El 5 de diciembre de 2007 ocurrió una explosión en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNCR), en la ciudad del mismo nombre de la provincia de Córdoba, Argentina. Según los primeros reportes, el evento se produjo “cuando se efectuaba un ensayo con solventes” y a causa del incendio de una docena de tambores con hexano —más de dos mil litros del hidrocarburo— almacenados en la instalación (Diario Época, Córdoba, 6/12/07).

Al momento del siniestro, hacia las diez de la mañana, estaban en la planta una treintena de personas, entre investigadores, ayudantes y estudiantes. La mayoría resultaron con quemaduras de diferente intensidad. Los seis más afectados fueron trasladados al Instituto del Quemado en el Hospital de Córdoba, donde murieron los días y semanas siguientes: el estudiante Juan Politano, de 22 años, primera víctima fatal del incendio, los investigadores Carlos Ravera, Damián Cardarelli, Lilian Giacomelli y Gladys Baralla. Por último, el profesor Miguel Mattea, director de la planta, quien falleció el 26 de diciembre.

Javier Olmos, jefe de Bomberos de Río Cuarto, adjudicó la explosión a deficiencias en el sistema de protección: “Hay que preguntarse por qué estaban los tambores allí; hubo una falla en la seguridad”, declaró (La República, Corrientes, 6/12/07). El desenlace de víctimas fatales, la relevancia de la noticia en medios de difusión argentinos, así como la movilización de estudiantes, profesores y trabajadores, primero en la UNRC y muy pronto en otras universidades, llevó el caso a las instancias judiciales de rango federal.

Sobre los avances de la averiguación, El Clarín reportó a finales de diciembre: “Por estas horas se espera con ansiedad el informe que confeccionará la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación donde se explicará en detalle los motivos por los que se produjeron los estallidos (…) La carátula legal de la investigación es de estrago doloso, pero hasta el momento no hay ningún imputado” (El Clarín, 28/12/08).

Entre los elementos ventilados a propósito de la tragedia está el de la relación de la universidad con empresas para el patrocinio de proyectos de base industrial, como fue el caso de los experimentos que causaron la explosión. Aunque en un primer momento las autoridades universitarias guardaron reserva al respecto, pronto se supo que dichos experimentos formaban parte de un proyecto de investigación-vinculación entre la empresa De Smet-SAIC y la Facultad de Ingeniería.

Según nota del diario La Gaceta, el presidente de la filial argentina, Carlos Juni, declaró: “Nuestra empresa se dedica a la construcción de plantas de extracción de aceites y la Universidad de Río Cuarto es la institución académica más importante, holgadamente, con reconocimiento internacional en materia de oleaginosas”. Juni aclaró que la empresa y la Fundación de la Universidad no tenían “ningún acuerdo” firmado, a pesar de que existían varios borradores, por lo cual “se empezó a trabajar como muchas veces sucede en estos casos en que los procedimientos internos son más burocráticos y no acompañan los tiempos de los investigadores” (La Gaceta, Tucumán, 10/12/07).

Conviene hacer notar que la corporación De Smet-Ballestra, de capital belga, es una transnacional global de petroquímica y derivados, y no obstante contar con un área propia de investigación y desarrollo, mantiene convenios de vinculación con múltiples universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación en varios países. En la actualidad, De Smet-Ballestra, al igual que sus competidores, tiene interés en el desarrollo de combustibles biológicos. Uno de los procesos conocidos, por cierto no el único, para producir biodiésel emplea hexano, por lo cual son requeridas medidas de alta seguridad industrial, no sólo la precaución normal en talleres y laboratorios universitarios.

Uno de los debates abiertos por el suceso alude a la clase de proyectos que las universidades deben establecer con la empresa productiva, así como a la importancia de transparentar las posibles implicaciones y riesgos de éstos. Hasta la fecha, y como parte del “control de daños” de la tragedia, no sólo la empresa implicada, sino también las autoridades universitarias, han buscado lavarse las manos. Así, por ejemplo, el ingeniero Óscar Spada, rector de la UNRC, al ser cuestionado en la última reunión del Consejo Superior de esa universidad sobre el número y contenido de los convenios de vinculación con empresas se limitó a responder: “La información de la universidad la puedo dar pero la respuesta de la Fundación Universidad de Río Cuarto no está asegurada porque es una entidad autónoma, que posee su propia personería jurídica” (La Arena de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 4/01/08).

Días después de la tragedia, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que agrupa a los rectores de universidades públicas y privadas argentinas, convino con la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) la integración de una comisión de seguridad. Es irónico que la FEDUN había solicitado lo mismo en septiembre de 2007, pero el entonces presidente del CIN, el mismo ingeniero Spada rector de la UNRC, desestimó la solicitud (Diario de los Andes, Mendoza, Argentina, 14/12/07).

Las lecciones de Río Cuarto son múltiples y evidentes. Sin embargo, vale la pena preguntar si, en nuestro propio contexto, existen mecanismos de prevención y seguridad en las instalaciones universitarias y tecnológicas donde se realizan proyectos con riesgos industriales, o más concretamente, ¿estamos preparados o habrá que esperar un accidente para discutir este tema?