Este año se cumplieron diez de uno de los sucesos de mayor trascendencia en la vida política contemporánea del país: las elecciones legislativas de 1997. Ese año cambió por vez primera la composición de la Cámara de Diputados, hasta entonces dominada por el PRI. De los quinientos puestos disponibles, el PRI obtuvo 239 y los partidos de oposición (PAN, PRD, PVEM y PT) los 261 restantes.

La pérdida de la mayoría parlamentaria del partido hegemónico, además de abrir la puerta a la llamada “transición democrática” de México, implicó modificaciones inmediatas y muy relevantes en el proceso legislativo como tal, dando lugar a un nuevo escenario de negociación entre las fuerzas políticas del país que se habría de profundizar en los años subsecuentes. En ese marco, el mismo año 1997 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal, estableciéndose la figura de “aportaciones” para financiar más ordenadamente la descentralización de los servicios públicos basada, hasta ese momento, en convenios específicos y fondos fiscales extraordinarios.

Para la dotación de las aportaciones se estableció el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la federación, el cual concentra los fondos de apoyo a la descentralización de los servicios de salud, educación básica y normal (formación de maestros), infraestructura social estatal y municipal, fortalecimiento municipal, y atención a rezagos en educación básica y superior. En 1998 se añadieron los fondos de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos y las aportaciones para seguridad pública.

El nuevo esquema fiscal, tanto como la recomposición de los balances políticos en la federación y los estados, repercutió con fuerza en el ámbito de la educación superior pública. Por un lado, profundizó la incidencia de las políticas federales asociadas a incentivos de tipo económico en programas y fondos competitivos. Por otro, abrió margen a la reasignación de fondos a través de la revisión del Presupuesto de Egresos de la federación en la Cámara de Diputados.

A partir de entonces y hasta la fecha, cada una de las iniciativas presupuestales enviadas por Hacienda al Congreso ha sido corregida al alza por los diputados federales en múltiples rubros, pero invariablemente en el terreno de la educación superior. Este fenómeno, que prácticamente ha sentado tradición en el ciclo del financiamiento de las instituciones públicas de este nivel de estudios, no se comprende al margen de una intensa interacción entre las autoridades universitarias y los legisladores: el cabildeo de los rectores y sus representantes para incrementar el gasto público federal en el sector.

De eso trata el nuevo libro de Javier Mendoza Rojas, connotado investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, asesor de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y protagonista en primera persona de las negociaciones referidas. El libro se titula Cabildeo legislativo para el presupuesto federal de educación superior. Papel de la ANUIES y resultados en el periodo 2001-2007, y acaba de salir de las prensas de la asociación universitaria.

¿Qué ocurre tras bambalinas en la negociación del gasto público de educación superior del país?, ¿quiénes han sido los principales actores y protagonistas en la negociación?, ¿cómo ha influido la correlación de fuerzas políticas en distintos momentos?, ¿quiénes han resultado los ganadores al final del día?, ¿cuáles han sido los temas en disputa?, ¿qué rubros del presupuesto han merecido atención y cuáles han sido postergados? Son preguntas que se plantea la investigación de Mendoza Rojas y que resuelve con solvencia al combinar un análisis meticuloso de las cifras de gasto público en cada uno de los años del periodo, con una exhaustiva revisión del cuerpo documental de la Cámara y de la prensa del momento. En su carácter de testigo y actor del proceso de cabildeo, la visión del autor es privilegiada para dar cuenta de los pormenores, curso y cierre de las negociaciones.

En especial interesa al autor dar cuenta del papel de la ANUIES en el proceso de cabildeo. En su apreciación, la asociación “se ha constituido en un grupo que ha incidido favorablemente en la Cámara de Diputados para obtener un mejor presupuesto para la educación superior” (pág. 156), además de que “el frente presentado por la ANUIES, que fortaleció las negociaciones individuales realizadas por los rectores de las universidades, favoreció el reconocimiento por parte de los diputados del papel estratégico que cumplen las instituciones públicas de educación superior para el desarrollo del país y por ende la necesidad de contar con un financiamiento suficiente” (pág. 157).

No obstante el reconocimiento a la ANUIES al lograr un cabildeo exitoso en la negociación del presupuesto, Mendoza deja entrever los límites de esta acción política y sus insuficiencias como método para fortalecer a las instituciones públicas de educación superior del país. Se requiere otra cosa: el acuerdo en torno a una política de Estado que asegure una base financiera suficiente y previsible para las instituciones, que abra horizonte a la planeación de largo plazo y que sustituya el cabildeo anual por la certeza financiera. Una política de Estado y una visión de largo plazo son las recomendaciones del autor al final de la obra.

Sugiero al lector que no se pierda este libro por ningún motivo. Se va a agotar rápido al ser una innovación en su género, porque está muy bien escrito y porque, pese a lo árido del tema, es una lectura en verdad apasionante si se quieren entender los años recientes de la educación superior pública del país.