En México, como seguramente sucede en otras latitudes, en el último año del periodo gubernamental se combina el cierre y balance final de las políticas implantadas durante la administración correspondiente, con el debate y propuesta de los nuevos proyectos a intentar en el periodo subsiguiente. En nuestro caso, el primer semestre del año se concentrará, como se espera, en la confrontación de planteamientos electorales mientras que, en el segundo, el presidente electo, junto con su equipo de trabajo, se concentrará en la integración de una propuesta gubernamental con estructura de plan de gobierno.
¿Qué cabe anticipar en el ejercicio de cierre y balance de la política de educación superior? Más bien poco porque, de alguna manera, la suerte ya está echada. Para este año el presupuesto aprobado fue, al igual que en otros renglones de inversión social, más bien austero. Como se sabe, ni en el sector de educación superior, y menos en el de ciencia y tecnología, se alcanzaron la metas financieras programadas al inicio del sexenio que se extingue. A las limitaciones financieras se adjudica el retraso en aspectos identificados como urgentes: el régimen de pensiones, la plena regularización de la planta académica, y la renovación de infraestructuras fundamentales como acervos bibliográficos y laboratorios.
Lejos quedó, dicho en sentido negativo, la expectativa de cobertura planteada en 2000. No obstante el crecimiento experimentado en los últimos cinco años -medio millón de estudiantes más-, el impulso fue insuficiente para alcanzar la meta del Programa Nacional de Educación. Parte de la explicación proviene del relativo estancamiento de la demanda en el sector de educación superior privada, producto a su vez de un limitado crecimiento del poder adquisitivo de las clases medias del país, y parte de ella se deriva de la política de inversión pública en el sector. Se optó por favorecer la creación de nuevas unidades y nuevas modalidades en lugar de respaldar, en la dimensión necesaria, la expansión del sistema de universidades públicas de los estados. Sin entrar a discutir las ventajas políticas del procedimiento, lo cierto es que su reflejo en la tasa de cobertura alcanzada (entre 22 y 24 por ciento a estas alturas) dejó a desear.
En materia académica hay, por así decirlo, resultados mixtos. Por un lado es apreciable una mejor distribución geográfica del acervo de recursos intelectuales del país, estimulada por la formación de cuerpos académicos, de docencia e investigación, en prácticamente todas las instituciones de educación superior del país, así como por el crecimiento del Sistema Nacional de Investigadores que, en el lapso de cinco años, consiguió duplicar su tamaño. También pueden calificarse de positivos los resultados de la política de mejora del perfil profesional de la planta académica. Mediante el Programa Nacional de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) la proporción de académicos de tiempo completo que hoy cuenta con estudios de posgrado (74 por ciento) es significativamente superior a la registrada en 2000 (38 por ciento). Según la última concentración estadística, más del 20 por ciento del profesorado de tiempo completo cuenta con el grado de doctor.
Hace falta evaluar objetivamente si la política de posgraduación de la comunidad docente en las universidades ha favorecido la calidad de la formación profesional que se ofrece. Es un hecho que hay más doctores pero ¿forman mejores licenciados? El incentivo a la consecusión del posgrado ha generado expectativas de movilidad. Lo cierto es que, doctorado en mano, los profesores universitarios buscan incorporarse al SNI así como ejercer las capacidades de investigación adquiridas. Aspiración sin duda legítima ¿pero coherente con el propósito de mejorar la enseñanza en los niveles medio superior y superior? No necesariamente.
La política de consolidación del cuerpo académico universitario no se acompañó, al menos no con simétrica intensidad, de incentivos para el desarrollo curricular de los programas, elemento clave si se quiere adelantar en la calidad académica. Así, por ejemplo, en las evaluaciones del Programa Nacional de Posgrado (PNP), vertiente fundamental del Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional del CONACyT, se ha concentrado en la ponderación de los méritos académicos de la planta, en indicadores de eficiencia, y en indicadores de infraestructura, mientras que la consideración cualitativa sobre pertinencia académica y solidez curricular ha ocupado un lugar subordinado.
El reto de armonizar los incentivos de fomento con esquemas innovadores en materia de currículum (programas, contenidos y métodos de enseñanza) está a la vista. Este argumento se refiere evidentemente a la totalidad del sistema universitario y en modo alguno queda resuelto con la referencia a la creación de modalidades educativas novedosas, tales como las implantadas en la rama tecnológica (universidades tecnológicas y universidades politécnicas) o en la universitaria (universidades interculturales).
Del mismo modo el balance de lo obtenido en materia de planeación, gestión y administración universitaria arroja un saldo contrastante. Las universidades públicas, las instituciones tecnológicas y aún las universidades particulares han entrado de lleno en la sociedad del ISO-9000, habitan en la cultura de la evaluación generalizada y han implantado, con más o menos fortuna, sistemas informáticos para la gestión académica y administrativa. Esta "revolución silenciosa" ¿ha mejorado, o no, la calidad de la enseñanza y la investigación? ¿Los estudiantes y los académicos, que al cabo es lo que importa, funcionan mejor en el nuevo entorno y obtienen mejores resultados?
La próxima semana exploraremos otros aspectos para posteriormente contrastarlos con las propuestas y ofertas de los candidatos.
