En 1997 se publicó el texto Exámenes de las políticas nacionales de educación, México educación superior bajo el sello OCDE. El reporte, junto con una evaluación del sector de ciencia y tecnología, fue solicitado por el gobierno en el contexto del ingreso al organismo. En la entrega anterior nos referimos a la diferencia entre recomendaciones vinculantes —las emitidas por órganos de la OCDE con el consenso de los países—‚ y recomendaciones de expertos, contenidas en ejercicios de evaluación que, sin tener tal carácter obligatorio, se han reflejado en decisiones gubernamentales y enfoques de políticas públicas. Ese es el caso de las recomendaciones de 1997. A partir de un diagnóstico general, los expertos de OCDE plantearon cinco temas en que apreciaban “reformas manifiestamente necesarias”: flexibilidad, pertinencia, calidad, personal académico y recursos financieros. Formularon al respecto más de cincuenta recomendaciones. Vale la pena recordar las que entonces fueron objeto de amplio debate, pero que al cabo influirían en el reordenamiento del sistema.

Para mejorar equidad, calidad y eficiencia se proponía: aumentar la parte de las formaciones profesionales y tecnológicas del nivel medio superior hasta alcanzar la tercera parte de la matrícula total; prever un aumento de la matrícula de nivel superior, a reserva de controlarla mediante pruebas de calidad de ingreso y salida; desarrollar los institutos y las universidades tecnológicas; implantar para todos los candidatos a la educación superior procedimientos de admisión selectiva; controlar el flujo de ingreso en las diversas ramas en función de la calidad de los candidatos y de la apreciación de las salidas profesionales, y ampliar el sistema de becas de estudio. Para incrementar pertinencia las propuestas eran hacer participar a los representantes de los actores económicos y sociales en las diversas instancias de las instituciones, y estimular a las instituciones a efectuar trabajos para las empresas. En materia de cambio estructural se recomendaba preparar una reforma de las escuelas normales que las acerque a las universidades; desarrollar considerablemente el nivel de técnico superior, y establecer en la SEP una subsecretaría de educación media superior.

Hay también recomendaciones generales de evaluación y otras enfocadas a la gestión del plantel académico. Se señala la necesidad de elaborar referencias nacionales para los conocimientos y competencias de cada rama y evaluar con base en ellas; respaldar permanentemente los esfuerzos del Ceneval, así como mantener la política de evaluación de las IES haciendo participar en ella a los representantes de los medios económicos. Y se recomienda reservar las contrataciones de nuevas plazas de educación superior a personas con doctorado, y ampliar la aplicación del sistema de estímulos salariales evitando un deslizamiento hacia atribuciones por antigüedad. Para el financiamiento se incluyen propuestas de descentralización, racionalización estratégica del subsidio e impulso a la competitividad entre instituciones. También se recomienda “encarar un aumento de la contribución de los estudiantes al costo de sus estudios.”

Tarde o temprano, con matices y en distinta medida, todas las recomendaciones citadas se aplicaron. ¿Cuál fue su proceso de implementación? Primer paso, las autoridades federales asumieron tareas de cambio en institutos y universidades tecnológicas, y en las escuelas normales. Segundo, se establecieron programas y fondos para estimular transformaciones en la dirección indicada. Tercero, a través de la ANUIES se realizaron ejercicios anuales de evaluación y seguimiento en el ámbito universitario. Cuarto, se rindieron a la OCDE informes sobre el curso de las reformas. Asimismo, varias universidades iniciaron cambios con el nuevo enfoque, algunas con resultados desastrosos, como la UNAM, que durante la gestión del rector Francisco Barnés impulsó la reforma del “pase reglamentado” y el aumento de colegiaturas. El desenlace es conocido.

Así se desarrolló la historia. Sin embargo, no debe quedar la impresión de que el gobierno simplemente tomó el catálogo de recomendaciones y procedió a su ejecución. En la práctica, la opinión de los expertos sirvió tanto para respaldar desarrollos en curso, como para sustentar cambios en las políticas. No es trivial recordar que la visita de expertos fue precedida por un diagnóstico coordinado por SEP, y que la evaluación de OCDE exploró tanto la perspectiva de autoridades como el punto de vista de instituciones y especialistas.

En 1999 la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) emitió el documento Seguimiento de las reseñas de políticas educativas nacionales: la educación superior en México, con que cumplía el compromiso de “presentar un informe de seguimiento sobre la utilidad y efecto de las recomendaciones hechas dos años después de haberlas recibido”. El balance tiene el tono general de “estamos cumpliendo”. Se realzan, por ejemplo, los primeros logros del Promep, considerado “pivote de las nuevas políticas federales para promover la calidad (...) e inducir a todas las universidades públicas a adoptar las normas internacionales sobre la preparación del personal académico”.

Asimismo, se refiere al FOMES como instrumento para “evaluar los proyectos de investigación institucional y supervisar la aplicación de los recursos en cada institución”. El documento pondera con entusiasmo el crecimiento de las universidades tecnológicas. Cabe recordar que e subsecretario cerró su gestión absolutamente convencido de que su impulso era la alternativa para desarrollar la educación superior del país. Véase: D. Reséndiz, Futuros de la educación superior en México, Siglo XXI, 2000.

Con este importante antecedente revisaremos, la próxima semana, las nuevas recomendaciones de OCDE sobre la educación superior en México.