La brutal represión en Birmania (Myanmar) contra manifestantes pro-democracia ha dejado a más de 700 muertos desde el 1º de febrero, cuando el ejército destituyó al gobierno civil de Aun Sang Suu Kyi en un golpe militar. Además, más de 3 mil personas —la mayoría de ellos estudiantes universitarios y otros jóvenes—, han sido detenidos y otras mil personas enfrentan órdenes de aprensión, según la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos (AAPP), una asociación civil con sede en Tailandia. Entre las víctimas están más de 40 niños, incluyendo a una niña de siete años, quien recibió una bala en la cabeza mientras corría a los brazos de su padre, según el South China Morning Post.

El asesinato de la pequeña Khin Myo Chit, el 23 de marzo, generó indignación mundial y, al día siguiente, se organizó una “huelga silenciosa” en todo el país. En una carta abierta, la red internacional Académicos en Riesgo (Scholars at Risk), con sede en Estados Unidos, exigió a las Naciones Unidas intervenir para conseguir la libertad de los estudiantes, académicos y otros prisioneros políticos. También intercedieron las escuelas de medicina en Birmania, cuyos estudiantes han estado a la vanguardia de la llamada “Revolución de la Primavera”. El nombre hace referencia a las revueltas democráticas que se extendieron a través del mundo árabe entre 2010 y 2012.

En respuesta a la presión nacional e internacional, el 24 de marzo, el gobierno militar liberó a 628 personas, incluyendo a más de 100 estudiantes de medicina que habían sido detenidos bajo cargos de sedición, según el University World News. No obstante, miles más —incluyendo un número desconocido de estudiantes—, siguen encarcelados en la Prisión de Insein, en la ex capital de Rangún. La prisión es conocida mundialmente por sus inhumanas condiciones y el uso extendido de la tortura. Entre sus prisioneros más famosos se encuentra la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, quien fue detenida allí en tres ocasiones, entre 2003 y 2009, por luchar contra la anterior dictadura militar. Más recientemente, Suu Kyi ha recibido fuertes críticas internacionales por fallar en la prevención del genocidio en contra de los rohinyá, un grupo étnico musulmán dentro de un país de mayoría budista.

Después del golpe militar del 1º de febrero, Suu Kyi —que llevaba el título de “consejera estatal” pero era la líder de facto de Birmania—, fue puesta bajo arresto domiciliario, junto con el presidente Win Myint y otros miembros del gabinete civil. También fue detenido el profesor australiano Sean Turnell, catedrático de la Universidad Macquarie, en Sídney, quien había fungido como asesor económico de Suu Kyi. Todos están acusados de violar una arcaica ley de secretos oficiales que data del periodo colonial, entre otros cargos.

Los militares también han sentenciado a más de 70 opositores, quienes enfrentan castigos que van desde varios años de cárcel y trabajo forzado hasta la pena de muerte. No hay cifras oficiales del número de estudiantes o académicos que han sido condenados, según la AAPP, que mantiene un reporte diario sobre la violencia en el país sudeste asiático (https://aappb.org/). El grupo ha denunciado la brutalidad de los soldados y la policía, que incluye el abuso sexual en contra de las mujeres detenidas.

Algunos de los estudiantes liberados contaron al University World News que fueron obligados a asistir a sesiones de “reeducación” y firmar una carta prometiendo que dejarían de participar en el llamado “Movimiento de Desobediencia Civil”. No obstante, tanto las protestas como la represión militar han seguido, con cada vez mayor intensidad.

Es una verdadera batalla de David contra Goliat. Por un lado, están los manifestantes, algunos de ellos armados con resorteras o piedras, aunque una mayoría se ha manifestado pacíficamente. Por el otro están el temido ejército birmano —conocido como el Tatmadaw— y la policía, quienes han recibido la orden de disparar a matar, según reportes de prensa internacional.

En el peor día de la violencia, el 27 de marzo, las fuerzas de seguridad mataron a más de 100 personas en todo el país. Y el 8 y 9 de abril, más de 80 personas murieron a manos de los militares en la ciudad sureña de Bago, según el medio Voice of America. El sábado pasado, en una de las protestas más recientes, las fuerzas de seguridad mataron a un hombre de 50 años con un disparo en la espalda, según la agencia AFP. El hombre había sido parte de una protesta masiva en contra de la participación del líder de facto, el general Min Aung Hlaing, en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Yakarta. Fue el primer viaje al extranjero de Hlaing, ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, desde que asumió el poder el 1º de febrero.

La crisis en las universidades

Ante el recrudecimiento de la violencia, algunos estudiantes universitarios han tomado la decisión desesperada de unirse a los distintos grupos guerrilleros de origen étnico que operan en el país, según el University World News. “Como [las fuerzas de seguridad] han estado matando a la gente ilegalmente, siento que debería tener un entrenamiento militar para poderme defender cuando llegue el momento”, un estudiante de historia de la Universidad Mawlamyine le contó al medio internacional. Otros estudiantes y profesores han tenido que esconderse para evitar ser detenidos y sentenciados.

El regreso a clases

En medio de las protestas diarias, el gobierno militar anunció la semana pasada que todas las universidades públicas del país se reabrirían para clases a partir del 5 de mayo, aunque sólo para estudiantes del último año de licenciatura y de maestría. La noticia generó fuerte oposición en un momento en que el país enfrenta un tercer brote de covid-19. La crisis sanitaria se ha agudizado ante el cierre de muchos hospitales y después de que los médicos se sumaron a las protestas. Además, unas 18 universidades han estado en paro desde febrero como parte de una huelga generalizada de la administración pública en contra del gobierno militar. El gobierno ha respondido enviando tropas a las universidades para tomar el control de las instalaciones. A pesar de que todas las instituciones fueron cerradas a clases a partir de marzo de 2020, muchos alumnos y profesores seguían viviendo en las residencias universitarias.

En respuesta a la noticia, los principales sindicatos estudiantiles en Birmania llamaron a un boicot de clases. Muchos temen que los militares aprovecharán el retorno a las universidades para detener a líderes estudiantiles y profesores que han participado en las protestas o para transferir a estos últimos a lugares en donde hay una escasez de profesores, una táctica utilizada durante la última revuelta universitaria en 1988. Mientras tanto, muchos profesores han declarado que no servirían bajo el régimen militar, según el University World News.

El fin de la democracia

El golpe militar puso fin al breve experimento democrático en Birmania. El país, cuya población de 55 millones está entre las más pobres del mundo, ha sido gobernado por militares o regímenes autocráticos por la mayor parte del último siglo. Sin embargo, desde la revuelta nacional liderada por estudiantes universitarias y aplastada por los militares, en 1988, Birmania ha dado los primeros pasos hacia la democracia.

En 2015, el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional Democrática, ganó las elecciones parlamentarias y formó un gobierno civil, aunque el ejército mantuvo un fuerte control tras bambalinas. Cuando el partido volvió a arrasar en las elecciones de noviembre de 2020, los militares aprovecharon las acusaciones de fraude por parte de los partidos de oposición para tomar el poder y declarar un estado de emergencia durante un año. El 16 de abril, los legisladores recién electos, junto con otros opositores al régimen militar, formaron el Gobierno Nacional de Unión (NUG). Actualmente, el NUG está buscando reconocimiento internacional como el gobierno legítimo de Birmania.

Con la atención mundial puesta en la pandemia, los prospectos parecen bastante malos para la Revolución de la Primavera. Aunque Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones contra Hlaing y los demás altos mandos militares, tales tácticas no han rendido furtos en el caso de Birmania. No obstante, el NUG y sus aliados en las calles —entre ellos, miles de estudiantes universitarios— no se muestran dispuestos a rendirse, por lo que se espera más represión en los próximos días o meses.