Tras de confirmarse la postulación del senador con licencia Félix Salgado Macedonio como candidato del partido Morena para gobernador de Guerrero en la elección de este año y que el presidente de la República, en su conferencia matutina del 18 de febrero, desestimara las muestras de inconformidad ante esa decisión con un “ya chole”, se han multiplicado por distintos medios, notablemente a través de redes sociales, críticas tanto a la postura del partido mayoritario como a la actitud presidencial y de otras autoridades en torno al tema.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha oscilado entre dos posiciones. Una de respaldo a la postura del titular del Ejecutivo y otra de crítica indirecta a la candidatura de Salgado. El 3 de febrero, cuando aún convalecía de covid el presidente y un día después de la ratificación del candidato Salgado por la dirigencia de Morena, la funcionaria declaró en la conferencia de prensa matinal: «Rechazo una conducta machista, patrimonialista, de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres… pero también puedo decir que, por el otro lado, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia y el debido proceso están en nuestra Constitución y también habrá que respetar» (Expansión, 3 de febrero de 2020, nota de Lidia Arista).
En cambio, el 18 de febrero, en la presentación del Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de México, a cargo del Instituto Nacional de la Mujer, la misma funcionaria dijo que “es responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes. Aplaudo la conciencia social que no tolera la violencia” (El País, 18 de febrero 2020, nota de Carmen Morán Breña). Aunque no aludió directamente al caso ni al candidato, para que al menos en el discurso hay un cambio de señal, lo que sería saludable porque el argumento de la presunción de inocencia tropieza con una obviedad incontestable: presunción de inocencia no es inocencia.
El senador Salgado no ha combatido en forma clara y contundente las acusaciones de violación que pesan en su contra. Desde su multicitada declaración de hace unos años “yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, todo lo que digan de mí es cierto” (referida por Proceso el 30 de diciembre de 2020), hasta su reiterada reticencia a comparecer ante autoridades judiciales protegido por la influencia y el fuero, hacen dudar de una efectiva inocencia. En cambio, las declaraciones, actas, testimonios y otras evidencias presentadas por las posibles víctimas apuntan en la dirección contraria. Lo mejor sería, dice el sentido común, que se esclarecieran los hechos por las vías institucionales de la justicia.
Pero no. El economista Mario Delgado, presidente nacional de Morena declaró que el partido debe respetar la voluntad popular recogida en una encuesta. Argumento que, hasta ahora, comparte el presidente de la República. Otros militantes de alto nivel de esa formación política, todos hombres, por cierto, han declarado ya sea a favor del posicionamiento del partido o, como el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, con un “no me voy a meter en asuntos del partido” (Milenio, 18 de febrero de 2020, nota de Silvia Arellano).
En contraposición, un grupo de diputadas federales del mismo partido (Wendy Briceño, Lorena Villavicencio, Rocío Villaruz y Laura Imelda Pérez) expresaron formalmente su inconformidad por la postulación a través de una carta dirigida a la cúpula partidaria. Además recordaron que promovieron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que exigía la investigación exhaustiva de las denuncias contra Salgado Macedonio. No obstante, dicho punto de acuerdo no fue dictaminado ni presentado al pleno (Milenio, 17 de febrero de 2020, nota de Fernando Damián).
No sería de extrañar una división de opiniones en la militancia del partido, aunque difícilmente salga a la luz, en este tema particular. El contraste entre la legitimidad política y moral que pretende la cuarta transformación y los vericuetos retóricos que buscan justificar una acción como esta es mayúsculo. Desde la presidencia se ha pontificado sobre ética pública a través de medios como la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, reeditada en millones de ejemplares en 2018 en la que se recomienda “evitar abusos y violencia en nuestro trato con el prójimo” o en el Decálogo Moral, comunicado a propósito de la pandemia en junio de 2020, en que el mandatario llama a la población a “eliminar el racismo, el clasismo, el sexismo y cualquier práctica discriminatoria”. Combinar esta postura con la pragmática política no parece convincente y mucho menos acertado.
Sostener la pretendida candidatura para el gobierno de Guerrero puede tener o no costos electorales apreciables. Pero sin duda tiene un costo histórico considerable: ¿cómo proclamar una transformación profunda del régimen político y cultural de la nación dejando de lado una demanda social clara, simple y rotunda?: Rompa el pacto, presidente.
Y falta por ver lo que opinen las mujeres el próximo 8 de marzo.
