El conflicto que desencadenó la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la Asociación Civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), parece tomar nuevos derroteros a raíz de los pronunciamientos de los sectores académico y científico del país, de especialistas en temas jurídicos y de actores políticos relevantes, en contra de la medida.
Como se recordará, el tema fue revelado por el editorialista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente personal” con la columna titulada “La venganza de Gertz Manero” (El Financiero, 20 de septiembre 2021). En su texto Riva Palacio informaba que el fiscal Gertz Manero había solicitado “una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo, para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.”
La noticia despertó, de inmediato, gran inquietud en el terreno académico. Apenas dos días después de su difusión, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, durante la ceremonia conmemorativa del centenario del escudo y lema universitario, declaró: “es un despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos.” (El Universal, 22 de septiembre 2021). El mismo día, el juez federal de la causa, negó en definitiva la solicitud de orden de aprehensión requerida por la FGR argumentando la falta de elementos probatorios para sustentar, con suficiencia, la imputación de los delitos señalados en la acusación.
Al pronunciamiento de Graue se habrían de sumar, en los siguientes días, una considerable cantidad de expresiones en el mismo sentido. Según el registro sistematizado por la red ProCienciaMX (véase en su página web), hasta esta semana suman más de 40 comunicados al respecto. Entre ellos los de varias instituciones universitarias públicas y privadas; las academias de Ciencias, Lengua, Ingeniería y Medicina; el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales; la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior; 31 premios nacionales de Artes y Ciencias, entre otros. ProCienciaMX, que agrupa a aproximadamente 650 integrantes de las comunidades de ciencias y humanidades del país, publicó un posicionamiento en días pasados. Aunado a lo anterior, una carta abierta, convocada a través de Change.org, ha reunido más de 35 mil firmas que coinciden en la exigencia de poner fin a “la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana.”
Los partidos de oposición se han manifestado en una postura coincidente. Incluso la representación legislativa del partido Morena presentó una iniciativa de punto de acuerdo que señala: “La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República a fortalecer y justificar la carpeta de investigación que solicita la aprehensión de 31 investigadores, científicos y personal administrativo integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de Conacyt” (El Universal, 28 de septiembre 2021).
El coordinador parlamentario de Morena, senador Ricardo Monreal, convocó “a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a actuar con juicio, moderación y prudencia en el caso de los 31 integrantes de la comunidad científica que han sido acusados de diversos delitos por el fiscal general” (nota de Rolando Ramos, El Economista, 23 de septiembre 2021). Asimismo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbam Pardo, calificó la acusación de delincuencia organizada de la FGR como un “exceso” (Infobae, 24 de septiembre 2021).
La primera reacción de la FGR ante el definitivo rechazo judicial de otorgar órdenes de aprehensión por las acusaciones indicadas, fue la de comunicar que emprendería un nuevo proceso en el que podría reformular las imputaciones y agregar evidencia suficiente para soportar la causa penal. No obstante, las recientes declaraciones del fiscal especializado en delincuencia organizada de la FGR, Alfredo Higuera Bernal, indican un importante matiz. El fiscal especializado informó a Joaquín López Dóriga que: “Se está revalorando todo lo que hay en el expediente, teniendo en cuenta las estipulaciones que hizo el juez en su decisión, va a ser lo que resulte como producto de este análisis hacia dónde se va a dirigir la acción institucional (…) Tendría que ser ante el juez que determine que sea conducente de acuerdo a la decisión institucional” (López Dóriga Digital, 28 de septiembre de 2021).
Aunque las autoridades de Conacyt no han explicado con amplitud su participación en el proceso, salvo informar que se entregó a la fiscalía una denuncia de hechos contra “quien resulte responsable”, la titular del organismo declaró, por un lado, que todo se trata de “ola concertada de desinformación en medios y redes sociales”. Por otro lado, la declaración según la cual el Conacyt no se propone la persecución de académicos sino que, por el contrario, el organismo público está comprometido en apoyarlos (El Universal, 28 de septiembre de 2021).
Aunque estos elementos podrían considerarse positivos para atemperar los ánimos y, en particular, el enfoque represor asumido por la FGR, también hay aspectos que irían en sentido contrario. Para comenzar, una reiterada descalificación del trabajo de investigación científica de parte del Ejecutivo Federal. El mensaje correspondiente, es decir el señalamiento de privilegios de la clase académica parece haber alimentado un escenario de polarización, entre quienes defienden al sector académico y quienes se ocupan de cuestionarlo en todos sus aspectos. Esta confrontación tiene mayor presencia en redes sociales, pero está viva, creciendo y poco abona a una solución pacífica y adecuada del conflicto.
Dentro de poco sabremos cómo se perfila el escenario. Ojalá que las aguas no se desborden.
