El pasado 28 de junio se clausuró el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Ese día se programó la votación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre las observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005. Si la oposición hubiera hecho pasar el dictamen con votación de dos terceras partes del quórum, ahí habría parado el asunto, y las universidades públicas de los estados, beneficiadas con más de cuatro mil millones de pesos adicionales, los hubieran podido ejercer entre julio y diciembre del año en curso. Sin embargo, la incertidumbre de alcanzar la cuota de sufragios requerida disuadió a la oposición del procedimiento. Mediante acuerdo dividido, la Junta de Coordinación Política resolvió postergar hasta el periodo ordinario de agosto-diciembre la eventual solución al problema.
La opción de superar el veto por votación dejó su lugar a la búsqueda de una salida política. A principios de septiembre, el PRI se acercó a la Secretaría de Hacienda para proponer una negociación entre el Ejecutivo y las fracciones para encauzar la asignación de los fondos suspendidos, ya que la sentencia de la Corte no impedía ese camino. El 13 de septiembre, el diputado Emilio Chuayffet, coordinador de la bancada priísta, informó que el acuerdo con Hacienda consistía en aprobar una iniciativa del Ejecutivo que destrabara la parte del presupuesto suspendida. Según Chuayffet, por esa vía podía superarse la controversia antes de terminar septiembre (Universal, 14 de septiembre).
El mismo día ocurrió la comparecencia del secretario Francisco Gil Díaz ante la Comisión de Hacienda del Congreso, en el contexto de la glosa al V Informe. Sobre la controversia el secretario comentó: "no están congelados todos los recursos, y no se habrá aplicado (el veto) cuando haya terminado el ejercicio presupuestario (...) porque habrá habido más recursos de los que originalmente se consideró que existían y por ese motivo muchos de los programas y de los objetivos que planteó el Legislativo se habrán podido atender y en eso estamos trabajando intensamente con muchos de ustedes" (versión estenográfica de la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 13 de septiembre).
La aclaración de Gil Díaz coincidía con el anuncio del diputado Chuayffet en el sentido de una negociación en curso. Sin embargo, al día siguiente el diputado Gustavo Madero Muñoz (PAN), presidente de la Comisión de Hacienda, declaró que "esa propuesta todavía no la tenemos analizada, es pura información periodística hasta el momento" (Criterios, 15 de septiembre). Terminó septiembre y no pasó nada. Peor, el 1ro. de octubre, Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador económico de la fracción PRD, denunció que el PRI y el PAN orquestaban una "oscura salida" a la controversia, sin consulta a las demás fracciones (La Jornada, 2 de octubre).
El 4 de octubre, el enrarecido ambiente se disipó por una resolución del Pleno que instruye a la Comisión de Presupuesto a formalizar un mecanismo de interacción con el Ejecutivo. El acuerdo establece un Grupo Plural con la encomienda de negociar "ante el Poder Ejecutivo Federal para que se liberen los recursos que faltan por ejercer y, en su caso, las partidas presupuestarias suspendidas materia de la controversia" (Gaceta Parlamentaria, 4 de octubre). Se fijó el 10 de octubre como límite para concluir la negociación.
El 5 de octubre se desahogó la primera sesión. A su término, el coordinador del grupo, Heladio Aguirre Rivero, diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, informó que Hacienda "se comprometió a entregar este jueves un calendario con precisiones de la forma y fechas en que se liberarán los recursos vetados" (Notimex, 5 de octubre). De la reunión trascendió que los fondos a liberar son: ampliación de la red de agua potable, cinco mil millones de pesos; construcción de carreteras, 25 mil millones de pesos; apoyos a las universidades, 6 mil millones de pesos; y ciencia y tecnología, mil millones de pesos (El Informador, 6 de octubre). A su vez, Carlos Hurtado, subsecretario de Egresos de la SHCP, presente en la mesa de negociaciones, informó que "parte de los recursos se ejercerán este mismo año y otros se trasladarán al ejercicio 2006" (Notimex, 6 de octubre). Es probable que al publicarse esta columna ya se haya resuelto el acuerdo, o faltará poco para ello.
Resta, sin embargo, comentar el proceso de negociación para liberar los recursos de las universidades. En efecto, las universidades públicas, representadas por ANUIES, iniciaron desde agosto conversaciones con SEP y la Cámara de Diputados para explorar un mecanismo que les permita, en caso que los recursos suspendidos queden abiertos, ejercerlos en este y el año próximo, evitando con ello "compras de pánico" o subejercicios.
Todo indica que para los legisladores, para la SEP e incluso para Hacienda la solución es factible, aunque están pendientes definiciones sobre calendario de ejecución, proyectos a incluir, y forma de supervisión. Según el PEF 2005, las universidades están autorizadas para determinar prioridades en la aplicación de los recursos. Deben rendir cuentas a la Comisión de Educación Pública de la Cámara y se anticipa una forma de supervisión coordinada por SEP y ANUIES. Pero según normas vigentes, corresponde a la SEP; a través de la Subsecretaría de Educación Superior, organizar el ejercicio presupuestal y a Hacienda fiscalizar su administración. Recuerde el lector que precisamente la invasión de competencias se estableció como el "fondo" de la controversia, sobre lo cual, sin embargo, no se pronunció la Suprema Corte. ¿Qué criterio se seguirá entonces? Quien sabe.
Como el diablo está en los detalles, no extrañaría que, en medio de la negociación, el Ejecutivo recobre comando sobre la distribución y supervisión del gasto. Ya veremos. En tanto, continúa pendiente la pregunta central: ¿qué tanto afectará el descongelamiento de las partidas PEF 2005 a la negociación del PEF 2006?
