuparemos en próximas colaboraciones.