Una de las banderas de la campaña presidencial de Andrés López Obrador fue el ofrecimiento de lugares para todos los aspirantes las instituciones de educación superior. No más rechazados, habrá lugar para todos, repetía el abanderado de Morena a la hora de explicar sus propuestas en materia educativa. Para instrumentar esta opción proponía la apertura de nuevas universidades, la creación de un amplio programa de becas y llegar a acuerdos con las universidades públicas y privadas para aumentar el cupo disponible.
El 15 de agosto de 2018, todavía en campaña, el hoy presidente de la República se comprometió ante los rectores y directivos de las instituciones de educación superior representadas en la Anuies a mantener el nivel de gasto público en educación superior y solicitó el apoyo de la asociación para mejorar los niveles de cobertura y acceso al sistema. Reiteró su propuesta de becas para educación superior y perfiló la idea de construir un centenar de universidades en las zonas de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
El 12 de diciembre del mismo año, ya con la investidura presidencial, el titular del ejecutivo entregó al Congreso de la Unión una iniciativa de cambios a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución con la finalidad expresa de abrogar la reforma educativa establecida en el sexenio precedente y cumplir con ello compromisos de la campaña. Dicha iniciativa, además de eliminar los procesos de evaluación docente instrumentados desde 2013, contenía un par de disposiciones referidas al nivel superior educativo.
La primera, que causó inmediato escándalo en el medio universitario, era la supresión de la fracción VII del artículo tercero, aquella que garantizaba la autonomía universitaria. La pronta movilización de rectores, académicos y políticos de oposición obligó a aclarar que la modificación fue “producto de un error en la captura mecanográfica”, según declaró a los medios Estaban Moctezuma Barragán, titular de la SEP.
La segunda, también motivo de cierto revuelo, fue que en la iniciativa se declaraba como obligatoria la educación superior y gratuita la correspondiente al sector público. En aquella iniciativa (Gaceta Parlamentaria Número 5177-II, 13 de diciembre de 2018) se declaraba que “la educación preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; esta, la media superior y la superior serán obligatorias de conformidad con la fracción IV de este artículo”. Dicha fracción señalaba que “la educación universal y obligatoria implica el derecho de toda persona a acceder a la educación, y la responsabilidad de los padres o tutores de que sus hijos concurran a la escuela.” La iniciativa original agregaba un artículo transitorio aplicable al caso: “la legislación secundaria, en los caos que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de esta reforma.”
¿Educación superior obligatoria y gratuita? En primer lugar ¿obligatorio para quienes?, ¿gratuita con qué recursos? eran las preguntas que de inmediato circularon. Los matices del caso habrían de resolverse en la redacción final de la reforma pero, antes de ello, el 16 de abril de 2019, el presidente emitió un memorándum dirigido a la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública y el secretario de Hacienda en el cual presentaba, entre otros lineamientos, el siguiente: “la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) se atendrá a estos principios en tanto se alcanza el consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad.”
Cuando finalmente el Congreso aprobó la reforma constitucional (15 de mayo 2019) se incluyó una fracción nueva, la décima del artículo tercero, que indica: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.” Se agregó un transitorio (el décimo quinto) que establecía un principio de solución: “Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios (…) adicionalmente se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo.”
Entonces parecía obvio que lograr los fines de gratuidad y obligatoriedad se alcanzarían reforzando el gasto público en el sector. Ello no ha ocurrido, más bien lo contrario. En 2019, 2020 y para 2021 dicho presupuesto apenas ha mantenido el nivel correspondiente a la inflación, se han cancelado prácticamente la totalidad de los programas que posibilitaban la ampliación y mejora de la infraestructura educativa, el incremento de la matrícula universitaria, el sostenimiento de las instituciones tecnológicas y las escuelas normales. En todo caso, se han concretado las promesas de más becas y la multiplicación de las universidades para el bienestar.
Además de la cancelación de los programas de fondos extraordinarios, la fórmula de establecer un fondo especial para garantizar la obligatoriedad y gratuidad se ha ido deslavando. En su oportunidad, Anuies estimó que para concretar esos propósitos y alcanzar una meta de cobertura bruta de 50 por ciento era necesaria una inversión aproximada a veinte mil millones de pesos en el periodo sexenal, por ello la insistencia en crear el fondo federal especial indicado en el texto constitucional.
¿La Ley General de Educación Superior que está por aprobarse en el Congreso contempla ese fondo? La respuesta es afirmativa, pero también se indica que comenzaría a operar, gradualmente, a partir del ciclo 2021-2022. ¿Se va a concretar la promesa de una educación superior obligatoria y gratuita? No en este sexenio.
