Esta semana el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó las 200 diputaciones de representación proporcional a las siete principales fuerzas políticas. Si el Tribunal Electoral las ratifica, se sumarán a las 300 de mayoría relativa, con lo cual quedará definida la composición total de la Cámara de Diputados para el periodo 2021-2024.
Las 500 curules, según informó el INE, se distribuirán de la siguiente forma: Acción Nacional 114; Revolucionario Institucional 70; de la Revolución Democrática 15; del Trabajo 37; Verde Ecologista 43; Movimiento Ciudadano 23; y Morena 198. Este último partido será la primera minoría en la Cámara, aunque, comparado con lo que tenía, la reducción es significativa. Pasará de tener el 50.4 por ciento al 39.6 por ciento.
Si Morena añade los asientos del Partido del Trabajo y del Verde, lo cual parecería obvio, porque son partidos que integraron la alianza Juntos Hacemos Historia en las pasadas elecciones, entonces sumarán el 55.6 por ciento del total. O sea que tendrán mayoría simple (la mitad más uno), pero no mayoría calificada (dos terceras partes), como la que logró en el periodo que está por concluir.
Una mayoría simple es mucho, porque es suficiente para resolver casi todos los asuntos en el Congreso, desde las formas de trabajo y organización hasta la aprobación de leyes secundarias, como el presupuesto de egresos de la federación que está por discutirse o las leyes secundarias. La mayoría calificada, sin embargo, es necesaria no solamente para aprobar las complicadas reformas constitucionales, también entra en operación cuando ya transcurrió el plazo para dictaminar una iniciativa y el dictamen correspondiente no se presenta.
No es sencillo anticipar el comportamiento del conjunto y menos las alianzas que se tejen o las que se desintegran en el Congreso. Todo está sujeto a negociación e intercambio, al cobro de afrentas, a las compensaciones, a los atisbos del futuro personal y del grupo de referencia. Por eso, a la hora de las votaciones, algunos votos no encajan en lo que se había previsto.
La composición de la Cámara de Diputados para el periodo 2021-2024, según difundió en redes sociales Adriana Favela Herrera, consejera del INE, sumó siete mujeres más, respecto del que ahora concluye. Y sí, las mujeres representarán 49.6 por ciento y los hombres el 50.4 por ciento de las diputaciones. El PRD y Morena serán los partidos con mayor diferencia a favor de mujeres en el número de sus escaños.
Los pendientes de la legislatura que concluye son muy variados. El balance que presentó Dulce María Sauri, presidenta la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, muestra que quedan 46 pendientes, de los cuales solamente cinco están en tiempo, los 41 restantes están vencidos, algunos desde 2014 (Boletín No. 6817 10.08.2021).
Los asuntos que seguramente estarán a la cabeza de la agenda: a) ley reglamentaria de revocación de mandato; b) las leyes generales de: Personas Jóvenes, Movilidad y Seguridad vial; Organización y Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros Municipales; y Ciencia, Tecnología e Innovación; y c) la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, misma que está pendiente desde 2014.
Seguramente están otros temas, como las polémicas reformas electorales que podrían impulsarse, las adecuaciones normativas en materia de seguridad y justicia, el Código Único en materia Familiar y Civil, o bien, la revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Además, deben añadirse los temas que tienen comprometidos y de mayor interés para cada grupo parlamentario. Sí, sobran los asuntos a legislar.
El gran pendiente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, desde diciembre del 2020, es la ley general del sector. Seguramente no es el tema que más preocupa en el Congreso, pero su ausencia de casi un año está causando estragos en la interpretación y aplicación de ordenamientos secundarios del sector por la discrecionalidad que ha propiciado. Ni se observa la todavía ley vigente ni está lista la nueva norma. Ahora, al menos, esperemos que el diseño sea satisfactorio.
Otro tema de la agenda del sector es la explicación pública de algunas decisiones y compromisos del Conacyt. Las comisiones en el Congreso están facultadas para solicitar información o documentación a las dependencias de la administración pública federal sobre los asuntos de su competencia y éstas deben proporcionarla.
De hecho, el senador José Alberto Galarza solicitó la comparecencia de la titular del Conacyt para que explicara por qué no hubo becas al extranjero en este año en áreas prioritarias. También está el dictamen de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, del mes pasado, para que el Conacyt informe detalladamente sobre los protocolos de investigación y resultados de la vacuna Patria. A la fecha no hay información oficial y no solamente en estos temas.
La agenda está recargada, algunos pendientes ya suman años y los legisladores tendrán que trabajar a marchas forzadas para equilibrar rezagos y prioridades. Aunque también está el incentivo de la reelección y, desde luego, un mayor escrutinio social sobre su actuación.
Pie de página: Las negociaciones para un Contrato Colectivo de Trabajo entre el Conacyt y los trabajadores del programa Cátedras se están tensando y pronto veremos en acción los recursos estratégicos.
