Debería aprobarse antes de concluir 2020, al menos así quedó establecido en la reforma de los artículos 3o., 32 y 73 de la Constitución decretada hace un año y medio. La reforma constitucional estableció, en primer lugar, el derecho para toda persona de “gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura” (artículo 3o., fracción V).

En segundo lugar, la reforma al artículo 73, que corresponde a las facultades del Congreso de la Unión, agregó a la fracción XXIX-F la atribución de “legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.” Por último, el artículo sexto transitorio de la reforma indicó que “el Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020.”

Como el periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura federal concluye el 15 de diciembre, el plazo para cumplir lo previsto en el mandato constitucional se está agotando y será difícil de cumplir si se toma en cuenta la cargada agenda legislativa de fin de año, así como el tiempo disponible para el dictamen en ambas cámaras una vez que se presente la iniciativa.

El resto de la legislación secundaria que debía promulgarse como resultado de la reforma constitucional cumplió con los plazos establecidos. El 30 de septiembre del año pasado se decretaron la nueva Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución en materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Por su parte, la Ley General de Educación Superior ingresó al Senado como iniciativa suscrita por todas las fracciones parlamentarias hace semanas y es posible que alcance a ver la luz antes que concluya el periodo ordinario.

No parece ser el caso de la norma general correspondiente al sector de ciencia, tecnología e innovación. Aunque la facultad legislativa está en manos del Congreso, se espera un anteproyecto elaborado por Conacyt, quien tiene en sus manos, bajo la responsabilidad delegada por el poder ejecutivo, de lanzar la primera propuesta. Para ello, el organismo ha llevado a cabo varios foros y otras fórmulas de consulta de las que podría echar mano en la construcción de una propuesta de ley general que satisfaga el ordenamiento constitucional.

Es de suponer que esa tarea está en proceso de construcción. El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo una reunión virtual, convocada por las autoridades del Conacyt, en la que participaron representantes de la Anuies y de las academias de Ciencias, Ingeniería y de la Lengua. En esa reunión la doctora María del Carmen de la Peza Casares, directora adjunta de Desarrollo Científico y el maestro Raymundo Espinoza Hernández, titular de Asuntos Jurídicos de Conacyt presentaron a los asistentes un adelanto de la ley, en versión borrador, que posteriormente tuvo difusión en medios y avivó la discusión, entre académicos y especialistas, sobre el posible enfoque y los contenidos de la ley.

Si el Conacyt ha desarrollado un proyecto normativo más completo que el presentado en la reunión referida es hora que lo dé a conocer para abrir un debate constructivo con los sectores involucrados. Se trata de una ley importante, que debe contemplar las disposiciones constitucionales citadas además de contar con legitimidad, para lo cual es indispensable la interlocución con quienes producen la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

En tanto ello ocurre, la Red ProCiencia y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, han dado a conocer sus respectivas propuestas para integrar dicha ley. Parece lo más razonable que los legisladores, quienes tienen la responsabilidad final de articular el proyecto correspondiente, escuchen estas y otras propuestas, entre ellas la que formule Conacyt, para cumplir con el mandato constitucional que abrió el proceso.