En diferentes ámbitos de la escena política y educativa del país se está abriendo paso la idea de establecer como obligatorio el nivel medio superior de enseñanza (EMS). Las diversas iniciativas sobre la mesa coinciden en señalar que la medida contribuiría a elevar el perfil de escolaridad de los mexicanos, ampliar y hacer más equitativo el derecho a la educación, mejorar la cantidad y calidad de los conocimientos que se transmiten, y ofrecer mejores condiciones para el empleo de los jóvenes en el futuro próximo. Además se piensa que la obligatoriedad incentivaría un conjunto de reformas académicas para enfrentar las deficiencias de acceso, calidad y eficiencia que prevalecen.

Antes de comentar algunas de las propuestas más recientes, vale la pena recordar que en al menos una entidad federativa la educación media superior tiene ese carácter obligatorio. Es el caso de Jalisco, donde la Ley de Educación del Estado, aprobada en agosto de 1997, estableció que “la educación primaria, secundaria y media superior tienen carácter obligatorio y gratuito” y que “el gobierno del estado está obligado a prestar y promover servicios educativos con el fin de que la población pueda cursar la educación media superior, entre otras” (art. 3).

En varios estados se está explorando esta posibilidad. En Nuevo León, por ejemplo, en mayo de 2007, al concluir la “Consulta Ciudadana para Reformar la Ley Estatal de Educación”, el secretario del ramo, Reyes Tamez Guerra, informó: “Propusimos que el nivel de educación media superior, a nivel de bachillerato, sea obligatoria en todas sus opciones donde también tendríamos que preparar las condiciones para enfrentar este reto” (El Porvenir, Monterrey, nota de Trinidad Moreno González, 19/05/ 07).

En Michoacán, Coahuila, Sonora, Distrito Federal y en otras entidades se han presentado iniciativas legislativas en el mismo sentido, principalmente por las fracciones del PRI, Nueva Alianza, el PRD y el PT. En el ámbito federal, la diputada Irma Figueroa Romero, del PRD, presentó desde noviembre de 2004 una iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución, así como a varias disposiciones de la Ley General de Educación, para garantizar la obligatoriedad y gratuidad del nivel (Gaceta Parlamentaria, núm. 1637, 30/11/ 04). La iniciativa fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales y está pendiente de dictamen.

En agosto del año pasado, el presidente de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), “indicó, durante una reunión de trabajo con el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Miguel Székely Pardo, que hay consenso para que en los próximos días se dictaminen varias iniciativas que abordan la propuesta (la obligatoriedad de la EMS). Agregó que, aunado a ello, la comisión trabaja para lograr los consensos necesarios para que el dictamen que se acuerde se apruebe sin mayores dificultades por todos los grupos parlamentarios” (Cámara de Diputados, Comunicación Social, boletín 1548, 22/08/ 07).

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Garantías Sociales de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), establecida en abril de 2007, para legislar sobre la Ley para la Reforma del Estado, ha convenido en impulsar, en el marco de la revisión de las garantías constitucionales, la obligatoriedad de la EMS. Es una propuesta que cuenta, al momento, con el aval del PRD, el PRI, el PT y el Panal y aunque subsisten algunas diferencias de matiz, no sería difícil conciliarlas en una iniciativa compartida. Si la CENCA consigue concordar sus propuestas hacia abril de este año, es decir, conforme al calendario previsto, la referida obligatoriedad encontraría un cauce claramente definido.

No debe olvidarse, por último, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es otro agente político interesado en impulsar la propuesta. Entre los acuerdos del IV Congreso Nacional de Educación, organizado por el gremio de los maestros en mayo de 2007, se incluye la siguiente recomendación: “Se propone una transformación en la estructura del sistema de calificación de los niveles educativos del país, con una estructura de formación obligatoria de 15 años, cuya currícula sea avalada por una norma oficial mexicana de calidad educativa” (SNTE, Un nuevo modelo educativo para el siglo XXI).

Parece entonces que la mayoría de los partidos políticos está de acuerdo con la medida, con la significativa excepción del PAN, pues incluso el PVEM considera que la EMS podría ser obligatoria a “mediano plazo” (Javier Estrada, vicecoordinador del Verde Ecologista, Boletín del PVEM, 24/08/ 07). También el SNTE parece coincidir al respecto, aunque todavía habría que conocer bajo qué condiciones. Pero, ¿está de acuerdo con ello el Ejecutivo federal? Es probable que no, o no todavía. Ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Programa Sectorial de Educación del sexenio hay indicios al respecto, ni siquiera una somera referencia.

Por lo tanto: ¿será la obligatoriedad de la educación media superior un tema de controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo? o, ¿será posible encontrar coincidencias entre los poderes de la Unión al respecto? Vale la pena seguir la pista a este tema porque este año se perfila como el del debate y la oportunidad de la medida. Desde luego queda pendiente el examen sobre la viabilidad y pertinencia de la media superior obligatoria. Volveremos a ello próximamente.