La Ley de Planeación (LP) establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República y su vigencia no excederá el periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo”. Además indica que “La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo” (Artículo 21).

El sistema nacional de planeación considera la elaboración de programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, los cuales deben guardar congruencia con el PND. Además se ordena que, una vez aprobado el plan y los programas correspondientes, su contenido sea “obligatorio para las dependencias de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias” (Artículo 32).

En lo que atañe a los estados, la norma establece que el Ejecutivo Federal “podrá convenir con las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo, coadyuven (...) a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta.” (Artículo 33). Para la coordinación requerida, la LP se basa en la figura de “convenios” a celebrarse entre los órdenes federal y estatal del poder ejecutivo y fija la obligación de publicar éstos en el Diario Oficial de la Federación (Artículo 36).

Salvo la obligación de congruencia, los lineamientos de coordinación, y la indicación de que la programación sectorial contenga estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de ejecución (Artículo 23), la LP no abunda sobre el plazo en que deben darse a conocer los programas, ni sobre formatos, estructuras y contenidos.

Sin embargo, desde la expedición de la norma en 1983, ha sido costumbre que los programas sectoriales se publiquen, con raras excepciones, el mismo año que el PND, y que el ejercicio formal de definición de prioridades, formulación de objetivos y planteamiento de acciones se acompañe de una evaluación general sobre la problemática del sector y de diagnóstico específicos sobre las áreas en que éste se desglosa.

En el caso del sector educativo, los últimos programas sexenales -el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 (PME), el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (PDE) y el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE)- observan precisamente esa estructura formal, si bien con distinta extensión, profundidad y abundancia de datos. El PME se presentó en octubre de 1989, el PDE el 12 de enero de 1996, y el PRONAE el 28 de septiembre de 2001, aunque su publicación en el Diario Oficial demoró hasta el 15 de enero de 2003.

Con base en los antecedentes, es esperable que el programa educativo de este sexenio se de a conocer en cualquier punto del periodo que va de junio a diciembre de 2007. Sin embargo, dadas las presiones políticas que enfrenta la SEP en el presente ¿sería de extrañar que la autoridad educativa federal opte por acelerar el paso y ser una de las primeras dependencias de la administración en resolver la tarea? Creo que no. Hipótesis, el programa sectorial educativo será uno de los primeros en ver la luz pública.

En términos de realpolitik la mayor dificultad para que se cumpla esa posibilidad, invaluable para el reforzamiento de las autoridades de la SEP, será concordar la perspectiva de política educativa que defina el SNTE en el contexto de su IV Congreso Nacional de Educación, mismo que culminará en mayo de 2007 tras la realización de los foros temáticos y los congresos regionales preparatorios.

Por otra parte, en el ámbito de la educación superior se iniciarán, en la primera semana de mayo, una serie de foros para recoger opiniones y propuestas de especialistas acerca de la problemática de la educación superior del país y sus opciones de desarrollo. En particular, se tiene previsto el examen de los tres grandes temas que han sido manejados como posibles ejes transversales del programa sectorial: educación para el desarrollo, gobernabilidad y gestión democrática, y calidad con equidad.

Junto a los resultados que deriven de la consulta, la SEP dispone de al menos dos textos con evaluaciones y sugerencias que pueden ser integrados al programa. En primer lugar, el documento ANUIES “Consolidación y avance de la educación superior en México. Elementos de diagnóstico y propuestas”, entregado en noviembre de 2006 a Juan Carlos Romero Hicks, entonces coordinador del Eje Temático de Igualdad de Oportunidades del equipo de transición. En segundo lugar, el libro de Julio Rubio Oca, anterior subsecretario del ramo, “La política educativa y la educación superior en México. 1995-2006: un balance”, publicado a finales de 2006 por la SEP y el Fondo de Cultura Económica.

Se trata, en ambos casos, de diagnósticos muy completos sobre el sistema, con propuestas que mezclan la continuidad de algunos programas exitosos con la renovación de horizontes. Es de interés contrastarlos para observar su reflejo en el planteamiento de la política sexenal en fase de diseño. A eso, la semana que viene.